Perú: tribunal de justicia fija fecha para iniciar proceso contra expresidente Toledo

La Justicia peruana comenzará el próximo 21 de octubre el control de la acusación por presunta corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo quien se encuentra actualmente en proceso de extradición en Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, según informó el Poder Judicial en Twitter. El magistrado programó la "audiencia virtual preliminar de control de acusación mixto" en la investigación que se sigue contra Toledo y otros acusados por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

La medida se anunció un día después que el magistrado Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco (EE.UU.), decidiera que Toledo puede ser extraditado a Perú, donde es acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario desde el estallido de la pandemia, en marzo de 2020.

Con el visto bueno de la justicia estadounidense, tras un proceso que demoró más de dos años, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre la extradición del exmandatario peruano. Al respecto, el fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, consideró que es "poco probable" que Blinken tenga una "evaluación distinta" sobre la extradición, aunque no descartó que la defensa de Toledo recurra a otros mecanismos legales para intentar retrasar o frenar su entrega a su país.

Precisamente, el propio Toledo anunció a Efe que pedirá un "habeas corpus" a la justicia estadounidense, el único recurso legal que le queda tras la sentencia de Hixson, en el que pone en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa. Ese recurso no paralizará automáticamente la extradición y le corresponderá a la corte estadounidense que lo examine decidir si se suspende el proceso mientras resuelve el caso.