Además que el edificio de Tribunales de calle Mitre “tiembla”, también lo hacen las estructuras judiciales entrerrianas y como han venido desarrollándose los hechos estas últimas semanas no hay posibilidades de recomponer lo que se ha hecho añicos.

Como una copa de cristal cuando se rompe, tratar de unir los pedazos para enmendarla es tarea inútil, existe un extraordinario deterioro entre el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos al que se debe poner fin lo más rápidamente posible para evitar males mayores.

Mientras el máximo organismo judicial entrerriano es prácticamente un cuerpo estanco que habla hacia los jueces inferiores por sus sentencias y acuerdos, el Ministerio de la Acusación a través del procurador García mantiene a una gran parte de los fiscales entrerrianos en estado de beligerancia, por lo que se han concentrado en Paraná funcionarios de toda la provincia para demostrar su apoyo a la ahora destituida, Sub Procuradora Fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

Hasta aquí, se podría decir que estaban haciendo uso de sus facultades constitucionales de expresarse con total libertad y sin tener en cuenta que todos los funcionarios públicos, pero más los judiciales, deben obrar con recato, compostura y prudencia en sus actitudes, ahora cuando se comportan como “piqueteros”, expresión usada por el ex Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, los ciudadanos advertimos que estamos ante una situación terminal.

Fiscales que arengan aplaudiendo y a los gritos en las calles de Paraná `podría ser justificado también en el fragor de la defensa de su superior jerárquica y aunque resulte desagradable para los jueces, se tragaron el sapo y consideraron que, aunque funcionarios judiciales, los manifestantes bregaban por captar la atención del jury en defensa de la doctora Goyeneche.

Terminado el jury, con el fallo, los que no están conformes tienen vías de apelación ante la Corte Suprema que según los defensores de la Doctora Goyeneche ya se excitaron y aquí la discusión se debe dar en donde se girarán los expedientes.

La oposición política del gobierno pretende sacar un rédito político y aunque no junten más de 50 personas enfrente a tribunales, están haciendo el “juego político” que les corresponde, donde se ven candidatos a intendentes, a legisladores y algunos diputados nacionales en ejercicio, como en Paraná, su convocatoria es tan magra que cualquier partido de fútbol de las divisiones inferiores reúne más gente y con mayor fervor en defender los colores amarillos (la mayoría son del PRO).

En esas paupérrimas manifestaciones no pueden participar funcionarios judiciales, sean del Ministerio de la Acusación, de la Defensa o Jueces, menos portar carteles, ubicarse detrás de ellos y/o levantarlos, aplaudir, arengar o de cualquier forma alentar acusaciones de “cómplices de corrupción” nombrando a un Senador, cuya investidura se debe respetar por parte de otro Poder del Estado y dos jueces del Superior Tribunal de Justicia, en este caso de los Dres. Smaldone y Carubia.

Esto, si no quieren ser acusados de difamación pública, injurias y calumnias, pues se supone que los magistrados actuaron conforme a lo dictó su conciencia y no para amparar ningún delito, como también de falta de decoro en sus funciones.

Se ha desnudado que hay un sector político que mueve fiscales y éstos que pretenden moverse políticamente en puestos que no puede ser contaminado por la política partidaria, lo que resulta írrito al Poder Judicial y al mismísimo Estado en sí, que de permitirlo, estaría haciendo un flaco favor a la democracia.