El ministro Martín Guzmán y sus colaboradores avanzaron en la forma en que se llevará adelante el impuesto a “la renta inesperada”.

La idea del jefe del Palacio de Hacienda es que el Estado se apropie de las ganancias extraordinarias que obtuvieron determinados sectores como consecuencia de la brusca suba en los precios internacionales de las materias primas a raíz de la guerra en Ucrania.

Estas ganancias, como explicó Guzmán en un reportaje en C5N, no fueron el resultado de mayores inversiones, sino de una inusual suba en los valores de las commodities por el conflicto bélico. Entre los productos que más subieron se encuentran los cereales y oleaginosos, gas, petróleo y minerales.

La intención oficial es que estos excedentes se destinen en parte a atender la situación de sectores vulnerables de la sociedad que han ido perdiendo poder adquisitivo. Particularmente, señalan fuentes del Gobierno, el propósito es reforzar los ingresos de los trabajadores informales. La ayuda a otorgar seria similar al IFE.

A diferencia de los salarios pagados a los trabajadores en blanco que, paritarias mediante, vienen ganándole a la inflación, los empleados “en negro” vienen perdiendo más de 7 puntos respecto de la inflación de los últimos doce meses, según los datos del INDEC.

Una de las definiciones, según trascendió en fuentes de la Casa Rosada, es que en realidad no se creará un nuevo tributo, sino que se proyecta un aumento en la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias para montos a determinar, en los que se verifique un crecimiento exponencial en las utilidades.

Empresas

De acuerdo con los números que se barajaron en ese encuentro reservado, se está pensando en cargar un 15% por encima de la alícuota superior de 35% de este tributo.

Otra definición es que, en principio abarcaría a empresas, no personas humanas y sería deducible en caso que las empresas realicen inversiones o tomen personal.

Es decir, las compañías podrían evitar el pago si amplían la capacidad de producción o aumentan el empleo, contribuyendo de esta forma a la recuperación económica.

Estimaciones oficiales calculan que los ingresos generados por esta vía podrían asistir con una suerte de nuevo Ingreso Familiar de Emergencia – IFE- a un universo de 6 millones de personas (3 millones menos que los beneficiados por el IFE que se otorgó durante la pandemia).

Consistiría en una cifra fija, del orden de los 6.000 pesos que se darían dos veces por año, de acuerdo a los trascendidos.

Por tratarse de una modificación impositiva, debería ser tratado por el Congreso. En este sentido, se plantean dudas en cuanto a la viabilidad de la iniciativa, toda vez que desde la oposición se ha manifestado que no sería aprobado ningún proyecto que implique una suba de impuestos.

En este caso, además, la nueva alícuota podría llegar a 50%, si se confirman las versiones, un nivel que, según especialistas en temas tributarios, sería confiscatoria.

Con todo, en la conducción oficial se mantiene la expectativa de lograr la aprobación legislativa en virtud de “tratarse de una medida equitativa, que apunta a que quienes lograron ganancias extraordinarias colaboren en el sustento de los que menos tienen”.