La Justicia de EEUU suspendió de forma temporaria la entrega de las acciones de YPF y ahora decidirá la Corte de Apelaciones

Argentina consiguió algo más de tiempo en el juicio por la expropiación de YPF, que se cursa en Estados Unidos.

La Cámara de Aleaciones del Segundo Circuito, decidió la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, quien días atrás falló a favor de Burford Capital y ordenó entregarle a este bufete que compró los derechos y litigar en la causa y es el principal beneficiario de la resolución de primera instancia que fijó un resarcimiento de al menos USD 16.000 millones, el 51% de las acciones que hoy están en manos del Estado argentino.

 
La medida administrativa y preventiva de hoy da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Burford lo hará pasado mañana, el jueves 17; y la Argentina, el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que hoy fue concedida.

 
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“Los apelados han indicado su oposición a la solicitud de suspensión en espera de la apelación, pero no se oponen a la entrada de una suspensión administrativa temporal para permitir la presentación ordenada de la información y la consideración de la solicitud de suspensión”, dijo sobre la postura de Burford el escrito firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, Clerk of Court, o secretaria del tribunal de apelaciones.

 
Luego, la Cámara decidirá si afectivamente Argentina debe entregar las acciones, como decidió Preska, o no. Eso podría ser la semana próxima o la siguiente, en principio.

Desde el Gobierno celebraron la decisión y hablaron de “buenas noticias”, luego de dos semanas de medidas adversas en este caso que ya lleva 10 años y cuya cuestión de fondo, el pago de los USD 16.000 millones, cursa en una apelación paralela de la que no hay mayores novedades y que podría resolverse recién el año próximo.

Fuentes oficiales destacaron que la medida es, en principio, por tiempo indeterminado. “Para aclarar, ya no corren las 72 horas y no hay más riesgo de desacato”, dijeron. Y agregaron, quizás con exagerado entusiasmo: “Gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.

Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, segundo de Carlos Zannini y encargado de llevar esta causa por cuatro años, detalló en X como seguirá la causa:

“El 17 de julio, Burford presentará un escrito oponiéndose al pedido argentino de que la suspensión preventiva se prolongue hasta que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia de fondo”
“El 22 de julio Argentina responderá argumentando en detalle en favor de que la suspensión se prolongue”.
Sin plazo, pero muy pronto, se dará la elección de los tres jueces de Cámara que integrarán la sala que resolverá esta cuestión.

“Una vez completado el cruce de escritos y definidos los jueces, la Cámara puede resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tiene plazo para hacerlo”.
“Si la Cámara accede al pedido de la defensa argentina, la orden de Preska de entregar las acciones de YPF quedará suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación de Argentina contra su sentencia de fondo (que ordenó pagar USD 16.100 millones)”.

“Dado que la Cámara todavía no ha fijado la fecha de la audiencia, es improbable que decida esa apelación de fondo antes de 2026″.

“Si la Cámara rechaza el pedido de la Argentina, la orden de Preska volvería a estar vigente”.
Esta mañana hubo actividad en el juzgado de Preska, quien convocó a las partes por temas de “discovery”. Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, ese encuentro se realizó para poner foco sobre otro pedido de Burford: el alter ego, o demostrar que el Estado local y la petrolera “son lo mismo”. Es otra de las medidas post-fallo de fondo que presentó Burford para presionar y lograr algún tipo de negociación. Si eso se demostrara, Burford podría pedir también los activos de la empresa, quien quedó fuera de la demanda en 2023.

Preska y los demandantes creen que Argentina está dilatando adrede la entrega de información para esta parte de la causa. En las últimas horas, la jueza señaló en sus escritos al país por intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias. Dijo también que el Gobierno “aprovechó al máximo el tiempo extra”, pero “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”.