Piden a la Justicia que investigue si Luis Caputo benefició a una empresa de Cerimedo para que opere la Hidrovía

Una denuncia penal pidió investigar al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y al empresario Fernando Cerimedo por presuntas irregularidades vinculadas con las autorizaciones que permitieron a Sanabria S.R.L. operar en la Hidrovía. La presentación plantea que pudo haber existido un tratamiento privilegiado a favor de la firma.

El escrito fue presentado por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La denuncia también alcanza a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable a partir del avance de la investigación.

El eje de la presentación está puesto en la incorporación de Surlibre Inversiones S.A. a Sanabria S.R.L., dos firmas que integran el entramado societario de Cerimedo, tal como dio a conocer Ámbito. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, la sociedad adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de la empresa, lo que representa una participación del 30% del capital.

De acuerdo con la denuncia, Surlibre Inversiones S.A. se encuentra vinculada a Fernando Cerimedo, por lo que la operación societaria adquiere relevancia para la investigación. A partir de esa incorporación, la composición de Sanabria S.R.L. quedó distribuida en 200 cuotas correspondientes a Iván Alberto Sanabria, 150 a Sergio Ezequiel Amarilla y 150 a Surlibre Inversiones S.A.

La presentación sostiene que la incorporación de Surlibre se produjo en 2024 y que, según fuentes del sector portuario citadas en investigaciones periodísticas, Sanabria consiguió las autorizaciones necesarias para operar en el río en un plazo extraordinariamente breve.

La denuncia señala además que Sanabria S.R.L., radicada en Puerto General San Martín, originalmente desarrollaba actividades vinculadas con una guardería náutica y posteriormente reconvirtió su actividad para prestar servicios navales en la Hidrovía, entre ellos la provisión de combustible diésel a remolcadores de barcazas.

Qué rol tuvieron Luis Caputo y Arreseygor

Otro de los puntos que busca determinar la Justicia es la intervención de los organismos nacionales encargados de autorizar este tipo de actividades. La denuncia remarca que el trámite debía contar con la participación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que tiene competencias sobre puertos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo y nodos logísticos.

Al frente de esa agencia se encuentra Iñaki Miguel Arreseygor, quien había asumido en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. El escrito señala que su llegada se produjo poco antes de la incorporación de Surlibre a Sanabria y del inicio de la secuencia de autorizaciones cuestionada.

La denuncia también pone el foco en Luis Caputo, debido a que el área portuaria se encontraba vinculada al Ministerio de Economía, cartera encabezada por el funcionario. En ese sentido, el escrito menciona versiones periodísticas que atribuyen a la conducción económica una eventual intervención o conocimiento sobre decisiones adoptadas en materia portuaria.

Para el denunciante, debe determinarse si, después del ingreso de la sociedad vinculada a Cerimedo, existió una actuación particular de funcionarios públicos que permitió que Sanabria accediera en condiciones excepcionalmente favorables a un negocio que requería autorizaciones estatales.

La denuncia pide investigar la rapidez de las autorizaciones

Uno de los principales elementos que se pretende esclarecer es la celeridad con la que Sanabria S.R.L. habría obtenido las autorizaciones nacionales. La presentación sostiene que el sector portuario considera que existen importantes barreras de entrada y que acceder a las habilitaciones necesarias requiere atravesar distintas instancias administrativas y de seguridad.

El denunciante plantea como hipótesis que algunos requisitos pudieron haber sido omitidos, flexibilizados o tramitados de manera excepcional, o que determinadas intervenciones administrativas fueron aceleradas para permitir el ingreso de la empresa a la actividad.

La presentación solicita que se incorporen los expedientes administrativos para establecer qué funcionarios intervinieron, qué requisitos fueron exigidos y cumplidos, qué informes se realizaron y quiénes autorizaron finalmente la operatoria. También pide comparar los plazos y procedimientos utilizados en otros casos para determinar si Sanabria recibió un tratamiento excepcional.

Otro aspecto señalado es una presunta diferencia entre los trámites nacionales y los municipales. Según la denuncia, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín se habría indicado que Sanabria todavía tenía documentación pendiente para completar su habilitación local y que desconocían la presencia de Cerimedo y su vínculo con Surlibre.

Qué delitos busca determinar la presentación

La denuncia encuadra provisoriamente los hechos en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contemplados en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal.

Respecto del último delito, el escrito plantea que deberá establecerse si alguno de los funcionarios se interesó indebidamente en la operación vinculada con Sanabria, Surlibre o los intereses económicos relacionados con Cerimedo, utilizando las competencias propias de su cargo.

En cuanto a Cerimedo, la denuncia aclara que, al no revestir la condición de funcionario público, no podría ser considerado autor del delito de negociaciones incompatibles, aunque sostiene que debería investigarse su eventual responsabilidad como partícipe si se acreditara que realizó un aporte doloso y necesario para la comisión del hecho por parte de funcionarios.

La presentación remarca que las calificaciones legales son provisionales y que deberán ser precisadas a partir de los resultados de la investigación.

Qué pruebas solicitaron

Entre las medidas solicitadas, el denunciante pidió que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación entregue la totalidad de los expedientes, actuaciones, solicitudes, informes y antecedentes relacionados con las autorizaciones otorgadas a Sanabria.

También solicitó información a organismos como la Inspección General de Justicia, la Municipalidad de Puerto General San Martín, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Transporte, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Además, pidió documentación societaria de Sanabria S.R.L. y Surlibre Inversiones S.A., incluyendo la operación mediante la cual esta última habría adquirido el 30% de Sanabria, así como información sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y las comunicaciones mantenidas con funcionarios públicos.

Finalmente, la presentación solicita que se tenga por formulada la denuncia, que se produzca la prueba requerida y que sean citados los denunciados y cualquier otra persona que pudiera resultar penalmente responsable durante la investigación, publicó Ámbito. 

(APFDigital)