Los jueces le ponen freno a Frigerio: advierten que la reforma previsional puede terminar en los tribunales

No hay handicap para aprobar tal cual envió el proyecto el gobierno. Los jueces alertaron sobre su inconstitucionalidad.

La reforma previsional que el gobernador Rogelio Frigerio intenta impulsar en Entre Ríos encontró un adversario de peso: los propios jueces y fiscales de la provincia. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (Amfjer) envió notas formales al mandatario y al titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, con un diagnóstico que no deja mucho margen para el optimismo oficial: la reforma, tal como está planteada, es regresiva, inédita en el país en algunos de sus aspectos, y podría desatar una ola de litigios judiciales contra el propio Estado provincial.

La fórmula de movilidad, el punto más explosivo

El capítulo más delicado del documento tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria que el gobierno propone incorporar, similar a la de la ley nacional 27.609. Los magistrados no se andan con rodeos: esa fórmula ya fue declarada inconstitucional por cámaras federales de Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Resistencia, Corrientes, Bahía Blanca y Mar del Plata, por considerarla confiscatoria y regresiva, con una pérdida del poder adquisitivo jubilatorio de hasta el 57% en apenas tres años. De hecho, el propio gobierno nacional la reemplazó mediante decreto, reconociendo en sus fundamentos que tuvo "resultados desastrosos para los jubilados".

Llevar esa fórmula al nivel provincial, advierten los jueces, "podría dar lugar a numerosos procesos judiciales expeditos en contra de la Caja de Jubilaciones y del Estado Provincial". Una advertencia que, viniendo de quienes serán los encargados de resolver esos eventuales conflictos, no es menor.

Un proyecto que rompe con todos los antecedentes del país

Las críticas no se detienen allí. Sobre la historia laboral para calcular el haber inicial, los magistrados señalan que la propuesta de tomar los últimos 30 años de actividad no tiene ningún antecedente en el país ni en Latinoamérica: todas las cajas provinciales no transferidas a la Anses usan los últimos 10 años como base de cálculo, el mismo criterio que aplica el sistema nacional.

Tampoco tiene precedentes la exigencia de 35 años de aportes para acceder a la jubilación ordinaria, frente a los 30 actuales, algo que además golpea con mayor fuerza a quienes se acogen a regímenes especiales.

La reducción del haber de pensión por fallecimiento del 75% al 70% también recibe cuestionamientos, por tratarse de una medida claramente regresiva.

El ajuste lo pagan los trabajadores, no el sistema

Uno de los señalamientos más políticos del documento apunta a que la reforma carga todo el peso del ajuste sobre los trabajadores activos y los jubilados, mientras deja intactos los conceptos salariales que hoy no aportan a la Caja: contratos de obra, bonos, horas extras, adicionales no remunerativos, módulos y viáticos, entre otros. Para los magistrados, blanquear esos conceptos sería una fuente de financiamiento genuina que el proyecto ignora.

Un apoyo parcial y muchas condiciones

La Amfjer no rechaza la reforma en bloque. Respalda el mantenimiento del 82% del sueldo bruto como base del haber inicial, considerándolo una medida acertada. Pero la lista de objeciones es sustancialmente más larga que la de acuerdos, y el tono del documento no deja dudas: los jueces y fiscales entrerrianos miran con profunda desconfianza lo que el gobierno de Frigerio pretende hacer con la Caja de Jubilaciones de la provincia.