Los desafíos de Milei: salarios caídos y consumo estancado
Mientras el Gobierno mantiene su prioridad en el equilibrio fiscal y rechaza estimular la demanda con mayores ingresos, economistas advierten sobre el deterioro del poder adquisitivo. Santiago Bulat considera urgente revertir la caída salarial. Marcelo Capello explica por qué el programa oficial evita repetir las recetas del pasado
TABANO SC
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una disyuntiva económica: sostener una política restrictiva para consolidar la desinflación o permitir una recomposición de los salarios que ayude a recuperar el consumo y la actividad. La confesión de que la economía no reacciona como lo esperado, abre ese debate.
El ingreso disponible de los trabajadores privados acumuló una caída aproximada del 20% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según el gráfico de Econviews presentado durante el 18º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Para los trabajadores formales, el retroceso rondó el 30%.
Con noviembre de 2023 como base 100, ambos indicadores finalizaron cerca de los 80 y 70 puntos, respectivamente. El salario real privado medido por el Indec, en cambio, cerró próximo al nivel inicial, aunque todavía por debajo de esa referencia.
Las tres series mostraron una fuerte caída entre fines de 2023 y comienzos de 2024. Después registraron recuperaciones de diferente intensidad. Pero, durante el primer semestre de 2026, los ingresos disponibles volvieron a deteriorarse.
Al exponer en la UIC, Miguel Kiguel vinculó la pérdida de poder adquisitivo con el estancamiento de la demanda. Los valores son aproximados, dado que el cuadro exhibe curvas sin detallar las cifras correspondientes a cada región.
También, ante empresarios de primera línea, el economista jefe de IDEA, Santiago Bulat, consideró urgente que los ingresos comiencen a recuperarse. Advirtió que los salarios privados vienen perdiendo poder adquisitivo y que revertir esa tendencia resulta indispensable para mejorar el consumo.
"Esto es muy importante que empiece a mejorar. Rápido, lo más rápido posible", sostiene Bulat al analizar la evolución salarial. Según explica, después de una recuperación hasta febrero de 2025, los ingresos se estancaron, volvieron a caer y recién muestran señales de recuperación.
El problema del consumo
Marcelo Capello, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, explica que el programa económico busca modificar la manera en que históricamente se recuperó la actividad.
"En el pasado, típicamente las reactivaciones económicas en Argentina fueron vía consumo, a través de la recuperación del poder de compra del salario real, privados y públicos", señaló.
El problema, según Capello, aparecía cuando los salarios aumentaban más rápidamente que el tipo de cambio. Eso encarecía los costos argentinos en dólares, favorecía las importaciones y debilitaba las exportaciones.
Cuando la balanza comercial se deterioraba, comenzaban a escasear las reservas del Banco Central. La posterior devaluación aceleraba la inflación, reducía nuevamente los salarios reales y terminaba provocando otra recesión. Un círculo para nada virtuoso.
Otra estrategia de crecimiento
La administración Milei intentó evitar esa secuencia mediante un modelo impulsado principalmente por exportaciones e inversión, antes que por el gasto de las familias. Pero ello enfrió la economía al punto de lo ya ampliamente conocido.
Capello identifica entonces una dificultad cuantitativa considerable: exportaciones e inversión representan aproximadamente el 25% de la demanda agregada, mientras el consumo explica alrededor del 65%.
Por esa diferencia, ambos motores necesitan crecer a un ritmo muy superior para compensar una demanda interna que avanza lentamente.
Las exportaciones energéticas y mineras muestran resultados favorables. Sin embargo, la inversión todavía no registra el despegue necesario para extender la recuperación hacia los sectores más dependientes del mercado interno.
Inversiones que todavía esperan
Capello menciona proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) por U$S 56.000 millones, según las cifras consignadas en su análisis.
El monto podría alcanzar U$S 160.000 millones si se incorporaran las presentaciones pendientes. Pero la aprobación de proyectos no equivale a su ejecución inmediata ni garantiza efectos rápidos sobre el empleo y los salarios.
El economista observa que la inversión avanzó lentamente durante 2025 y 2026. Tampoco anticipa una mejora significativa durante 2027, cuando las elecciones presidenciales volverán a introducir incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.
La pérdida de ingresos
El análisis de Capello ubica un punto de inflexión a comienzos de 2025, cuando el Gobierno buscó moderar los aumentos acordados en paritarias para contener la inflación.
Desde mediados de ese año, la masa real de salarios, jubilaciones y planes sociales acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 4% en doce meses, según sus estimaciones.
Esa reducción afectó especialmente el dinero disponible después de pagar servicios públicos, alquileres y otros compromisos habituales de los hogares.
Los datos del Ripte correspondientes a agosto de 2026 ubicaron la remuneración promedio de los trabajadores estables registrados en $1.982.518. Entre enero y agosto, la evolución nominal de ese indicador acompañó aproximadamente la inflación acumulada del 21,3%.
Competitividad y costos laborales
La posibilidad de acelerar las negociaciones salariales enfrenta otra dificultad que el economista considera central: los costos laborales medidos en dólares.
Según sus cálculos, los salarios industriales formales argentinos resultan 26% superiores a los de Chile y 170% mayores que los de Brasil, expresados en moneda estadounidense. A la industria exportadora, por ejemplo las terminales automotrices, les pega de lleno.
Capello advierte que aumentos salariales en pesos superiores a la evolución del tipo de cambio ampliarían esas diferencias, particularmente en una economía más abierta a las importaciones.
Por eso considera reducido el margen para recuperar el consumo mediante incrementos salariales que eleven directamente los costos empresariales.
Una alternativa sería reducir temporalmente los aportes personales a la seguridad social. Sin embargo, Capello advierte que esa decisión disminuiría los recursos de la Anses y complicaría el equilibrio fiscal.
La alternativa del crédito
Para el economista de la Fundación Mediterránea, existe mayor espacio para estimular la actividad mediante instrumentos financieros. Propone nuevas líneas de crédito y una reducción de los impuestos que gravan las tasas activas, con la posibilidad de disminuirlas aproximadamente un tercio.
El objetivo sería facilitar la compra de materiales de construcción, bienes durables y otros productos, sin recurrir directamente a incrementos salariales financiados por las empresas o el Estado.
Ricardo Delgado, presidente de Analytica, también planteó que la recuperación económica necesita una mejora de los ingresos familiares. Según sus estimaciones, los gastos fijos pasaron de absorber aproximadamente el 30% al 55% de los ingresos familiares. Eso reduce el dinero disponible para alimentos, indumentaria, equipamiento y otros consumos.
Un estudio de Moiguer Consultora aporta otra dimensión. Juan Lucarini señaló que el poder adquisitivo salarial se encuentra 11 puntos porcentuales por debajo de enero de 2023, mientras el ingreso disponible retrocedió 17 puntos.
Las diferencias entre hogares
El mismo relevamiento indica que servicios y transporte aumentaron 11 puntos porcentuales su participación dentro del presupuesto salarial promedio. "Lo dolarizado se abarata, lo cotidiano se encarece", sintetizó Lucarini al describir los cambios en los precios relativos.
La consultora W también detectó diferencias importantes entre los hogares. Según Guillermo Setti, el ingreso neto familiar promedio alcanzó $ 3,5 millones durante el segundo trimestre de 2026. La distancia entre ese promedio y los ingresos de la clase media baja pasó del 6,25% a comienzos de 2023 al 16,6% este año. Esa brecha ayuda a explicar las dificultades del consumo masivo.
El antecedente de otra crisis
La discusión sobre estímulos salariales tiene un antecedente en la salida de la crisis de 2001-2002, cuando Argentina atravesaba una situación económica y social considerablemente más grave que la actual.
En julio de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde dispuso mediante el Decreto 1273/2002 una asignación mensual de $ 100 para trabajadores privados comprendidos en convenios colectivos. Con un dólar cercano a $ 3,60, esa suma representaba aproximadamente U$S 28 de entonces. Actualizada por inflación estadounidense, equivaldría a alrededor de U$S 52 de 2026.
Néstor Kirchner continuó esa política después de asumir en mayo de 2003. La recuperación económica ya había comenzado, pero su administración combinó mejoras de ingresos, inversión pública y programas de empleo.
Aumentos pequeños y escalonados
El salario mínimo, congelado en $200 desde 1993, pasó a $250 en julio de 2003 y llegó a $300 en diciembre mediante incrementos mensuales de $10. Monedas que iban sumando. A fines de ese año, Kirchner dispuso elevarlo nuevamente a $350 desde enero de 2004. El incremento acumulado frente al valor inicial alcanzó el 75%.
La administración Kirchner también elevó las jubilaciones mínimas de $200 a $220 en julio de 2003, y posteriormente a $240 desde enero de 2004. En diciembre dispuso otra suma salarial no remunerativa de $50 mensuales para trabajadores privados comprendidos en negociaciones colectivas, que comenzó a pagarse en enero de 2004.
En paralelo, anunció la reanudación de 19.416 viviendas del Fonavi y lanzó el Programa Federal de Emergencia Habitacional, con participación de cooperativas de trabajo.
También anticipó pagos del incentivo docente y mantuvo en el 7% los aportes personales a las AFJP, suspendiendo el incremento previsto al 9% para preservar ingresos de bolsillo.
La experiencia de 2002-2003 muestra que los gobiernos de entonces recurrieron a sumas relativamente chicas para sostener el consumo, incluso cuando las empresas atravesaban una crisis profunda.
Pero existían diferencias importantes con la situación actual: una fuerte y demoledora devaluación previa, capacidad productiva ociosa, salarios muy reducidos en dólares y condiciones favorables para las exportaciones.
La inflación oficial fue del 3,7% en 2003, del 6,1% en 2004, del 12,3% en 2005 y del 9,8% en 2006. La expansión económica convivió inicialmente con aumentos moderados de precios, que luego se aceleraron, como ya es conocido.
Hoy, además, la creciente informalidad laboral limita el alcance de cualquier incremento salarial dispuesto para trabajadores registrados.
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