Crecen las dudas y las sospechas sobre la capacidad y la idoneidad de un testigo clave de Fiscalía en el Megajuicio

Sin embargo, su rol de ex funcionario de Sergio Urribarri; sus malos antecedentes académicos y sus actuaciones cuestionadas en las causas “Robles” y “Contratos”, además de los yerros en los informes que entregó para el Megajuicio, proyectan un cono de sombra sobre su figura.

Los orígenes de Enrique están en la Policía de Entre Ríos, donde llegó a ocupar el rango de Oficial principal. En 2003 presentó un recurso de gracia ante el Ejecutivo provincial para ascender a un grado superior. El trámite se inició en agosto de ese año, postrimerías de la última administración radical. La decisión del entonces ministro de Gobierno, Fermín Garay, y del ex gobernador Sergio Montiel fue rechazar su petición. La razón esgrimida fue que los ascensos en la fuerza se realizan de acuerdo a un procedimiento reglamentado en la ley, que Enrique trató de esquivar.

Por esos mismos años Enrique había iniciado su carrera como docente universitario. Durante varios tramos de su deposición ante el Tribunal de Juicio concretada la semana pasada, el contador afirmó que el tema costos en el abanico de asuntos de las ciencias contables era “su pasión”.

Sin embargo, en la materia afín de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER Enrique fue echado por incumplimiento. Por resolución 090 del 27 de abril del 2004, el Consejo Directivo de la casa de Altos Estudios decidió dar de baja su adscripción a la cátedra “Costos” por “no cumplimentar los requisitos exigidos por la reglamentación vigente”.

Al ex oficial de la Policía de Entre Ríos le habían pedido que, para mantenerse en la cátedra, debía elevar al docente titular un trabajo final de adscripción que tenía que entregar en noviembre de 2003. Enrique nunca lo presentó.

Años más tarde, y ya como docente en la UADER, tuvo serios inconvenientes con los alumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas que asistían a sus clases en la materia “Desarrollo de la producción” y “Auditoría”. A través de notas presentadas el 2 y el 13 de marzo de 2020 por la representación estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Gestión se puso de manifiesto el malestar del estudiantado con el docente por “dificultades en el cursado”. Y se pidió la apertura de cátedras paralelas. Pocos días después, la Secretaría Académica de la Facultad le dio la derecha al alumnado y abrió esta instancia de manera virtual a partir de abril, ya con la pandemia declarada. Para la representación estudiantil en el Consejo esta medida fue “una nueva conquista”.

En la función pública

El 8 de julio de 2010, Enrique saltó de la Policía de Entre Ríos a la Dirección de Administración del recientemente creado Ministerio de Planeamiento que por esos días estaba a cargo del arquitecto Guillermo Federik. Su nuevo rol de funcionario incluía la retención del cargo que detentaba en la fuerza de seguridad.

Siguió en la función luego de la reelección de autoridades en 2011 y a pesar del recambio en el gabinete que implicó la llegada a la cartera de Juan Javier García. Duró hasta agosto del 2012. Su salida, según recuerdan quienes trabajaban junto a él en la dependencia, se dio por las constantes quejas por las dilaciones en las que incurría para resolver incluso las cuestiones más simples, llevando los extremos más allá de los límites administrativos previstos muchas veces. Sus compañeros de trabajo atribuyeron esto a su incapacidad y a cierta tendencia hacia la mitomonía. Otros funcionarios que compartieron gabinete con él lo atribuyeron a intenciones políticas aviesas:

“Quería trabar la gestión”, consignaron.

Durante la última audiencia del Megajuicio, el abogado Raúl Barrandeguy le preguntó si su salida intempestiva del Gobierno había dejado algún resentimiento. Enrique lo negó. Pero tanto sus ex empleados como sus pares de función consideraron que es imposible que no guarde rencor.

Tras unos años ejerciendo la profesión de contador en forma liberal y actuando como perito en causas judiciales, logró ingresar al Ministerio Público Fiscal en 2016.

El Procurador General Jorge García tenía la idea de crear un Gabinete Contable ante la gran cantidad de actividad del área a su cargo. Y en Fiscalía había una vacante a cubrir con el cargo de oficial superior de primera.

El seleccionado fue Enrique. García tuvo en cuenta el concurso de aspirantes al cargo de técnico contador que había realizado tiempo atrás el Superior Tribunal. De ese universo, el Procurador seleccionó al oficial principal de Policía considerando que tenía el perfil más adecuado a la función pericial “orientada especialmente a la investigación de delitos contra la administración pública”.

La decisión de García se plasmó en la resolución 135/2015. Pero allí no hay mención a los otros postulantes que fueron descartados ni al orden que alcanzó Enrique en el concurso.

Su designación fue provisoria. Recién alcanzó la estabilidad en el rango dos años después.

Informes bajo la lupa

Durante la última audiencia ante el Tribunal que lleva adelante el Megajuicio contra el ex gobernador Urribarri; ex funcionarios y particulares, Enrique mostró que los informes que había hecho en los legajos donde se investiga la supuesta cartelización y desvío de fondos de publicidad oficial a través de imprentas y empresas de publicidad en vía pública, por un lado, y el Parador de Mar del Plata, por otro, tenían graves falencias, algunas de evidente manifestación.

Pero esto no es la primera vez que ocurría.

El contador tuvo sus 15 minutos de fama en 2019 cuando elaboró un informe para Fiscalía en la investigación que se lleva adelante para determinar si hubo contratos ficticios en la Legislatura para desviar fondos públicos y que está caratulada “Beckman”.

En “Beckman”, el resultado presentado por Enrique, y que Fiscalía hizo propio, cifraba el presunto desfalco en una suma actualizada de 2.244 millones de pesos. La Justicia no avaló este estudio y solicitó una pericia objetiva a cargo de técnicos del Superior Tribunal de Justicia. La tarea recayó en la contadora Andrea Mariana Battisti, quien estimó la presunta defraudación en apenas 372 millones de pesos. Esta última es la cifra que reclama la Fiscalía de Estado en la causa civil para resarcir al Estado del supuesto daño.

Enrique también jugó un rol importante en la denominada causa “Winderholler” en la que se juzgó al ex intendente de la ciudad de Crespo, Ariel Robles, por presunto peculado. Las tres patas en las que se sostenía la acusación contra el ex mandatario crespense y sus funcionarios eran la denuncia que hizo el intendente radical Darío Schneider; un informe que hizo para la gestión de Schneider la contadora Carolina Galuccio y el que presentó Enrique.

El documento de Galuccio fue dejado de lado a la hora de la sentencia por haber estado parcializada la información que se le dio a la profesional para que dictamine y el que elaboró Enrique ni siquiera entró en la consideración del Tribunal al fallar. Robles y los demás funcionarios resultaron absueltos. Ahora Casación pidió un nuevo juicio, algo que se descontaba en los pasillos de la Justicia por las duras críticas a la tarea de Fiscalía que hubo en la resolución del caso.