Cuando la realidad aprieta, Javier Milei aprieta más
Mientras cae el consumo y se degradan día a día las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, la batalla cultural del Gobierno comienza a inclinarse hacia una deriva autoritaria muy peligrosa. El proyecto de ley presentado bajo la bandera de Malvinas avanza sobre el terreno de las libertades individuales y se vuelve un riesgo para la democracia.
TABANO SCMientras se degradan día a día las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y ya ni siquiera son positivos algunos números que el Gobierno otrora señaló como la guía de modelo, la apuesta a la batalla cultural comienza a inclinarse hacia una deriva autoritaria muy peligrosa.
En efecto, el PBI cayó 0,6% en términos desestacionalizados y el consumo privado -el dato usado por Javier Milei para decir que el consumo "vuela"- cayó 2,4% en el segundo trimestre respecto del primero. Los datos de la industria y la construcción ya son conocidos y marcan derrumbes pavorosos. En este marco, la Rosada envió al Congreso dos proyectos que parecen agravar la situación, en lugar de intentar solucionarla.
El primero es un proyecto de ley presentado bajo la bandera de Malvinas que, después de recuperar sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, avanza sobre el terreno de las libertades individuales de ciudadanos. De sus 133 artículos, apenas una parte está directamente vinculada con la cuestión malvinera. El resto modifica normas de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, amplía las facultades del Poder Ejecutivo y habilita nuevas herramientas de inteligencia y persecución bajo el argumento de combatir amenazas a la soberanía.
El proyecto incorpora además elementos de la agenda de seguridad promovida por Donald Trump y Marco Rubio, con una concepción ampliada de las amenazas no estatales y nuevas facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en defensa de infraestructura crítica. Entre sus puntos más controvertidos aparece un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo que podría habilitar restricciones económicas sin orden judicial y la previsión de sanciones para quienes amenacen procesos electorales o políticos con campañas de "desinformación".
En un contexto de conflicto social inevitable, conforme empeoran los datos económico sociales, un proyecto como este se vuelve un peligro para la democracia bastante evidente. La habilitación a las FFAA para inmiscuirse en la seguridad interior es un anhelo de los libertarios casi desde el inicio y en este proyecto, como decíamos, tiene argumentos concretos para reinstalarse. La definición de qué es desinformación y qué es ejercicio cabal del periodismo o de la libertad de expresión también supone un problema si queda supeditada al arbitrio de un personaje, el Presidente, que no deja de insultar a quien dice lo que le molesta y de tratar de "mierdas humanas" a trabajadores de prensa. Quedará, quizás para tiempos que permitan mayor reflexión, la evaluación de por qué nuestra sociedad naturaliza y permite un nivel de violencia discursiva inédito en la historia democrática de nuestro país. Hoy, la urgencia indica a la oposición que deberá ser decidida para conjurar este peligro republicano
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