La Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño allanaron en Morón la vivienda de Darío Méndez, dedicado a la publicidad en vía pública y padre de Christian Méndez, quien tenía en su poder la camioneta Fiat Fiorino utilizada para la distribución de los afiches difamatorios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este lunes en Morón, por orden del titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la CABA, Mauro Tereszko.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, informó el MPF porteño.

Darío Méndez, de 54 años, se dedica a la instalación y comercialización de espacios publicitarios en la vía pública, sobre todo en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a través de la empresa MDC Group SRL.

La Policía porteña lo busca por su intervención en el proceso de encargo, diseño, impresión y colocación de los afiches contra la Vicepresidenta que aparecieron hace una semana en la cartelería de vía pública del centro porteño.

Toda esa operatoria está siendo investigada por la Justicia criminal nacional a través del fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Manuel de Campos, titular del Juzgado Nacional de Instrucción 5, quienes investigan el caso a partir de los delitos de hurto y estafa, pero al mismo tiempo actúa la Justicia de CABA, que entiende que los hechos pueden ser encuadrados como una contravención.

La investigación hasta ahora se concentró en dos puntas del ovillo de la secuencia que concluyó con la instalación de los afiches negros que decían "Cristina asesina".

Por un lado, la imprenta que confeccionó los carteles -se llama Viagraphic y está ubicada en Lanús-; por otro, los responsables del traslado hasta el centro porteño en la camioneta Fiat Fiorino, identificados como Darío y Christian Méndez, de la empresa familiar MDC Group, localizados en Morón y conocidos en la zona oeste del conurbano.

El propietario de la imprenta Viagraphic, Julio César Francino, buscó desligarse de la impresión de los afiches y al declarar ante la Justicia aseguró que nunca llegó a enterarse de ese trabajo: dijo que ese encargo había llegado a través de un empleado jerárquico de su imprenta, una suerte de capataz, de nombre Francisco Serrano.

Francino manifestó que desconocía quién había realizado las películas para imprimir los carteles negros en su negocio y, además, mostró emails enviados y recibidos por Serrano en el que su empleado decía que deberían pagarle una comisión por haber conseguido ese trabajo.