El Ministerio Público Fiscal presentó ante el Tribunal de Juicio el testimonio del licenciado en informática Martín Herrlein a fin de sostener los informes que habían hecho los ingenieros biomédicos Guillermo Fritz y Fernando Ferrari sobre el material recabado en las computadoras y teléfonos celulares incautados en el allanamiento realizado a las empresas TEP y Next, dos de las que están bajo investigación por supuesta cartelización y desviación de fondos públicos para fines particulares.

Herrlein estuvo más de cuatro horas declarando. La solvencia de su relato se fue diluyendo a medida que era interrogado sobre cuestiones y situaciones puntuales.

El más saliente fue que Herrlein, también empleado del Gabinete Informático del MPF, había sido colocado por Fiscalía a corroborar la fidelidad de los informes que realizaron sus superiores directos: Fritz y Ferrari. Con ellos comparte diariamente un espacio físico reducido. Aunque ahora el Gabinete está ubicado en calle Tejeiro Martínez, pero al momento en que hizo la pericia compartía con sus jefes un espacio en la sede del MPF que el propio Herrlein describió con una superficie de 4 x 5 metros.

Además, Herrlein no fue preciso al informar qué protocolo o normativa siguió durante la realización de la pericia de los informes de Fritz y Ferrari. Dijo que no había normativa, pero luego apuntó que  echó mano a una norma ISO (la 27.037), que tampoco se siguió a rajatabla, expresó, sino que se tomaron algunos aspectos y otros no.

En orden a esto, se produjo un fuerte entredicho entre las partes cuando las defensas quisieron saber si el perito conocía los alcances de la ley del Consejo de profesionales de ciencias informáticas (Coprocier) que regula la actividad de quienes ejercen esta tarea, entre ellas las pericias judiciales. El testigo dijo que estaba matriculado en la entidad, pero afirmó que no recordaba sus alcances.

Uno de los puntos más álgidos de los informes que Herrlein controló son los cambios introducidos por Fritz para extraer correos electrónicos donde figuran elementos que sustentan gran parte de las acusaciones fiscales. El perito informático, luego de varias preguntas y repreguntas, confesó que basó su visto bueno a este punto en la fundamentación y documentación del cambio que Fritz detalló, pero no repasó el procedimiento, no lo repitió para corroborar que estuvo bien hecho y que un segundo control arrojaría un resultado igual.

Otro fue cuando, repasando el texto de la pericia que está incorporada como prueba en el proceso, debió reconocer una grave omisión. Mientras que en el texto consignó que se utilizó una herramienta informática (X-Way) para obtener fotos de correos electrónicos de las computadoras, al exponer ante el Tribunal aseguró que ese instrumento fue usado para extraer los correos electrónicos.

· El día D

Herrlein había ingresado al Gabinete Informático del MPF en 2015 como pasante mientras cursaba sus estudios en la Uader. Un año después, y en esa misma condición, fue consignado por el Juez de Garantías Ricardo Bonazzola al allanamiento que se iba a realizar el 1° de agosto en la sede de TEP y Next. Su misión, y la de Fritz, era la de resguardar la prueba informática.

Sin embargo, al llegar al lugar Herrlein y su superior se dedicaron a revisar información de una notebook. Fiscalía les había pedido que busquen palabras claves en esos registros y a eso, según dijo en coincidencia con el testimonio dado por Fritz hace unas semanas, dedicaron toda la jornada, desde la mañana hasta bien entrada la tarde.

Los datos que Fritz extrajo con la ayuda de Herrlein fueron volcados en el informe que Herrlein avaló más adelante.

Pese a su vínculo como pasante con la Fiscalía y a que aún no había completado sus estudios ni se había matriculado, Herrlein firmó el acta del allanamiento como “perito”, una incumbencia profesional que sólo corresponde a quienes cumplen con los requisitos legales.

En esa constatación figuró el secuestro de un disco rígido que sustenta gran parte de las pruebas de cargo de Fiscalía y que las defensas cuestionan por el procedimiento poco claro con que se lo incorporó al legajo investigativo. Herrlein dijo no haber tomado intervención en el secuestro del dispositivo. Y aseveró que se enteró que había sido hallado casi al cierre de la jornada.

Al concluir su pasantía 29 días después del allanamiento, el analista fue contratado como escribiente técnico por una resolución discrecional del Procurador General Jorge García. Recién en marzo de 2019 obtendría su título de grado en la Uader, unos meses después se matricularía en el Coprocier y en noviembre rubricaría el informe que avaló lo hecho por sus superiores.

· Observaciones

Al cierre de la jornada declaró el contador Jensen sobre los procedimientos de contratación de publicidad oficial, el esquema utilizado para la difusión de los videos promocionales de políticas públicas durante la Cumbre del Mercosur y el modo de contratación de la empresa que se encargó del Parador de Mar del Plata.

Jensen mantuvo la posición de que la publicidad oficial debe contratarse por vía de licitación pública y que la excepcionalidad que prevé la ley debe reunir ciertos requisitos mínimos, como la comparación de medios de una misma localidad a fin de seleccionar el más económico. Si hay un solo medio, el contador sugirió que igual ha de producirse la licitación para constatar que el proveedor es único.

Sobre los videos del Mercosur apuntó que su contratación fue onerosa y sobre el Parador aseveró que se eligió a un prestador que no reunía los antecedentes para garantizar que se concrete. Su testimonio quedó en parte contrapuesto a lo que dijeron en sus testimonios ante el Tribunal la ex asesora legal y actual fiscal de cuentas Nancy Vinagre  y del también fiscal de cuentas Ricardo Genolet.

Sin embargo, terminó reconociendo que no se pudo determinar que en la distribución de publicidad oficial hubo perjuicio fiscal por sobreprecios. Y apuntó que las observaciones que realizan los auditores no establecen la existencia de delitos penales. Asimismo agregó que el Tribunal de Cuentas no propició juicios de cuentas contra los funcionarios que estuvieron implicados en los procedimientos observados. (APFDigital)