
Martínez tenía 92 años. Se destacó como referente del derecho. Fue convencional constituyente y promovió el juicio por jurados.
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos manifestó rechazo al comunicado del Consejo Federal de Política Criminal que cuestiona a la institución del Jury de Enjuiciamiento a miembros del Ministerio Público Fiscal.
Provinciales20/11/2021
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Lo hizo a través de un comunicado remitido a la redacción de Diario EL SOL, luego de que unas horas antes se conociera el pronunciamiento que, en la Asamblea Anual Ordinaria, realizaron Procuradores y Fiscales Generales del país. Allí defendieron a sus pares entrerrianos que van ser llevados a jury de enjuiciamiento, según se ha publicado anteriormente.
“Resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas”, dijeron entre otros argumentos los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos.

Lo que dice el Colegio de la Abogacía
Respecto al Jury, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos afirma: “Entendemos que esta figura institucional, garantizada por ley, es parte de la vida democrática de las instituciones entrerrianas y no creemos apropiado manifestar que existe un “cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa”, sino que se solicita investigar ciertas irregularidades en una investigación en particular”.
“Desde el CAER creemos oportuno proceder a rechazar cualquier acto o manifestación que pudiera interpretarse como de presión antes que los integrantes del Jury dicten el fallo conforme a derecho, a las pruebas reclutadas y a la convicción ética y moral de sus integrantes, entre los cuales hay dos matriculados de este Colegio”, plantean luego.
El Colegio de la Abogacía, recuerdan finalmente, “sostiene que el Estado de Derecho debe funcionar con todas las garantías constitucionales vigentes y el pleno funcionamiento de las instituciones más allá que esto incomode a sectores corporativos del poder judicial”.

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