Personal de la División de Trata de Personas de la PFA este miércoles allanó un domicilio sobre la calle 72, en la periferia de la ciudad de La Plata. Los efectivos tenían un dato certero: allí se encontraba Carlos Omar Rodríguez, más conocido como “El Cabezón”.

Rodríguez era buscado por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa por el crimen de Johana Ramallo, la joven de 23 años que desapareció a fines de julio de 2017 y cuyo cadáver mutilado fue hallado en las costas de Berisso en agosto de 2018. Rodríguez no está sospechado de ser el autor material del crimen, al menos no hasta ahora, sino su proxeneta y su explotador en la zona roja de La Plata.

Rodríguez vivía otra vida: se alojaba en una pensión y manejaba un taxi alquilado. El hombre, según la investigación en su contra, le brindaba droga y la ofrecía a clientes en su perfil personal de Facebook junto a, por lo menos, otras dos mujeres. Por esto, Ramos Padilla le imputa los delitos de explotación sexual, facilitación de la prostitución y por el comercio y suministro de drogas.

De acuerdo a la investigación judicial, “El Cabezón” estaba a cargo de la “zona roja” en el barrio El Mondongo, en La Plata, donde Johana trabajaba al momento de su femicidio. Estuvo allí desde junio de 2016 hasta julio de 2017.

Rodríguez, básicamente, era un proxeneta que vendía cocaína a clientes a través de las trabajadoras sexuales que él mismo decía “cuidar”, entre ellas a Ramallo. Era el contacto con las trabajadoras, el que les daba la droga y el que decía “protegerlas”.

Incluso, “El Cabezón” promocionaba a Johana en su propio perfil de Facebook para prostituirla. Subía fotos de ella y la ofertaba en la red social. Para la Justicia, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de Johana y de las demás chicas. Por eso, para él, la cocaína no servía solo para hacer dinero: la utilizaba con las trabajadoras sexuales para generarles dependencia y así poder controlarlas.

De acuerdo a la investigación judicial, Rodríguez mantenía un “fuerte vínculo” con Johana. Los detectives del caso hablan de un trato especial que es el que los hace teorizar sobre qué pasó la noche del 26 de julio de 2017, cuando Ramallo desapareció.

Al brindarles “protección”, el sospechoso sabía todo lo que pasaba allí. Así, ejercía cierto dominio sobre las trabajadoras sexuales y, puntualmente, de Johana. Tenía conocimientos de todas las “paradas” dentro de la “zona roja”. Sabía sobre los hoteles a donde iban, los lugares donde estaban la mayoría de los clientes, quienes poseían serios problemas de adicción y los horarios que manejaban.

Debido a su rol, Rodríguez había construido un “estrecho vínculo con la Policía de la zona, lo que le garantizaba impunidad en todo su accionar”, detalló un investigador judicial del caso. De este modo, el escenario donde Rodríguez se movía como uno de los actores principales, era de una bajeza total.

Luego de recabar información, testimonios y pruebas contra el sospechoso, el juez Ramos Padilla pidió a personal de Trata de Personas de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- que lo siguiera. “El Cabezón” tras el macabro crimen desapareció de la zona que solía frecuentar. Bajó el perfil y se mudó a una pensión en la periferia platense, en la calle 81.

También había cambiado de trabajo. Ahora, Rodríguez alquilaba un taxi para trabajar. Luego de seguirle el rastro, los efectivos vieron que visitaba la casa de un familiar cerca de la pensión donde dormía. Así se ordenaron los allanamientos y “El Cabezón” fue detenido este miércoles por la tarde.

Finalmente, fue enviado a un calabozo. Pocas horas después, el juez Ramos Padilla lo llamó a declarar y el hombre se negó a ser indagado. En la mañana de este jueves, la defensa de Rodríguez solicitó su excarcelación y el magistrado se la denegó. Ahora, el hombre aguarda los próximos pasos judiciales dentro de una celda.

El cafisho convertido en taxista tal vez sabe quién mató a Johanna y por qué, quién desmembró su cadáver. Y si lo sabe, lo calla.