TABANO SC
Uno de los principales cambios propuestos consiste en eliminar el requisito patrimonial que actualmente debe cumplir un empleador condenado para acceder al recurso de apelación. El régimen vigente exige depositar el capital de condena, más las sumas estimadas para intereses y costas, u ofrecer bienes suficientes a embargo como garantía. El proyecto elimina ese requisito como condición para acceder a una instancia superior.
El gobierno argumenta que el sistema actual establece, en los hechos, una diferencia entre empleadores según su capacidad económica: quienes cuentan con liquidez o bienes para ofrecer en garantía pueden acceder a la revisión de la sentencia, mientras que quienes no disponen de esos recursos quedan privados de esa posibilidad.
La propuesta no elimina las medidas cautelares que pueden utilizarse para garantizar el cumplimiento de una eventual condena. Según los fundamentos, los embargos preventivos y otras herramientas de aseguramiento seguirán disponibles para los casos en que exista un riesgo concreto.
Otro de los cambios apunta al régimen de honorarios de los peritos y auxiliares de la justicia. El proyecto establece que sus honorarios no estarán vinculados con el monto reclamado, el monto de la condena, un acuerdo transaccional ni el porcentaje de incapacidad que se determine. En cambio, serán fijados por el juez de acuerdo con la naturaleza, complejidad, extensión, calidad, utilidad, celeridad y eficacia del trabajo realizado.
La regulación tendrá como límite el equivalente a ocho juristas. Además, los honorarios y gastos de los peritos y auxiliares serán afrontados por la parte condenada en costas y no podrán ser reclamados a quien no haya sido condenado a pagarlos, salvo las excepciones previstas en el proyecto.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que vincular automáticamente los honorarios con el monto del juicio puede generar regulaciones desproporcionadas respecto de la tarea realizada y, particularmente en las pericias médicas, generar un interés patrimonial asociado al porcentaje de incapacidad determinado.
El proyecto también crea tres cargos de peritos médicos dentro del Poder Judicial, con categoría equivalente a oficial superior de primera. Los profesionales integrarán un cuerpo especializado que tendrá sede en Paraná y actuación en toda la provincia.
Los cargos serán cubiertos mediante concurso público de oposición y antecedentes. Los postulantes deberán ser médicos especialistas en medicina del trabajo y/o medicina laboral, además de cumplir otros requisitos establecidos por la iniciativa.
Los profesionales tendrán relación de dependencia con el Poder Judicial y percibirán únicamente la remuneración correspondiente a su cargo. El proyecto establece incompatibilidades destinadas a evitar conflictos de intereses y preservar su independencia e imparcialidad.
El nuevo cuerpo intervendrá exclusivamente en las pericias correspondientes a procesos vinculados con la legislación de riesgos del trabajo. En esos casos, los médicos deberán aplicar obligatoriamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente y fundamentar técnicamente sus dictámenes.Según los fundamentos, el objetivo es uniformar criterios, fortalecer la independencia de los peritos y evitar que la remuneración de los profesionales quede vinculada con el resultado económico del juicio o con el porcentaje de incapacidad determinado.
El proyecto también establece que el Estado provincial, sus organismos autárquicos y descentralizados y sus empresas y sociedades estatales estarán exentos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales. La iniciativa deberá ahora ser analizada por la Legislatura provincial.
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