El Gobierno retuvo US$ 3.000 millones de fondos para obras públicas y los destinó al plan de "déficit cero"
El gobierno malversó los caudales públicos al sustraer el dinero que tenía un fin específico para no tener déficit fiscal, los que sufrieron el desfalco fueron las rutas y consecuencia de ello muchos argentinos murieron al transitar por rutas sin mantenimiento.
Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional ha implementado una estrategia financiera que consistió en retener y redireccionar fondos originalmente destinados a obras públicas.
Según revelan balances oficiales y planillas presupuestarias, los fondos fiduciarios que aún operan recaudaron más de $ 8,2 billones, logrando acumular un superávit cercano a los US$ 3.000 millones.
El mecanismo del "Déficit Cero"
A pesar de que estos recursos tienen fines específicos asignados por ley, principalmente vinculados a la infraestructura, la administración nacional ha optado por destinar solo una fracción de los mismos a sus metas originales. El análisis de informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto indica que un porcentaje elevado de esta recaudación se volcó a la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero.
Las cifras oficiales detallan que el superávit financiero de estos fideicomisos fue de $ 1,86 billones en 2024 y de $ 1,23 billones en 2025, montos que equivalen a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, calculados al tipo de cambio oficial promedio. Esta acumulación fue posible gracias a una marcada subejecución: en 2024 solo se ejecutó el 55,8% de lo recaudado, cifra que subió levemente al 69,5% en 2025 y se mantuvo en un 69,7% durante el primer trimestre de 2026.
Esta maniobra financiera ha tenido un impacto directo en la obra pública, provocando la parálisis de proyectos viales e hídricos en todo el territorio nacional. Uno de los sectores más afectados es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), donde las transferencias se recortaron en un 94%, lo que derivó en la detención de 636 proyectos de vivienda e infraestructura básica en barrios populares.
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