Cuál es el mapa de la Justicia Federal para el sistema acusatorio en Entre Ríos

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció la puesta en marcha del sistema acusatorio federal en la provincia a partir del 30 de noviembre y la cuenta regresiva se aceleró de manera tan vertiginosa como los interrogantes en torno a las condiciones necesarias para instrumentar un cambio radical en la investigación penal.

Frente a lo inevitable, la mirada de operadores judiciales consultados por Página Judicial difiere en cuanto a las condiciones que hay actualmente en Entre Ríos para dar el paso hacia el nuevo sistema. “Es un enigma saber dónde estamos parados”, sostiene un moderado. “Estamos al horno”, advierte un pesimista. “Las condiciones no son ideales, pero hay que arrancar”, dice un resignado.

Lo sabe con certeza el procurador general Eduardo Casal y tal vez eso explique la reunión que mantuvo hace unos días con los diputados nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl, según dejaron trascender, con el objetivo de “trabajar articuladamente para fortalecer las herramientas institucionales de prevención, investigación y persecución”.

El sistema acusatorio representa algo más complejo que una mera modificación procesal, sino que abre un nuevo escenario en la investigación del narcotráfico, trata de personas, contrabando, lavado de dinero y otros delitos de competencia federal.

Resulta ocioso explicar de qué se trata en una provincia donde rige desde 2007. Esencialmente, implica un cambio del paradigma del sistema actual, en el que el juez es quien dirige la investigación penal, a un proceso donde la investigación corre por cuenta exclusiva del fiscal. El juez, en el sistema acusatorio, es el encargado de velar por la legalidad del proceso, resolver las cuestiones planteadas por las partes, evaluar las pruebas y dictar una sentencia imparcial basada en los hechos presentados en el juicio.

Por lo demás, desaparece el expediente en papel, rige la desformalidad en las investigaciones y la oralidad para dirimir las discrepancias, lo que redunda en una mayor celeridad; y la producción de pruebas corre por cuenta de las partes, la fiscalía y la defensa, cada uno con su propio legajo.

En lo instrumental, el proceso estará a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti. Recientemente, en una entrevista con el programa Plaza Mansilla, que se emite por El Once Radio & Stream, resaltó que “en la academia, entre los operadores judiciales y en la política hay un consenso absoluto de que es el sistema constitucional que corresponde”. No obstante, aclaró que “la implementación implica una inversión en recursos para que el sistema funcione”.

Motores en marcha

El nuevo mapa que impone el sistema acusatorio prevé que haya un fiscal de distrito o fiscal revisor; cinco unidades fiscales, en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria; y una unidad de derechos humanos.

Sin embargo, a la fecha, cinco de ocho cargos están vacantes. Eso explica, en parte, que el procurador interino Eduardo Casal haya encendido los motores en julio pasado, convocando a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes para cubrir vacantes en las fiscalías de Paraná, Victoria y Concordia.

No dan los tiempos para que los concursos estén concluidos y los fiscales designados antes del 30 de noviembre; pero la sola convocatoria es un paso trascendente.

La ley prevé también que los actuales cargos de secretarios se reconviertan en fiscales auxiliares, pero requiere de la conformidad de cada uno y eso no ha pasado en ninguna de las jurisdicciones donde se ha implementado hasta ahora.

Esta circunstancia podría dificultar la implementación del nuevo sistema, sobre todo a la luz de algunos fallos que se han dictado en distintas jurisdicciones invalidando la actuación de fiscales interinos en ciertas instancias del proceso, como las audiencias de imputación, revisión de medidas cautelares y el momento de formular acusación y pedir una condena en los juicios.

En el caso entrerriano, la falta de fiscales titulares también obligaría a quienes sí lo son a recorrer cientos de kilómetros de una ciudad a otra para intervenir en audiencias donde no puedan hacerlo los interinos, desnaturalizando los objetivos del sistema acusatorio.

Pato rengo

Al día de hoy, la sensación que predomina entre los operadores judiciales es que las condiciones para implementar el sistema acusatorio son bastante precarias, por la falta de personal, infraestructura y equipamiento.

Sin embargo, durante 2025, la Procuración General de la Nación efectuó un análisis comparativo de la jurisdicción en torno a las características territoriales, infraestructura edilicia disponible, dotación de recursos humanos y volumen de carga de trabajo, entre otras cuestiones, con miras a la implementación del sistema acusatorio.

En la provincia, las fiscalías funcionan en edificios cedidos del Poder Judicial que carecen de espacio, por ejemplo, para recibir declaraciones de imputados y testigos, el alojamiento de detenidos o guardar objetos secuestrados. Si bien se hicieron algunas gestiones para alquilar locaciones apropiadas, no hubo avances.

Del mismo modo, los fiscales han advertido sobre la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos, humanos y físicos; desde el número de secretarías, cantidad de agentes y espacios propios en las oficinas.

Para dar una idea de cómo se trabaja, en una fiscalía trabajan diez personas, entre el fiscal, secretario, empleados y ordenanza, en dos oficinas apartadas o apenas separadas por una puerta liviana. Esa realidad se multiplica por cuatro fiscalías de primera instancia, dos de juicio y una de apelaciones.

También requieren equipamiento. La eliminación del expediente en papel se reemplaza con audiencias orales, videograbadas, pero en el Ministerio Público Fiscal no se cuenta con esa tecnología. Peor aún, el año pasado, los fiscales federales hicieron un llamado de atención al procurador por la falta de recursos informáticos para sobrellevar las investigaciones. No reclamaban computadoras, sino discos externos, pendrives o dispositivos donde poder almacenar las grabaciones de escuchas telefónicas, como quedó asentado en el informe de gestión que presentaron los fiscales entrerrianos.

Lo último para mencionar es que también se viene desarrollando un “programa de capacitación”, precario y sobre la hora de implementación del sistema, que se compone de dos bloques. El primero, especialmente diseñado para dotar a los empleados de habilidades para afrontar los primeros pasos del proceso de implementación; en el segundo bloque se trabaja sobre la adquisición de herramientas de gestión para las nuevas estructuras organizacionales y capacitaciones en técnicas de litigación para las diferentes etapas del proceso, orientadas específicamente a los fiscales.

“Las necesidades del Ministerio Público Fiscal deben ser superadas con un fortalecimiento integral en materia de recursos humanos, edilicios y tecnológicos que garantice que la implementación del sistema acusatorio se desarrolle en un contexto en el que su principal actor procesal disponga de los medios que este nuevo ordenamiento le demanda”, advirtió la Procuración General de la Nación en un informe interno.

Con los motores del sistema acusatorio en marcha, aparecen enormes desafíos para la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal en la provincia. Nada que no pueda resolverse con dinero. Aun en tiempos donde el mantra dice que no hay plata.