Ocho décadas después, un anciano de 105 años debía responder por los crímenes del nazismo

La causa contra uno de los últimos sospechosos vivos de haber servido en el aparato represivo del Tercer Reich terminó sin juicio. El hombre, a quien la Fiscalía de Dortmund investigaba por complicidad en asesinatos en una gran cantidad de casos, falleció recientemente, según informó la cadena pública WDR, y el expediente será probablemente archivado. El deceso se produjo la semana pasada, a los 105 años. Su familia, según la prensa regional, no lo consideraba un criminal nazi.

El caso

La investigación había trascendido a fines de septiembre. La fiscalía de Dortmund informó a la agencia AFP que el sospechoso habría sido guardia del campo de prisioneros de guerra Stalag 326 VI K, en la región de Senne, en el oeste de Alemania, y que se le imputaba haber contribuido con su labor a múltiples homicidios. Las autoridades no revelaron su nombre ni su lugar de residencia. Era soldado de la Wehrmacht, el ejército regular, y no de las SS. 

Según el diario Bild, el expediente tramitaba en Dortmund bajo el número 45 Js 2/26. El impulso inicial vino de la oficina central de Ludwigsburg, el organismo que desde hace décadas rastrea a responsables de crímenes nazis. Esa oficina reúne y analiza indicios y prepara las investigaciones; en marzo derivó el caso a Dortmund, que actúa como fiscalía especializada en crímenes masivos del nacionalsocialismo para todo el estado de Renania del Norte-Westfalia. l

Con 105 años, se estimaba que era uno de los imputados más ancianos de la historia judicial de la República Federal. No hay registro de que alguna vez se haya investigado a una persona de mayor edad. nwlz

Un segundo sospechoso, también muerto

Ludwigsburg había remitido originalmente dos investigaciones preliminares contra exguardias del mismo campo, pero uno de los dos acusados murió antes. Con este segundo fallecimiento, la causa sobre el Stalag 326 queda sin imputados vivos conocidos. 

El campo de Senne

El campo estaba en Stukenbrock-Senne, cerca de Bielefeld, en las afueras del bosque de Teutoburgo, y servía sobre todo para alojar prisioneros de guerra soviéticos que luego eran repartidos para trabajos forzados. Por allí pasaron más de 300.000 soldados soviéticos, además de polacos, serbios, franceses, italianos y belgas. Los prisioneros padecían hambre, enfermedades, malos tratos y condiciones de vida extremas. Algunas estimaciones de la prensa hablan de hasta 65.000 muertos. El campo funcionó hasta abril de 1945, cuando lo liberaron tropas estadounidenses; en una foto de esos días, soldados del 9.º Ejército observan las tumbas donde yacen 30.000 prisioneros rusos. 

Por qué se sigue persiguiendo

En Alemania, la complicidad en asesinato no prescribe. El cambio decisivo llegó con el caso Demjanjuk: en 2011, el exguardia de Sobibor fue condenado a cinco años como cómplice de más de 28.000 asesinatos, aunque no había pruebas de que hubiera matado personalmente a nadie. Desde entonces los tribunales admiten que el servicio en un campo puede considerarse complicidad en asesinato cuando la persona apoyó consciente y voluntariamente la matanza sistemática. Antes, solo se perseguía a quienes habían participado directamente en las muertes.

El caso más resonante de la última etapa fue el de Josef Schütz: en 2022, un tribunal condenó al exguardia de Sachsenhausen a cinco años de prisión por colaborar en 3.518 asesinatos. Tenía 101 años y murió meses después. El reloj biológico es hoy el principal obstáculo: en abril de 2025, otro presunto exguardia de Sachsenhausen, acusado de complicidad en más de 3.300 muertes, también murió antes de ser juzgado. 

La muerte del anciano de Senne cierra, probablemente, uno de los últimos capítulos de una persecución penal que Alemania mantuvo durante más de ochenta años, y que ahora choca con un límite que ninguna ley puede saltear: la vida de los propios acusados.