El Superior Tribunal de Justicia (STJ), con la firma de los vocales Miguel Giorgio, German Carlomagno y la abstención de Susana Medina, confirmó el fallo del camarista Andrés Marfil que anuló la resolución provincial Nº 1.099/22 que habilitaba la caza menor en el territorio entrerriano de especies autóctonas.

Los magistrados tomaron en consideración la falta de estudios correspondientes sobre las especies autóctonas que permitía matar la medida establecida por la Dirección de Recursos Naturales. “Este fallo marca un hito y no tiene antecedentes en la historia de la conservación”, valoró en diálogo uno de los litigantes por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Gabriel Bonomi.

En una sentencia dictada este 22 de julio, el STJ confirmó la acción de amparo ambiental contra el Superior Gobierno de Entre Ríos en la que se demandaba la declaración de nulidad de la Resolución Nº 1.099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción por la cual habilitaba hasta el 15 de agosto la caza menor en determinadas zonas de la provincia. La normativa permitía ultimar especies autóctonas tales como el Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa). 

Es por esto que ante un reclamo interpuesto por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal ONG, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM), el pasado 7 de julio el vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil hizo lugar al reclamo, derogando la controvertida resolución Nº 1.099 anulando así el permiso para “la caza para el presente año”.

De este modo, la integración especial por la Feria judicial de los vocales Miguel Ángel Giorgio, German Reynaldo Francisco Carlomagno, Susana Medina se expidió este viernes frente a la apelación al fallo de Marfil planteados por la Fiscalía de Estado y el presidente de la comuna de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Ante las objeciones, los vocales del STJ confirmaron la orden de anular la resolución 1.099. 

El dictamen del STJ fue argumentado por Giorgio adhirió Carlomagno, y Medina no se expidió dejando constancia que ya existía mayoría, se indica en el texto.

Sopesando los argumentos, Giorgio refirió a que “el sentenciante afirmó que no se realizaron los estudios correspondientes y los que fueron presentados, además de insuficientes son viejos y no sirven de fundamentos actuales dado lo cambiante del medio ambiente”, por lo que le permite “llegar a la conclusión que la resolución (1.099) resulta arbitraria y violatoria de la normativa provincial, nacional e internacional”.

Por otra parte, rechazaron las observaciones de quienes apelaron, al señalar el “cambio de paradigma que el derecho ambiental supone” en búsqueda de “prevenir el daño al medio ambiente”. Ratificando que “la urgencia y los derechos en juego justifican la vía escogida”.

Histórico

“Muy contentos y emocionados por este fallo. Este fallo marca un hito, es histórico y no tiene antecedentes en la historia de la conservación en Entre Ríos y probablemente no lo tenga a nivel nacional. Por eso es la alegría, porque es un gran avance y va a tener implicancias, porque ahora este fallo quedó firme con esta decisión del STJ, y porque esto sienta precedentes para futuros conflictos”, valoró una vez conocida la noticia Gabriel Bonomi.

El integrante de Ceydas dijo que sobre el fallo se destaca “que hay un cambio de paradigma muy grande en la sociedad en donde rechaza y repudia este tipo de prácticas tan crueles, violentas, anacrónicas e irresponsable como la caza. El repudio fue masivo, no fue ocurrencia de un juez o de los ambientalistas, fue toda una sociedad que se pronunció en contra de esta irresponsable resolución de la Dirección de Recursos Naturales. Creo realmente que se hizo justicia”, afirmó el ambientalista.

Bonomi agregó que “lo bueno también de este proceso judicial es que desnudó muchas irregularidades que se comenten por un lado desde los cotos de caza, que son los grandes beneficiarios de estas irregularidades, el sistema de privilegios que le otorga la Provincia a estos cotos de caza. Esto dicho por el propio funcionario que habilitaba los cotos. Y por otro la poca seriedad y poco profesionalismo con el que el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, específicamente el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Social a cargo de Juan José Bahillo, toman las cuestiones ambientales en la provincia de Entre Ríos”.

Por último, y de aquí en adelante, Bonomi planteó que “luego de este gran paso, gran logro, lo que hay que hacer es generar instancias de diálogo, de debate y de construcción participativa en los cuales se decidan acciones sobre estas temáticas, si seguir o no con esto, aunque está claro que la sociedad rechaza la caza de especies autóctonas. Hay muchos intereses económicos de los cotos de caza que generan la presión al Gobierno para que se habilite año a año esta matanza cruel de animales autóctonos, pero creo que esto y cambió, es rotundo, y el gobierno debe atender estos cambios, no puede darle la espalda al pueblo que representa. No puede esquivar el debate como hizo hasta ahora, y esto es lo que hay que apuntar de aquí en adelante. El cambio se da desde los hechos y la Justicia se fortalece desde el mandato social de los ciudadanos. Para tener una sociedad más justa los gobiernos de turno deben atender los reclamos de los ciudadanos”, afirmó.