Cañete, que se mostró sorprendido por las declaraciones del titular del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, Alfredo Scheytt, quien acusó a las obras sociales de “ponerle precio a nuestras prestaciones” y de “seguir manejando los aranceles”, aseguró: “No tiene vergüenza de escudarse en la defensa de la salud bucal para aplicar extorsivamente mejoras en sus ingresos. Como presidente  de la obra social más grande de la provincia de Entre Ríos tengo la obligación de defender a nuestros afiliados y defender los recursos de la obra social con responsabilidad y justicia”.

Hay una pelea de fondo. El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.), siendo este listado sólo orientativo, tanto a través de entidades que nuclean profesionales (círculos, sociedades, asociaciones, etc.) como de matriculados de manera individual, el que se adjunta en el Anexo 1 de esta Resolución y forma parte de la misma».

El Colegio de Odontólogos impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

El Círculo Odontológico de Paraná buscó poner en discusión judicialmente esa medida.

Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó por «inadmisible e improcedente» el recurso de amparo que había presentado el Círculo Odontológico de Paraná a raíz de una resolución que dictó el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que impuso pisos mínimos de aranceles a cobrar a las obras sociales, medida que generó la airada reacción del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Ante la excusación para intervenir en el pleito por parte del juez Hugo González Elías, el amparo fue resuelto por la entonces integrante de esa Cámara -ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)- Gisela Schumacher, que puesta a resolver sostuvo que «advierto con claridad que lo aquí peticionado forma parte de un todo más complejo, que tiene casi dos años de discusión, y sobre el que no veo ninguna razón para que la vía heroica y residual del amparo sea la que corresponde para resolver este conflicto».

Ahora, el presidente de Iosper aseguró sobre eso: “No es posible utilizar la matriculación como instrumento de sometimiento, para avanzar contra las libertades individuales dispuestas constitucionalmente, como la de trabajar y acordar el valor del trabajo”.

Cañete afirmó que “el presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos quiere hacernos responsables, fundamentalmente a Iosper, del abandono de la salud bucal de los afiliados, cuando ha tomado la decisión de coartarle la libertad de trabajo a los odontólogos, so pretexto de defender los aranceles acordes a su realidad. Iosper no pretende establecer cuánto debe ganar un profesional, pero analizando la región y el contexto y los recursos de la Obra Social, lo que sí hace es establecer equitativamente la distribución de los fondos, para estar a la altura de las circunstancias”.

El presidente del Iosper manifestó que “asombra el cinismo con el que el titular del Colegio de Odontólogos trata el tema. Es pura y única responsabilidad del Colegio el coartar la libertad de trabajo a sus representados, ya que impide que los afiliados al sistema de salud puedan tener servicios, prohibiéndoles a los Círculos Odontológicos de la Provincia que firmen convenios con las prestadoras de salud”. «Si está tan preocupado por la salud bucal de la población,  que libere a los odontólogos que sí quieren trabajar,  y que no los coaccione, asegurándoles que les quitará la matrícula, si lo desobedecen”.

“Es mentira lo que dice el presidente del Colegio, respecto de que la pandemia los obligó a utilizar recursos extraordinarios para atender a los afiliados. En realidad, lo que hicieron algunos odontólogos, no todos, fue aprovecharse de la pandemia para exigirles a los afiliados cobros por fuera de lo convenido”, fustigó.

Y agregó: “Lo que no dice está persona, es que pretende que las obras sociales firmemos convenios leoninos en los que saquearán los bolsillos de los afiliados, porque pretenden que las obras sociales cubran un valor y  la diferencia que quieren establecer que les pague el afiliado, habilitando así, desde la obra social, y convalidando -lisa y llanamente- el cobro de plus. No tiene vergüenza en escudarse en la defensa de la salud bucal,  para aplicar extorsivamente mejoras en sus ingresos”, cuestionó.

Cañete destacó que “como presidente de la obra social más grande de la provincia de Entre Ríos, tengo la obligación de defender a nuestros afiliados y defender los recursos de la Obra Social con responsabilidad y justicia”.