La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha exigido hoy el fin del uso de las violaciones y otros delitos sexuales en la guerra de Ucrania, a los que califica de “táctica de guerra”, y ha pedido a Rusia el fin de las hostilidades.

“Estoy consternada por los continuos informes de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluyendo violaciones torturas, tráfico y explotación sexual, que se producen en Ucrania y otras zonas en conflictos”, señaló en un comunicado Helga Maria Schmid, secretaria general de la OSCE.

En la nota, emitida con motivo de la celebración hoy del Día internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, Schmid denunció que ese tipo de crímenes tienen también a niños y hombres como víctimas.

“Esta violencia es completamente aceptable y debe terminar”, exigió la diplomática alemana.

La responsable de la OSCE pidió a Rusia un “cese inmediato de las hostilidades” y reclamó una investigación independiente de las denuncias de violencia sexual.

“La violencia sexual es una amenaza real para la seguridad. Afecta a las víctimas, a sus familias y a sus sociedades. Tiene un impacto profundo y duradero, incluso en la capacidad de las comunidades para recuperarse cuando los combates han cesado”, denunció.

Schmid reclamó más apoyo internacional a las víctimas de violencia sexual y colaboración con la sociedad civil para asegurar una respuesta humanitaria específica para las mujeres.

La OSCE es un organismo internacional con 57 países miembros, de América del Norte, Europa y Asia Central, con sede en Viena.

Registro del horror

Ucrania activó un sitio web para denunciar los crímenes de guerra cometidos por soldados rusos desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. “Este sitio contiene informaciones detalladas y verificadas sobre criminales de guerra rusos. Ucrania hará todo lo posible para hallar y castigar a todos”, informó Andriy Yermak, jefe del staff del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un anuncio en Telegram.

Según la descripción del sitio, “el proyecto recoge las pruebas de crímenes de guerra en Ucrania y de aquellos que los han cometido. Las indagaciones apenas comenzaron y proseguirán hasta el hallazgo del último verdugo. Todos aquellos que están involucrados en crímenes contra el pueblo ucraniano estarán aquí presentes”. La página también permite denunciar nuevos crímenes de guerra.

El sitio incluye fotos de los rusos acusados de crímenes, acompañadas de datos como documentos de identidad, el nivel de educación y la fecha y lugar de nacimiento. Se trata de una herramienta que recuerda al Most-wanted Iraqis, el mazo de naipes de póker que idearon los militares estadounidenses para ayudar a las tropas a identificar a los jerarcas del régimen de Saddam Hussein durante la invasión a Irak en 2003.

El general ruso Alexander Dvornikov se encuentra entre los destacados en este “Libro de los verdugos del pueblo ucraniano” por las acciones “contra la población civil en Mariúpol”.

Según la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, se han identificado más de 15.000 presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde el 24 de febrero. “Si hablamos de pruebas, hablamos de 15.000 casos en los que cada caso específico tendrá evidencias específicas. Si hablamos del asesinato de civiles, tenemos testigos, balas, armas. También hablamos de violaciones: los militares rusos han cometido crímenes sexuales en territorio ucraniano, han violado a mujeres, niños, hombres, ancianas”, resumió.

También enumeró los presuntos saqueos y torturas, crímenes de los que también tiene material incriminatorio “enorme, masivo”, así como una veintena de casos sobre traslado forzoso, incluido de niños, “lo que en el código penal ucraniano es parte de la calificación de crimen de genocidio”.

Los crímenes de guerra y lesa humanidad que se puedan estar perpetrando en Ucrania están siendo investigados por diferentes organismos y países europeos, incluido un equipo conjunto de investigación coordinado desde La Haya por la agencia europea Eurojust y con participación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.