La nueva fecha programa es el 23 de junio, a las 8, «en lugares a  confirmar», según anuncia la página web del Consejo de la Magistratura. Los concursos están destinados a cubrir 3 cargos de juez de Garantías en Concordia; 2 cargos de juez de Garantías en Paraná; un cargo de juez de Garantías y Transición de Colón; 1 cargo de juez de Garantías y Transición de Nogoyá; y 1 cargo de juez de Garantías y Transición de Villaguay.

Todo se originó por la renuncia del abogado Jorge Romero para actuar como jurado técnico en los concursos. Su lugar fue suplantado por otro letrado, Edgardo Daniel Garbino, quien debía presentar los casos que los concursantes debían tratar en la prueba. Pero Garbino, según la resolución N° 1.154, del 19 de este mes del Consejo de la Magistratura, «omitió presentar los casos en tiempo y forma, sin perjuicio de ello, este Consejo consideró, en forma unánime, que era oportuno dar inicio a la jornada de la prueba de oposición, en tanto que no se verían afectados los principios que rigen el proceso del concurso, teniendo en cuenta que anteriormente el sorteo se realizaba en relación a tres casos y no a seis como manda la normativa vigente, y consecuentemente poner a consideración de los postulantes allí presentes la situación, y que en la medida de que existiera unanimidad por parte de todos ellos la prueba se realizaría, aun faltando los referidos casos de examen».

Pero el día de la prueba, el viernes 13,  «no habiéndose conseguido una decisión unánime por parte de los postulantes, se decidió suspender la instancia hasta tanto se regularice la situación». El 17 del actual el Consejo de la Magistratura se reunió en sesión extraordinaria «a fin de deliberar sobre la gravedad de la mencionada situación, habiéndose resuelto que corresponde excluir» al abogado Edgardo Daniel Garbino como jurado por «incumplir con el deber impuesto en el Artículo 68 del» reglamento.

En la lista complementaria de jurados seguían los abogados Miguel Ángel Cullen y Julio Alberto Federik, pero ambos se excusaron, por distintos motivos. Fue así que se resolvió realizar un nuevo sorteo de jurados «a fin de cubrir las vacantes de Jurado Técnico Titular y Suplente, por la lista de Abogado».  El sorteado resultó el abogado Alfredo Vitale, que también se excusó de participar, y por eso la designación, finalmente, recayó en Leonardo Di Lollo, como jurado titular.

En tanto, como jurado suplente fue sorteado Leopoldo Lambruschini, el abogado que actuó como defensor de la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, en el proceso de jury que le siguió el Jurado de Enjuiciamiento, según se desprende de la resolución N° 280 del 20 de este mes. 

La suspensión de la prueba que se dio el viernes 13  no es la primera que se dispone en los concursos N° 252, 253, 254, 255 y 256, destinados a cubrir cargos de jueces de Garantía en distintos puntos de la Provincia. En diciembre de 2021, el Gobierno provincial, mediante decreto, había suspendido tanto esos concursos, como asimismo los de fiscales, tras una presentación efectuada por alrededor de cincuenta postulantes que habían cuestionado una resolución del Consejo de la Magistratura que permitía el uso de computadoras personales, exceptuaba de participar del examen a dos aspirantes embarazadas y fijaba para ellas una fecha complementaria para que pudieran rendir.

El concurso de fiscales tuvo finalmente la prueba escrita el 10 del actual luego de aquella suspensión escandalosa. Un total de 120 postulantes atravesaron la prueba escrita en los concursos Nº 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 y 245 convocados por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para la designación de  32 fiscales auxiliares en distintos puntos de la provincia, trámite que había sido frenado por una polémica que surgió tras la decisión de darle un trato preferencial a dos fiscales.

Esos concursos fueron convocados en 2019 para la designación de 13 cargos de fiscales auxiliares en Paraná; 2 en Diamante; 1 en Feliciano, 2 en La Paz; 2 en Concordia; 1 en Chajarí; 2 en Concepción del Uruguay; 1 en Colón; 1 en Rosario del Tala; 1 cargo en Villaguay; 2 en Gualeguay; 2 en Gualeguaychú; 1 en Villa Paranacito; y 1 en San Salvador, para los cuales se habían presentado en un primer momento un total de 206 postulantes (118 mujeres y 88 varones).

A través de la resolución N° 1.144, dictada el 4 de noviembre de 2021, el Consejo de la Magistratura dispuso una excepción del Reglamento General de Concursos, solicitar que los postulantes asistan a la prueba de oposición con sus computadoras personales, implementar un protocolo tendiente a resguardar la integridad y el anonimato de la prueba de oposición; y receptó positivamente una solicitud de prórroga planteada por dos postulantes mujeres para la realización de la prueba por estar cursando sendos embarazos.

Enterados de esas decisiones, un grupo de postulantes reprochó lo resuelto por el Consejo de la Magistratura por entender que se producirían transgresiones al reglamento y se resentiría la garantía de igualdad, anonimato, imparcialidad y unicidad, y pidieron que se prorrogue la fecha de la prueba de oposición para todos los candidatos, que había sido resuelto para el 14 de diciembre último. El Consejo de la Magistratura rechazó esa petición mediante la resolución N° 1.145, del 24 de noviembre de 2021. Fue entones que el caso llegó en apelación ante el Ministerio de Gobierno, que a través del decreto N°3.853, del 6 de diciembre,  revocó lo resuelto por el Consejo  e instruyó al organismo “a adoptar las medidas tendientes a concretar la instancia de oposición en el primer cuatrimestre del año 2022”.

El Ministerio de Gobierno actuó guiado por un dictamen de Fiscalía de Estado y entendió que “la relevancia de los principios en juego en materia de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la necesidad de preservar los postulados y garantías involucrados y particularmente la interdicción de la arbitrariedad, cuya violación traería aparejado la proliferación de pleitos innecesarios con la generación de perjuicios patrimoniales al Estado, imponen a nuestro criterio una decisión contundente de este Poder Ejecutivo sobre el caso aquí examinado”.