Javier Milei nos insulta a todos mientras desguaza la Argentina

Milei habló ante funcionarios y empresarios en el Council of the Americas.

También volvió a cargar contra el movimiento feminista y vinculó a los "pañuelitos verdes" y a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con la caída de la natalidad, las dificultades del sistema previsional y los problemas del crecimiento económico. Más allá de que la abyecta afirmación ya ha sido desmentida con datos muy concretos, la ofensiva volvió a colocar en el centro de su discurso una avanzada contra derechos conquistados, trasladando a las mujeres la responsabilidad por problemas que tienen causas económicas, sociales y estructurales mucho más amplias. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque nada de lo que está sucediendo obedece a algún tipo de desequilibrio del Presidente sino a un cálculo. A la crisis se le contesta con "batalla cultural". Más allá de lo planificado, el resultado puede no ser el esperado por el elenco oficialista.

La escalada no terminó con el discurso en el Council of the Americas. Al día siguiente, Milei volvió a cargar contra Marcelo Bonelli, a raíz de una columna en la que el periodista describió tensiones dentro del equipo económico y cuestionó el rumbo de la gestión. Bonelli sostuvo que, en una reunión reservada con banqueros, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría admitido que se evaluaron medidas para reactivar el consumo, pero que Milei se negaba a modificar el rumbo.

En lugar de responder con argumentos sobre el contenido de la información, el Presidente volvió a recurrir al insulto personal. Milei calificó a Bonelli de "mierda humana mal cagada", lo acusó de mentir y recordó anteriores versiones del periodista sobre una eventual salida de Caputo. Después agregó que Bonelli era un "sorete" y afirmó que se trataba de una de las "mierdas humanas" que "apuestan a que al país le vaya mal". Su raid maniaco, después de 10 días de encierro, se cerró en Rosario, en el aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad. Volvió a los insultos y aseguró que "no hay elementos para culpar al Gobierno por lo que pasa con la morosidad".

Desenfocado y desligado de sus responsabilidades, el Presidente no deja tranquilos a quienes lo quieren ayudar. En Ciara, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, calificaron negativamente el discurso. "No es bueno como señal en general, se esperaba un poquito más de moderación y de reconocimiento de los problemas, un diagnóstico más cercano a la realidad", sentenció uno de sus máximos dirigentes. Hoy, en un sector muy beneficiado por las políticas de Milei, aseguran que en los últimos 15 días el ánimo empresarial ha ido mutando y lo que se consideraba hace un mes atrás como un resultado electoral contundente del oficialismo el año que viene, ya no es tan seguro. "Hay muchas dudas sobre la evolución de la economía en 2027 y, cuando eso pasa, se para la inversión", concluyeron en Rosario.

El sector tuvo una buena noticia esta semana con la publicación de los pliegos de privatización del Belgrano Cargas. Como anticipamos la semana pasada en esta columna, el Gobierno incorporó una cláusula que impide participar a empresas bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros. La "cláusula anti-China" ya se había instituido en la Hidrovía y fue promovida por las compañías cerealeras, donde Cargill tiene mucha ascendencia, especialmente desde que tomó Vicentin de la mano de la familia Grassi. Cargill es el brazo armado granario de los Estados Unidos.

El Presidente cerró la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Mientras en un sector beneficiado por el modelo surgen dudas, en otros ámbitos la situación es desesperante. En su discurso de homenaje a San Martín, Milei habló de un rol protagónico de las fuerzas armadas y de seguridad, pero la realidad indica que sus efectivos están postrados. El 25% de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad con créditos bancarios está en mora, más del doble del promedio del resto de los empleados estatales, que alcanza el 10,8%. La proporción pasó del 8% a mediados de 2024 al 25% actual.

El endeudamiento se produce por salarios deteriorados, aunque el Presidente niegue responsabilidades. Más del 65% de oficiales y suboficiales percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Un piloto de F-16 cobra entre $1,3 y $1,5 millones, mientras que un cabo segundo no llega a $900.000. En los créditos del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, las cuotas pueden absorber hasta el 40% del salario. En el área de las fuerzas federales de Seguridad, la propia ministra, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios dentro de las fuerzas federales aumentaron un 30% en 2025 respecto de 2024.

El problema no se circunscribe solo a los efectivos. La Armada anunció reducir las actividades de la histórica Base Aeronaval Punta Indio y trasladar a Bahía Blanca unidades y personal. La medida afecta a una estructura que representa una fuente central de empleo para la localidad, con alrededor de 300 militares y 185 trabajadores civiles vinculados a la base. Lo que para el Gobierno aparece como una reorganización presupuestaria, según el intendente de Punta Indio, representa la pérdida de $500 millones mensuales.

Hay otra noticia, que no es responsabilidad del gobierno de Milei pero complementa la escena y tiene que ver con los cinco Súper Étendard Modernisé comprados a Francia durante el gobierno de Mauricio Macri por cerca de u$s15 millones. Las aeronaves llegaron al país en 2019 con el objetivo de recuperar la capacidad de ataque de la Aviación Naval. Sin embargo, ninguno realizó jamás un vuelo operativo bajo bandera argentina. La puesta en servicio quedó trabada por la falta de repuestos, certificaciones vencidas y componentes críticos de origen británico, entre ellos los cartuchos de los asientos eyectables, afectados por el embargo militar del Reino Unido. Una auditoría de SIGEN también cuestionó aspectos de la operación. Los cinco aviones permanecieron durante años almacenados en la Base Aeronaval Comandante Espora hasta que fueron retirados definitivamente.

Al mismo tiempo que se achican bases y se deterioran las condiciones del personal, el Gobierno avanza sobre las capacidades industriales de la Defensa. Según denunció ATE, busca incorporar capital privado a Fabricaciones Militares mediante una Unión Transitoria en la que el privado tendría al menos el 51% de participación y tres de los cinco integrantes del Comité Ejecutivo. El contrato podría extenderse por 35 años y abarcaría una empresa estratégica que concentra capacidades vinculadas con químicos, explosivos, pólvoras, municiones, armamento y actividad metalmecánica.

El planteo sindical adquiere mayor gravedad porque el esquema permitiría la participación de empresas extranjeras y establecería una cláusula de no competencia durante 35 años, limitando la posibilidad del Estado de producir por cuenta propia determinados bienes militares. Si el Estado rescindiera anticipadamente el contrato por razones de interés público o defensa, debería pagar las inversiones no amortizadas más un 10% adicional. Mientras tanto, quedarían en manos estatales los pasivos ambientales históricos de las plantas y no existiría, según la denuncia, una garantía suficiente de estabilidad laboral.

La misma lógica de reducción del patrimonio público aparece fuera del área militar. El Gobierno autorizó la venta de terrenos estatales en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego. La explicación oficial es que se trata de inmuebles ociosos o innecesarios cuyo desprendimiento permitirá reducir gastos y generar recursos para el Tesoro.

Volviendo al problema que Milei niega, el endeudamiento ya se convirtió en un reclamo social organizado. La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales y autoconvocados realizaron la denominada "Marcha por los endeudados" frente al Ministerio de Economía para denunciar el impacto de la morosidad sobre familias y pequeñas y medianas empresas. El petitorio sindical reclamó al Banco Central topes a las tasas y costos financieros de préstamos bancarios, billeteras virtuales y entidades no bancarias; un rescate para las pymes sobreendeudadas, cuyo capital de trabajo está comprometido; y un programa integral de refinanciación, con quitas de punitorios, extensión de plazos y cuotas vinculadas a la evolución real de los ingresos. El diagnóstico es que el endeudamiento ya está afectando la economía real porque las familias destinan una proporción creciente de sus ingresos a cuotas e intereses, cae el consumo, las pymes pierden ventas y financiamiento y quienes quedan fuera del sistema bancario terminan recurriendo a circuitos informales con tasas usurarias.

El fenómeno tiene además un rostro generacional. Los jóvenes, que fueron uno de los principales bastiones electorales de Milei en 2023, aparecen entre los sectores más afectados por el deterioro del empleo y el endeudamiento. Datos del INDEC muestran que la desocupación entre los jóvenes de 18 a 29 años se mantiene muy por encima de la tasa general: en el cuarto trimestre de 2025, la tasa alcanzó el 16% entre los varones y el 16,6% entre las mujeres, frente a una desocupación general del 7,5%. Un estudio del Instituto Universitario CIAS sobre jóvenes de 16 a 24 años de barrios populares del AMBA encontró que el 57% tuvo que pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El mismo relevamiento mostró que el 75% considera que la situación económica empeoró durante el último año. Entre quienes habían votado a Milei en 2023, apenas el 58% afirma que volvería a hacerlo, mientras que el 42% ya no repetiría aquel voto o duda en hacerlo. El desencanto, sin embargo, no se traduce automáticamente en otro voto. Una parte importante de quienes abandonan al Presidente se inclina por el voto en blanco o la abstención.

Lo que leen los empresarios que se reunieron en el Council of Americas y en la Bolsa de Rosario es que el deterioro económico se cruza así con un cambio en la percepción política de las mayorías. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio respecto del mes anterior.

Otro frente que exhibe la disgregación política y territorial que atraviesa al país es la pelea entre gobernadores por los subsidios energéticos. El Gobierno convirtió la escasez que impuso a las provincias en una negociación de "manta corta" en la que, para conseguir los votos del Norte para recortar los subsidios al gas en las llamadas zonas frías, Luis Caputo se comprometió a ampliar los topes de consumo eléctrico subsidiado en las provincias "cálidas" y "muy cálidas", de 300 a 550 kWh y de 150 a 300 kWh, respectivamente.

El resultado es una lógica de todos contra todos. Norte contra Patagonia, gobernadores contra gobernadores, aliados contra aliados y el Gobierno negociando votos a cambio de beneficios particulares, en lugar de una política energética nacional que contemple las diferencias regionales sin convertirlas en una guerra por los recursos. La pelea por quién soporta el costo del ajuste termina así profundizando las diferencias territoriales y mostrando una Argentina cada vez más fragmentada, donde cada provincia intenta salvarse por su cuenta. Un territorio con varias ligas de provincia no es una nación. Y la nación se desintegra mientras Milei nos insulta a todos.