Servicio Penitenciario: una sobrepoblación del 16% y una deuda de Nación de 271 millones de pesos

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos tiene una sobrepoblación carcelaria del 16% que crece sostenidamente desde 2022, con picos de hasta el 39% en unidades puntuales; una ejecución presupuestaria de apenas 23% a mitad del ejercicio 2026; una deuda de Nación con la Provincia por alojamiento de internos federales que, pese a un pago reciente, sigue acumulándose y llega a los 271 millones de pesos. Los datos fueron confirmados a ANÁLISIS por las propias autoridades del Servicio Penitenciario, al responder un pedido de acceso a la información pública. Allí también se da cuenta de una salida creciente de personal por retiro voluntario en simultáneo con la incorporación de nuevos agentes; y un patrón de compras menores fuertemente atomizado entre numerosos proveedores individuales, en contraste con la concentración de las adquisiciones más sensibles -cámaras y equipamiento de seguridad- en un único proveedor.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) respondió el pedido de acceso a la información pública solicitado por este medio con un extenso documento de dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas describe “un profundo proceso de transformación institucional” entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. La segunda, de más de treinta páginas, son los anexos técnicos con tablas, gráficos y cifras puntuales -el informe propiamente dicho- que en varios pasajes matizan o directamente contrastan con la lectura optimista de la carta de acompañamiento.

El dato más significativo de todo el informe aparece en una tabla de “capacidad edilicia” que compara, unidad por unidad, las posibilidades de alojamiento de cada penal con la cantidad real de internos alojados a julio de 2026. El resultado es una sobrepoblación total de 440 internos sobre una capacidad de 2.736 plazas, es decir, un 16,1% por encima de lo que las unidades están diseñadas para alojar. La situación es dispar entre establecimientos: la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, con capacidad para 150 internos, aloja 209 -un 39,3% de sobreocupación, la más alta de la provincia-; la Unidad Penal Nº8 de Federal tiene 134 internos sobre 100 plazas (34% de exceso); la Unidad Penal Nº7 de Gualeguay, 252 sobre 200 (26%); y la Unidad Penal Nº1 de Paraná, la más grande de la provincia, aloja 1.049 internos sobre una capacidad de 900 (149 de más, un 16,6%). La única dependencia por debajo de su capacidad es el Anexo Femenino de la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú, con 37 internas sobre 56 plazas.

Esta sobrepoblación es consistente con la curva de crecimiento poblacional que el propio informe expone: la cantidad de personas alojadas al último día hábil de cada año pasó de 2.540 en 2022 a 2.646 en 2023, 2.826 en 2024, 2.985 en 2025 y 3.176 en 2026, es decir, un crecimiento acumulado del 25% en cuatro años. Un segundo gráfico, de proyección mensual para 2026, muestra un ingreso de 192 internos entre el 30 de enero y el 15 de julio de ese año (un promedio de 27 por mes) y proyecta que, de mantenerse el ritmo, la población alcanzará los 3.311 internos para el 31 de diciembre de 2026. Es decir, el propio Servicio Penitenciario documenta con sus propios datos una sobrepoblación creciente al mismo tiempo que su nota de elevación afirma haber “logrado responder con eficacia al crecimiento sostenido de la población carcelaria”.

Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Presupuesto y videovigilancia

En el marco de la Ley Provincial Nº 11.234 de Presupuesto General 2026, al Servicio Penitenciario se le asignó un crédito de $11.551.040.000, equivalente al 0,18% del presupuesto general de la administración provincial. Al momento de elaborar el informe (23 de julio de 2026), el organismo registraba un gasto devengado de $2.681.399.000, lo que representa apenas el 23,2% del crédito asignado para todo el año, con más de la mitad del ejercicio ya transcurrido.

El desglose de esa ejecución por partida muestra que el rubro Alimentos concentra el 63,4% de lo gastado hasta julio ($1.700.000.000 sobre $2.681.399.000), seguido por Bienes de Consumo (11,8%, $316.000.000), Energía (7,6%, $204.000.000) y Combustibles y Lubricantes (6,9%, $184.899.000). En el presupuesto total asignado para 2026 -sin incluir gastos en personal, que se financian por Inciso 1 aparte- el rubro Alimentos también domina con el 70,2% de $9.312.200.000 en partidas operativas ($6.534.734.000), seguido por Energía (8,7%, $810.000.000) y Combustibles (6,3%, $582.000.000). El presupuesto de alimentos para reclusos y personal viene creciendo con fuerza: de $4.010.221.300 en 2024 a $5.878.000.000 en 2025 y $6.534.734.000 en 2026, un incremento del 63% en dos años, consistente con el crecimiento de la población penal antes descripto.

El sistema de videovigilancia interno de las unidades penales pasó de 180 cámaras operativas en diciembre de 2023 a 355 actualmente, un incremento del 97%, con otras 200 cámaras adicionales previstas para instalación próxima. que llevarían el total a 555, casi el triple de la cobertura original. El detalle por unidad penal es: UP1 Paraná 30 cámaras, UP3 Concordia 28, UP4 Concepción del Uruguay 35, UP5 Victoria 25, UP6 Femenino Paraná 32, UP7 Gualeguay 40, UP8 Federal 15 y UP9 Gualeguaychú 150. Esta última -ubicada en un predio amplio, sobre la ruta a Fray Bentos-, dispone de más cámaras que todas las demás unidades juntas: concentra el 42% del sistema. En el informe, el Servicio Penitenciario aclaró expresamente que no posee contrato con empresas externas de video vigilancia: los centros de monitoreo de cada unidad son operados directamente por personal propio de cada dependencia.

El sistema de cámaras fue adquirido, según el informe, a través de la empresa Equicred SRL, mediante concurso de precios con cotización y compra directa, la misma modalidad y, notablemente, el mismo proveedor que aparece luego en buena parte de las compras de equipamiento general del organismo (electrodomésticos, mobiliario, telefonía), lo que sugiere una fuerte concentración de las adquisiciones del Servicio Penitenciario en un proveedor único para rubros muy heterogéneos. La empresa es de Paraná, opera desde 2020 y no tiene otros contratos con el Estado entrerriano ni de provincias vecinas, ni municipios de la zona.

Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

Celulares secuestrados y sustancias

El informe enviado a ANÁLISIS compara el secuestro de teléfonos celulares en dos períodos: entre 2014 y 2023 (diez años) se secuestraron 3.469 equipos, un promedio de 347 por año. Entre 2024 y lo que va de 2026 (dos años y ocho meses) se secuestraron 2.157 equipos (708 en 2024, 799 en 2025 y 650 en 2026), un promedio de 808 por año: 2,3 veces la tasa anual histórica. El informe atribuye esta suba al fuerte incremento en la frecuencia de las requisas, que pasaron de aproximadamente 4 por mes por unidad penal en gestiones anteriores a 20 o más por mes desde 2024. O sea, un aumento del 400%.

A la vez se indicó que se destruyeron “más de cuatro mil teléfonos celulares utilizados para la comisión de delitos desde el interior de las cárceles”, una cifra que casi duplica los 2.157 celulares secuestrados en el mismo período de la gestión actual (2024 a 2026), lo que indica que la cifra de destrucción incluye stock acumulado de secuestros de años anteriores a 2024, no solo los incautados durante la actual gestión. Además, mediante el decreto Nº 3005 (31 de octubre de 2025) se ratificó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, el SPER y la Policía de Entre Ríos para transferir a la División 911 aquellos celulares secuestrados en condiciones de ser reutilizados, con destino al sistema de botón antipánico para víctimas de violencia de género: a la fecha del informe se habían entregado 39 equipos bajo esta modalidad.

El anexo estadístico de secuestros de sustancias prohibidas dentro de las unidades penales muestra, año a año: envoltorios de sustancia fraccionada, 1.521 en 2024; 1.894 en 2025 y 2.015 en 2026. En cuanto a elementos corto punzantes, 248, 386 y 188 respectivamente; y pastillas psicofármacas, 917, 757 y 146. En gramos, la marihuana secuestrada fue de 5.297,91 en 2024; 10.010,8 en 2025 y 2.875,91 en 2026, mientras que la cocaína fue de 1.536, 1.717,17 y 1.120,047 gramos, respectivamente. El propio detalle mensual del informe muestra que estos secuestros se concentran entre enero y junio, con los meses de julio a diciembre en cero, lo que confirma que la serie 2026 es parcial (primer semestre) y no debe compararse directamente, en términos anuales, con los datos completos de 2024 y 2025.

Unidad Penal N° 3 de Concordia.

Más ingresos, más retiros y más sumarios

La dotación total del Servicio Penitenciario es de 1.446 funcionarios, distribuidos en 504 Agentes, 224 Cabos, 153 Cabos Primero, 93 Sargentos y una línea de mando que va de 4 Inspectores Generales hasta 1 Adscripto. Por dependencia, la Unidad Penal Nº1 de Paraná concentra la mayor planta (329 funcionarios), seguida por la Nº9 de Gualeguaychú (234) y el Instituto de Formación Penitenciaria (118). El informe destaca que entre 2019 y 2023 no hubo ampliación de planta, y que la gestión actual incorporó 40 cargos de Agente por Ley 11.158 (2024), 50 cargos de Agente y 15 de Oficial Subadjutor por Ley 11.241 (2025), 5 cargos cedidos por la Cámara de Diputados (2026) y tiene en trámite una ampliación de 100 cargos adicionales para 2026, ya autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ingresos totales fueron de 62 en 2024, 60 en 2025 y ya 94 en lo que va de 2026, incluyendo, este último año, 56 aspirantes.

Sin embargo, las bajas por retiro voluntario muestran una tendencia creciente y opuesta: 20 en 2024, 29 en 2025 y ya 37 en el tramo de 2026 relevado (con el año aún sin terminar), lo que sugiere una salida de personal experimentado que corre en paralelo al ingreso de nuevos agentes. Las cesantías, en cambio, son marginales: 4 en 2024, 2 en 2025. En cuanto a ascensos del personal superior, la cantidad fue sensiblemente mayor en 2024 (216 ascensos sumando todas las jerarquías) que en 2025 (98) o en el tramo de 2026 relevado (111), un patrón típico de una primera etapa de regularización de vacantes seguida de una normalización del ritmo de promociones.

En tanto, a la fecha de corte del informe (14 de julio de 2026), había 21 funcionarios penitenciarios bajo investigación sumarial, lo que el propio organismo destaca como “menos del 2%” del personal total. El informe reconoce que al inicio de la gestión se trabajó en resolver sumarios de “vieja data”, incluyendo la expulsión de funcionarios condenados penalmente por delitos como violencia de género y desobediencia judicial. También aclara que, por imperio de la Ley 5.797, todo el personal sumariado pasa automáticamente a revistar en situación de disponibilidad, y que el plazo reglamentario de 90 días para resolver los sumarios administrativos se ve “ampliamente superado” en los casos donde hay una causa penal en paralelo.

Unidad Penal N° 7 de Gualeguay.

La deuda de la Nación

Uno de los datos más relevantes del informe, en línea con lo detectado en otras dependencias provinciales durante esta misma campaña de acceso a la información, es el estado del convenio de 2004 entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, por el cual Nación debe reintegrar a la Provincia los gastos de alojamiento de internos federales alojados en unidades penitenciarias provinciales. El valor de referencia por interno y por día se actualizó de $75 (2011) a $104 (2012) y, recién en 2024 -doce años después-, a $2.000 por interno y por día mediante la Resolución Nº 610/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con vigencia retroactiva al 1º de enero de ese año.

El 20 de febrero de 2026, el Estado Nacional pagó $183.163.125 en concepto de reintegros devengados entre el 1º de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Es decir que saldó una deuda correspondiente a un período que había cerrado 14 meses antes del pago. Pese a ese pago, el informe reconoce que a la fecha de su redacción la Provincia tiene un saldo pendiente de reintegro estimado en $271.803.000, correspondiente a las acreencias devengadas durante todo 2025 y el primer semestre de 2026: una deuda nacional pendiente mayor, en términos nominales, que la que recién se saldó para un período equivalente.

El anexo de “Equipamiento y Tecnología” para el ejercicio 2026 detalla una nómina de adquisiciones tramitadas, en su enorme mayoría, mediante concurso de precios con cotización y compra directa, un mecanismo por debajo del umbral de licitación. La lista incluye más de veinte proveedores distintos (muchos de ellos personas físicas y no empresas) para ítems como heladeras, freezers, ventiladores, aires acondicionados, handies de comunicación, CPUs, notebooks, impresoras, sillas, escritorios, motoguadañas, termotanques, electrobombas y balanzas. Se destacan compras específicas de equipamiento de seguridad: 80 chalecos y 6 cascos a la Cooperativa de Trabajo CTC, 50 juegos de esposas y un lote de uniformes completos (camisas, quepis, escudos bordados, hombreras, sables cortos, guayaberas, pectorales y borceguíes) a la empresa Uniformes Patria, y cuatro furgones utilitarios Mercedes Benz Sprinter 311 a Automotores Mega SAS en 2025.

Este patrón de fragmentación en numerosas compras directas de bajo monto, repartidas entre una veintena de proveedores para artículos de bajo valor unitario (ventiladores, sillas, electrodomésticos), contrasta con la modalidad de compra concentrada que sí se observa en los rubros más sensibles -cámaras de seguridad y buena parte del equipamiento general, adjudicados a un único proveedor, Equicred SRL- y sugiere una gestión de compras menores atomizada, posiblemente vinculada a la descentralización presupuestaria que el propio informe reconoce para cada unidad penal.

En materia de combustible, el SPER opera bajo el mismo esquema YPF en Ruta que utiliza la Policía provincial, autorizado por Decreto Nº 90/18 GOB, mientras que el servicio de energía eléctrica de las unidades penales es abonado directamente a la empresa ENERSA. Las compras de alimentos, mantenimiento de flota y demás bienes y servicios corrientes se gestionan de manera descentralizada por cada unidad penal, con presupuesto propio asignado, mayoritariamente mediante concurso de precios.

Unidad Penal N° 5 de Victoria.

Canes, tobilleras e infraestructura

El informe destaca la incorporación de ocho binomios de agentes caninos (Zeus, Jagger, Emma y Oliver en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Zoe en la Nº 9 de Gualeguaychú. Apolo y Toto en la Nº 5 de Victoria. Y Tina en la Nº 8 de Federal), presentada como una herramienta nueva para tareas de requisa y detección de sustancias. En materia de vigilancia electrónica, el Gobierno provincial incrementó a 240 la cantidad de tobilleras electrónicas activas para el control de personas bajo arresto domiciliario, administradas directamente por el SPER en el marco de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación de 2017.

En tanto, el listado de obras de infraestructura por unidad penal, clasificadas como finalizadas, en ejecución o previstas, muestra un patrón consistente en casi todas las dependencias: la mayoría de las intervenciones ya finalizadas son de bajo costo relativo -remodelación de cocinas, oficinas, sanitarios, cerramientos perimetrales-, mientras que las obras de mayor envergadura, como la ampliación de pabellones para aumentar la capacidad de alojamiento, figuran mayormente como “previstas”: el nuevo pabellón para 75 internos en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú (Expediente Nº 3146619/24) y el anexo de nuevos pabellones en esa misma unidad (Expediente Nº 3087786/24) todavía no están ejecutados, pese a que Gualeguaychú es, junto con Paraná, una de las unidades con mayor sobrepoblación relativa en pesos absolutos. La única obra de ampliación de pabellones en ejecución activa es la de la Unidad Penal Nº8 de Federal (Nuevo Pabellón de Alojamiento y Sector Anexo, Expediente Nº 3031643/24), tramitada por licitación pública.

FUENTE: ANALISIS.