“Hay mucha preocupación con este proyecto, y no solamente de los jueces, sino de todo el arco de jubilados -analiza Hugo González Elías, exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ahora retirado de la Justicia-. Por ahí se ha hecho énfasis en que seríamos los más perjudicados. En realidad, a mi entender, todos los jubilados van a ser perjudicados. Tal vez en el discurso oficial se ha puesto el énfasis como que determinadas jubilaciones son las causantes del déficit, cuando en realidad no es así. Y lo que veo es que hay un discurso que omite una serie de consideraciones que tienen que ver con problemas estructurales. O los ven con un solo ojo”.
En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 González Elías ponderó la pretensión del Poder Ejecutivo de volver “sustentable” al sistema previsional entrerriano. “Eso me parece un gran acierto y por fin empezamos a tratarlo. Ahora bien, me preocupa que no todo es muy transparente, ni se habla en base a datos que verdaderamente pongan las cosas en su lugar. Es decir, por lo pronto, nadie puede sostener, y eso es una verdad obvia, de que la culpa es del gobierno. Acá hay un problema estructural, como dicen ellos, porque viene de hace mucho tiempo, y el gran responsable es el Estado provincial. ¿Por qué? Y porque hace mucho tiempo que se vienen tomando decisiones antisistemas de parte del Estado, como, por ejemplo permitir que haya cajas municipales, que es único en el mundo. Todos esos municipios que tienen caja tuvieron dinero fresco durante mucho tiempo que desfinanció la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Eso ya fue un error que nadie advirtió, nadie dijo nada”.
Y apuntó: “Otro gran problema que viene de hace mucho tiempo también y ahora se ha recrudecido es el de la falta de los aportes. Es decir, se establecen aumentos que en la Constitución provincial están vedados. Hay un hay un artículo, el artículo 82, inciso e), que lo incorporó la reforma del 2008. Ahí la Constitución dice que no puede haber montos en negro en el salario de los empleados públicos. Eso es es mucho dinero que no entra y que defincia. Ni qué hablar de otro sistema pernicioso también, antiguo, pero que este este Gobierno lo ha mantenido, que es el sistema de los empleados no aportan, porque los concursos nunca existieron en la Administración Pública. Entonces, hay una especie de escalafón paralelo, que empieza con un contrato de locación de obra. Siempre en el Estado se entra por la ventana. Todos, de alguna manera, han entrado por la ventana. No es que esto sea un reproche del contratado, sino que el sistema nunca cambia, y nunca terminan de hacerse los concursos. Hacen anuncios y nunca se llevan cabo. Y estos contratos de obra no aportan a la Caja. ¿Y sabe qué? Son un universo muy grande, y mucha de esa gente, termina yéndose del Estado porque consiguen un mejor trabajo. Estas cosas, lamento decirlo, no tienen debate”.
Niega González Elías que los jueces tengan un ingreso que los aparte del resto de la Administración Pública. “Podríamos decir que si tenemos altos sueldos, tenemos mejores aportes a la OSER; y por eso mismo deberíamos tener un tratamiento VIP, por decirlo de alguna manera, y no es así. Fui el abogado que, estando en Iosper, tuve el logro de haber ganado ese juicio cuando los jueces se querían ir de Iosper, diciéndole que todos hacían el mismo aporte, entonces todos tenían derecho a la misma prestación”.
-¿Ve algún riesgo de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma previsional?
-Hay muchos aspectos del proyecto que no son inconstitucionales. Por ejemplo, aumentar la edad puede resultar antipático. Pero yo puedo hablar, porque como no soy juez, no adelanto sentencia. Entonces, tengo que decir que régimen de emergencia que se propone en el proyecto es absolutamente inconstitucional, porque hace delegación de facultades amplísimas, y eso está prohibido por la propia Constitución. La Constitución no es una expresión de deseos. Es la máxima norma, y tenemos una muy buena Constitución que si la cumpliéramos, no solamente nos daría mejores instituciones, sino que evitaría esto que luego termina siendo un achaque a los abogados. Se habla mucho de la industria del juicio. Pero si vos vas a dictar una reforma previsional que, de alguna manera, viola la Constitución y viola derechos alimentarios básicos, ¿cómo no van a hacer juicio? Va a haber una catarata de juicio, y resulta que después los culpables son los abogados que quieren ganar honorarios.
El exmagistrado sostiene que el “ajuste” implícito en la ley puede generar opiniones diversas, aunque enseguida plantea que “lo que no puede hacerse es delegación de facultades”.
“A mí me preocupa también lo que son las mayores potestades que se le dan también al presidente de la Caja y al propio Gobernador, permitiéndoles hacer modificaciones que son las más sustanciales. Es como que el legislador acá da un paso al costado, y queda un presidente de la Caja que, a mi entender, desde que está en funciones ha dictado muchísima normativa interna que es verdaderamente generadora de un montón de juicios que que ya están tramitándose, lo cual, este, es algo, una situación como yo le llamaría oscura”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
