Concejales piden al Tribunal de Cuentas auditar la millonaria contratación de VITSA para la recolección de residuos

El pedido apunta a que el Tribunal, en su carácter de órgano de control externo de la hacienda pública municipal, revise la legalidad y razonabilidad del proceso administrativo que derivó en la adjudicación del servicio. Según plantearon, la contratación comprometería más de 3.000 millones de pesos anuales del presupuesto municipal, por lo que consideran imprescindible determinar si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público.

Control administrativo paralelo a la investigación judicial

En la presentación, las concejalas remarcan que la existencia de una investigación judicial en curso no excluye la actuación de los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, sostienen que el Tribunal de Cuentas debe intervenir de manera preventiva mientras avanzan las actuaciones en sede penal.

El pedido incluye que el organismo evalúe:

• la legalidad del procedimiento administrativo utilizado

• la razonabilidad económica del contrato

• la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria

• los informes técnicos y jurídicos que respaldaron la contratación

• el impacto patrimonial para el municipio

“No es una discusión política, es una cuestión de control público”

Amiano y Villalba señalaron que el caso trasciende cualquier debate partidario, ya que involucra recursos municipales y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. Por ese motivo, solicitaron que el Tribunal requiera toda la documentación del expediente, audite el proceso y determine si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.

La presentación se produce luego de que trascendieran cuestionamientos públicos sobre la contratación, a partir de denuncias que señalan presuntas irregularidades en los plazos, en la modalidad de adjudicación y en el volumen de fondos comprometidos.

“El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia y sin perjuicios para el patrimonio municipal”, expresaron las concejalas.