Una investigación judicial y policial busca determinar las conexiones entre presos y agentes penitenciarios para la venta de drogas dentro y fuera de la cárcel de Paraná. El sistema de pago se realizaba a través de transferencias bancarias, pago en efectivo por parte de terceros e incluso, por la plataforma Ualá.

En el marco de la causa, este martes se concretaron 14 allanamientos: uno en la Unidad Penal de Federal, dos en cárcel de Paraná, y en los barrios Jauretche, Paraná XX, Paraná XVI, Paraná XIV y uno en zona céntrica de la capital entrerriana. Tras el operativo, se produjeron nueve detenciones y se incautó material informático, teléfonos, dinero, estupefacientes, documentación varia, tarjetas de crédito y débito.

“Se investiga la comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná con el ingreso de estupefacientes y otros elementos prohibidos, conforme el reglamento, tanto por parte de familiares de los detenidos como, en el caso de la sospecha, de dos agentes penitenciarios”, confirmó a Elonce el fiscal Santiago Alfieri.

La investigación está a cargo de los fiscales Santiago Alfieri y Martín Wasinger, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, junto a la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos.

“La sospecha fue sobre la actividad de comercialización de estupefacientes dentro de la unidad penal y la cobranza, virtual y bancaria electrónica, tanto dentro como fuera de la cárcel, con cuentas habilitadas para tal efecto”, explicó el fiscal. Y aclaró: “Las transacciones sospechadas se dieron tanto por bancarización tradicional electrónica, como por las nuevas plataformas de billeteras virtuales: Ualá”.

De acuerdo a lo que refirió Alfieri, “los elementos secuestrados son fuentes de información que nos llevarán a acreditar, por ejemplo, que determinado teléfono era el que se empleaba dentro de la unidad penal”. “El contenido de las agendas de los teléfonos de las cuentas vinculadas y de las registraciones que puedan haber dentro de los dispositivos electrónicos son fundamentales para corroborar la sospecha de la investigación”, ratificó el fiscal.

“Los procedimientos son un paso más en las acreditaciones y a algunas ya las tenemos por los resúmenes bancarios, las identificaciones de los titulares y las actividades en concreto”, confirmó.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio que sería de la familia Siboldi, conocida en el ambiente policial, aunque no se conocieron mayores precisiones sobre la investigación, dado que la misma todavía está en curso.

Nueve detenidos

Alfieri comunicó que, tras los procedimientos, se produjo la detención de nueve personas en Paraná y en Concepción del Uruguay; y permanecen en la búsqueda de otras dos, uno de los cuales, es un funcionario del Servicio Penitenciario.

En tanto, las dos personas que ya estaban alojadas en unidades penales fueron trasladadas, por autorización de los Juzgados de Ejecución de Paraná y Concordia, a Alcaidía de Tribunales y a disposición de Fiscalía. Según lo confirmó el fiscal, “en el penal de Federal estaba una de las personas sospechadas que antes estuvo alojada en Paraná”.

“En la Unidad Penal Nº1 se produjo un allanamiento con dos objetivos: para el relevamiento de teléfonos secuestrados en una sala de depósitos y para la requisa de un pabellón específico y asegurar el traslado de uno de los internos”, explicó.

En relación a los detenidos, Alfieri anticipó que se evaluará, entre este martes y miércoles, a quiénes corresponde limitar su libertad personal y a quiénes no.

El pago de la droga era por medios electrónicos

“Hubo transacciones electrónicas bancarias, depósitos en las cuentas investigadas y entregas de dinero, conforme testigos de identidad reservada para la protección de esas personas y de quienes están internos en la Unidad Penal Nº1, los que tuvieron que entregar dinero en determinados lugares a ciertas personas, que luego fueron vinculadas con uno de los dos agentes penitenciarios y otros familiares de internos a los que fueron a pagar a los barrios donde este martes se produjeron los allanamientos”, reveló el fiscal al detallar cómo operaba la banda que nuclea a presos y agentes del Servicio Penitenciario.

“En base a la información bancaria que fundamentó la autorización del Juzgado de Garantías, a cargo de Juan Hipólito Carlín, para acceder a los procedimientos, sería una misma organización, lo que no implica que estas personas solo apliquen a esta organización porque, por ejemplo, un funcionario del Servicio Penitenciario está siendo investigado por un hecho autónomo respecto al hallazgo de droga en el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº1”, reveló el fiscal.

Cómo continúa la investigación

El fiscal anticipó que pedirán las autorizaciones correspondientes al Juzgado de Garantías para acceder al contenido de los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados, para su análisis. Asimismo, confirmó que “fueron relevados, en distintos lugares, anotaciones con resúmenes y referencias a las cuentas bancarias sospechadas”.

Cómo surgió la sospecha

“Por un lado, la investigación se inició con una presentación de la jueza de Ejecución de Penas de Penas, luego de los procedimientos realizados en julio del año pasado; y por la novedad que tuvimos este año en el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº1, donde tuvimos la primera conexión entre las dos situaciones, se profundizó a partir del seguimiento de las actividades, inicialmente, bancarias y de teléfonos vinculados, con las cuentas bancarias que nos brindaron las herramientas que habilitaron a que el juez Carlín diera la venia para proceder a los allanamientos y detenciones”, repasó el fiscal. (Elonce)