Una nueva situación de tensión se registra en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero”, de Gualeguaychú.
Qué está sucediendo
Alrededor de 130 internos del Módulo C de la cárcel iniciaron una huelga de hambre en reclamo de mejoras en las condiciones de alojamiento. Cabe señalar que esta unidad carcelaria será el próximo destino del exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, condenados por corrupción, quienes pidieron el traslado desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
El pedido de los defensores aún está pendiente de resolución, pero hay grandes posibilidades que la Justicia dé el visto bueno. Según consignó Máxima Online, luego del desayuno, alrededor de las 9 de la mañana de este martes, los internos comunicaron que no retirarían el almuerzo ni la cena y que continuarían con la medida hasta recibir respuestas a sus reclamos. Entre los principales planteos se encuentran la calidad de la alimentación y las condiciones para dormir, particularmente el estado y la disponibilidad de camas y colchones.
El Módulo C alberga aproximadamente 130 personas, dentro de una población que supera los 630 internos en toda la unidad penitenciaria. En este módulo se encuentran alojadas personas vinculadas a causas por violencia de género y delitos contra la integridad sexual, de acuerdo con la clasificación penitenciaria correspondiente.
La situación requiere especial atención de las autoridades, tanto por las condiciones de alojamiento como por la convivencia y la seguridad dentro del sector. La protesta se produce además en un contexto particularmente delicado para la unidad penitenciaria. La UP9 viene de quedar en el centro de la escena por una investigación relacionada con un interno que, presuntamente, habría manejado desde su propia celda una actividad vinculada a la venta de drogas al narcomenudeo.
De confirmarse plenamente las circunstancias investigadas, se trataría de un hecho de extrema gravedad, porque implicaría que una persona privada de su libertad habría podido continuar coordinando actividades ilícitas desde el interior del establecimiento. El episodio también abrió interrogantes sobre los controles internos, los mecanismos de vigilancia y la capacidad de las autoridades penitenciarias para detectar este tipo de maniobras dentro de la cárcel.
En ese contexto, la actual protesta por las condiciones de alojamiento vuelve a colocar a la Granja Penal El Potrero bajo la mirada pública y plantea interrogantes que exceden el reclamo puntual de los internos.
La huelga de hambre genera además preocupación desde el punto de vista sanitario. Por tratarse de una medida que involucra a un número importante de internos, será necesario realizar un seguimiento médico individual de quienes participan, especialmente si la protesta se extiende. Al mismo tiempo, los reclamos plantean la necesidad de abrir una instancia de diálogo entre los internos y las autoridades penitenciarias para establecer cuáles son las demandas concretas y qué respuestas pueden brindarse.
La respuesta de las autoridades
La atención está ahora puesta en la conducción de la Unidad Penal Nº 9 y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que deberán evaluar tanto los reclamos formulados en el Módulo C como las condiciones generales de seguridad y alojamiento de la unidad. Por el momento, los participantes sostienen que mantendrán el rechazo de las comidas hasta que se produzcan mejoras en las condiciones de alojamiento.La protesta vuelve a abrir una discusión más amplia sobre la realidad de la UP9: condiciones de alojamiento, alimentación, control interno y seguridad penitenciaria. Y mientras unos 130 internos reclaman por camas, colchones y comida, queda flotando una pregunta inevitable: ¿qué está pasando puertas adentro de la Granja Penal El Potrero y qué controles se están realizando para garantizar tanto condiciones dignas como seguridad dentro de la unidad?
