Después del ataque a la prisión en Elenovka, en Donetsk, donde murieron 50 personas y quedaron 130 heridos, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de la autoría de hecho, ya que en ese lugar se encontraban prisioneros de guerra ucranianos, entre los que destacaban los militares que combatieron en Azov, defendiendo Mariúpol.

El ataque ha resultado tan mediático e impactante que las autoridades ucranianas anunciaron que solicitaron a la Cruz Roja y a la ONU que comprobaran el estado de sus soldados detenidos por las fuerzas rusas.

El funcionario ucraniano de derechos humanos Dmytro Lubinetsk dijo en la televisión nacional que solicitó la intervención de los organismos internacionales para que fueran a Elenovka. Hasta ahora se sabe que la Cruz Roja realizó una solicitud para ir al lugar afectado, pero aún no ha obtenido la autorización de los rusos, dijo Lubinetsk.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky señaló que el acuerdo de rendición de los combatientes de Azov, negociado por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, incluía garantías de seguridad, por lo que también pidió la intervención de estas dos entidades.

Como respuesta a la petición ucraniana, la Secretaría General de Naciones Unidas se ofreció para investigar el bombardeo. "Con respecto a la tragedia en la prisión de Elenovka, estamos listos para enviar un grupo de expertos capaces de realizar una investigación que requiera el consentimiento de las partes", ha declarado el portavoz adjunto, Farhan Haq, en un comunicado recogido por la agencia rusa TASS.

El portavoz ha puntualizado que Naciones Unidas, no obstante, solo enviará esta misión de investigación si recibe "el permiso de ambas partes", en relación a Kiev y Moscú.