Diputados justicialistas reclaman soluciones urgentes ante la suspensión de internaciones y la judicialización en la OSER de Frigerio.

Reclamo al Poder Ejecutivo y autoridades de la obra social

Diputados justicialistas reclaman soluciones urgentes ante la suspensión de internaciones, la falta de pagos a cuidadores y la judicialización en la OSER

El bloque de diputados y diputadas justicialistas expresó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la cual compromete gravemente el acceso oportuno a la salud de sus aproximadamente trescientos mil afiliados y afiliadas. Mediante un proyecto de declaración, la bancada solicitó al Poder Ejecutivo Provincial y al Directorio de OSER que garanticen, con urgencia, la continuidad de las prestaciones y resuelvan el conflicto con los prestadores médicos mediante criterios de auditoría claros y previamente acordados, sin trasladar sus consecuencias a los afiliados. 

Desde la creación de este organismo en junio de 2025, los problemas se han ido incrementando, evidenciándose en una serie de conflictos recurrentes que afectan la atención médica, la asistencia a sectores vulnerables y los recursos de la institución. En los últimos días han coincidido múltiples señales de alerta, entre las que destaca el conflicto por los débitos sobre honorarios de prácticas médicas aplicados por la obra social, que motivó a la Federación Médica de Entre Ríos a disponer la suspensión transitoria de la atención médica en internación desde ayer. 

A esto se suma la crítica situación de las cuidadoras y los cuidadores domiciliarios, quienes perciben sus pagos con graves atrasos —manteniéndose deudas y la falta de fechas ciertas de cobro— y sufren descuentos de horas injustificados, poniendo en inminente riesgo la continuidad de la asistencia esencial para personas con discapacidad y personas mayores. 

Asimismo, la creciente judicialización de la cobertura continúa desviando cuantiosos recursos económicos hacia embargos y gastos judiciales en lugar de destinarse a la atención de la salud, lo que obliga a los afiliados a recurrir permanentemente a acciones de amparo para poder acceder a tratamientos y medicamentos indispensables.