La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Las Rabonas y organizaciones de la provincia de Córdoba y de Paraná, llevaron adelante este sábado por la mañana un escrache al genocida Cosme Ignacio Marino Demonte, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la capital entrerriana.

En Las Rabonas, un pequeño pueblo de Córdoba, Cosme Demonte goza de la prisión domiciliaria desde agosto, dictada por el juez federal de Paraná Leandro Ríos, contra quien hubo fuertes críticas en las consignas de los organismos de derechos humanos que llevaron adelante el escrache.

De la actividad también participaron ciudadanos del Valle de Traslasierra; hubo una radio abierta desde las 10 en la Biblioteca de Las Rabonas para luego marchar hasta el domicilio donde "pretende pasar desapercibido este represor condenado a prisión perpetua", según denunciaron en la convocatoria. La vivienda está ubicada en una zona rural rodeada de las sierras cordobesas, "en medio de la nada".

Allí dieron lectura a un documento en el cual repudiaron las concesiones del Poder Judicial para con los genocidas, rechazaron la prisión domiciliaria y exigieron que Demonte vuelva a una cárcel común. Militantes de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná participaron de la actividad.

El mes pasado, pocas semanas después de concedido el arresto domiciliario, la Comuna de Las Rabonas declaró persona no grata al genocida paranaense, a petición de organizaciones de la zona.

Las razones del escrache

"Estamos aquí, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Las Rabonas, donde está escondido el genocida Cosme Ignacio Marino Demonte, expolicía federal, asesino de militantes populares, responsable de la desaparición de Pedro Miguel Sobko y Victorio Coco Erbetta", dice el documento. Demonte fue condenado a cadena perpetua por los delitos cometidos en la megacausa denominada Área Paraná I.

"Vinimos para contarle a toda la comunidad cordobesa que tiene de vecino a un criminal que contamina el paisaje y el aire, irradiando muerte con su presencia y su asquerosa impunidad. Para contarles que hasta aquí ha venido a vivir con ustedes un siniestro represor de la noche más oscura que ha tenido nuestro país. Un personaje nefasto con las manos manchadas de sangre y que encierra en su conciencia el lugar que esconde los cuerpos de nuestros seres queridos", enfatiza en el escrito.

Además detalla que Cosme Demonte intervino en la desaparición forzada de Victorio Coco Erbetta y Pedro Miguel Sobko, como parte del grupo de tareas de la Policía Federal de Paraná. A Sobko lo secuestró en su domicilio y lo asesinó con un disparo de arma de fuego cuando se escapó del baúl del auto en que lo llevaban secuestrado, en avenida Ramírez, el 2 de mayo de 1977.

En tanto, Erbetta fue secuestrado por el mismo grupo de tareas el 13 de agosto de 1976, en el edificio donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Luego fue trasladado y asesinado en el centro clandestino de detención del Escuadrón de Comunicaciones de Paraná y tras un simulacro de fuga, fue también desaparecido.

"Después de 7 años de prisión efectiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná, el juez Ríos le concedió la prisión domiciliaria a Demonte pese a la oposición de las víctimas. De este modo, Ríos oculta que el peligro de fuga del genocida es una posibilidad real y omite los distintos artilugios que el condenado utilizó tanto para dilatar la causa judicial como para amedrentar a las víctimas. Durante todos estos años, Demonte obstaculizó el avance de la Justicia con maniobras dilatorias, entorpeciendo el proceso judicial y perpetuando sus crímenes, mantuvo el pacto de silencio que todavía hoy nos impide conocer el destino de nuestros familiares desaparecidos", sostiene el documento.

"Por eso decimos que Cosme Demonte no está solo en su impunidad y silencio, lo acompaña el juez federal de Paraná, Leandro Ríos que le ha concedido este privilegio. Menos de 24 horas le llevó al juez disponer, entre gallos y media noche, el traslado del genocida desde el hospital Pascual Palma de Paraná hacia las Rabonas, con el argumento de que Demonte cumplió 70 años y padecería severos problemas de salud. Esta es la excusa del juez para otorgar el beneficio, ya que por lo que surge del informe médico del hospital San Martín, el genocida ya había sido dado de alta en la institución. No hay dudas de que el Juez buscaba encontrar el modo de beneficiar a Demonte y tampoco hay dudas de que la prisión domiciliaria implica un serio riesgo de fuga y de amedrentamiento para las víctimas y sus familiares. Y esto ha sido absolutamente negado por el juez Leandro Ríos, cómplice de la impunidad", agrega.

Según los organismos de Derechos Humanos, el hecho de haber cumplido 70 años no es requisito suficiente para que el represor goce de este beneficio. Además, los problemas de salud alegados pueden ser atendidos manteniendo el régimen de detención en la cárcel de Paraná. Por el contrario, en este pueblo de Córdoba donde ahora se ubica, apenas cuenta con un centro de salud, expresaron en el escrito.