

La educación pública no se negocia
La reciente decisión del gobierno provincial de suspender carreras en instituciones emblemáticas de Concordia no puede leerse como un simple ajuste administrativo. Se trata de un golpe directo al corazón de la educación pública, un derecho conquistado por generaciones y que hoy se ve amenazado por una lógica de recorte que desconoce su valor social y cultural.
Las escuelas y profesorados afectados —entre ellos la Escuela Normal Superior Nº 15 y el Instituto Técnico Superior de Concordia— no son meros edificios: son espacios donde se forman ciudadanos críticos, profesionales comprometidos y docentes que sostienen la vida comunitaria. Reducir su oferta académica equivale a cercenar oportunidades, quebrantar proyectos de vida y precarizar el futuro de cientos de jóvenes.
El Consejo Departamental del PJ de Concordia lo expresó con claridad: la medida no solo impacta en los estudiantes, sino también en los trabajadores de la educación, que ven peligrar sus puestos de trabajo. Pero más allá de lo laboral, lo que está en juego es la integralidad de la educación. Limitarla a la enseñanza básica de lectura y escritura, como denuncian gremios y organizaciones sociales, es retroceder décadas en la construcción de ciudadanía y pensamiento crítico.
La educación pública es mucho más que un servicio: es un pilar democrático. Despojarla de su integralidad es convertirla en un instrumento funcional a la desigualdad social. Por eso, las movilizaciones que se convocan cada miércoles no son solo un acto de resistencia gremial, sino una defensa activa de un derecho fundamental.
En este contexto, el llamado a la unidad y a la acción organizada resulta imprescindible. La frase de Paulo Freire citada por el Consejo —“Si no puedo, por un lado, estimular los sueños imposibles, tampoco debo, por el otro, negar a quien sueña el derecho de soñar”— resume la esencia de esta lucha: defender la posibilidad de soñar con un futuro mejor, a través de la educación.
La sociedad entrerriana debe comprender que lo que hoy se discute no es un plan de estudios ni un presupuesto, sino el modelo de provincia que queremos. ¿Una provincia que recorta derechos y oportunidades, o una que apuesta a la formación de ciudadanos libres y críticos? La respuesta se construye en las calles, en las aulas y en la conciencia colectiva.
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