TABANO SC
En la denuncia -que cuenta con el patrocinio de Rubén Pagliotto- se solicita al Ministerio Público Fiscal que determine la existencia de posibles delitos en función de una serie de hechos que están detallados en la presentación judicial.
En este marco, se mencionan algunas de las figuras en las que podrían encuadrarse los hechos descriptos: Administración fraudulenta; Malversación de caudales públicos; Peculado; Negociaciones incompatibles con la función pública; Abuso de autoridad; Violación de los deberes de funcionario público; y Abandono de Persona.
Sobre este último punto, en la denuncia se hace referencia al “luctuoso caso del Sr. Gustavo Godoy, afiliado a la sazón del Iosper , quien necesitando de urgencia un marcapasos para superar su problema cardiopático, debido a las demoras inexcusables de 12 días internado sin que llegara el aparato, perdió su vida. El marcapasos nunca llegó, trasladando el INTERVENTOR la culpa a una empresa que nunca lo envió, incluso, expresando con desfachatez y falta total de empatía que la causa del fallecimiento no se debió a la espera sino a otros motivos”.
“En general, la negligencia de una obra social en proporcionar el tratamiento adecuado que lleva a la muerte de un afiliado podría ser considerada como un delito de abandono de persona o incluso como un homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias específicas”, se advierte en el escrito, al que accedió esta Agencia.
Convenios con empresas de CABA
En otro tramo de la denuncia se hace referencia a contrataciones realizadas con empresas de CABA: “Durante el año 2024 y en el marco de la intervención del IOSPER dispuesta por Decreto
N° 3675 del P.E. provincial, se reemplazó un esquema previamente vigente de provisión eficiente y económicamente sustentable de prótesis ortopédicas, desarrollado con prestadores de la provincia de Entre Ríos, por nuevos convenios directos con empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin licitación pública, sin acto fundado de necesidad y sin cumplir con los principios de legalidad, transparencia, control y eficiencia exigidos por las normas provinciales de contratación”.
En la denuncia se indica que “se ha verificado —con base en documentos públicos y observaciones técnicas calificadas— que estos convenios presentan graves y patentes irregularidades” y, entre ellas, se menciona “la ausencia de licitación pública como modo de selección de contratistas, pese a que los montos involucrados superan ampliamente los umbrales previstos en el Decreto 795/96 MEOSP” y la “contratación en dólares estadounidenses sin justificación legal ni base reglamentaria, a pesar de tratarse de insumos en su mayoría nacionales”.
Además, da cuenta de la existencia de “proveedores no inscriptos en el padrón oficial provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos ni cumplimiento de la Ley 9353 de Compre Provincial” y de pagos efectuados a dos de las cuatro empresas proveedoras de prótesis (MTG GROUP S.R.L – CUIT: 30- 71130163-8 e IPMAG S.A. – CUIT: 30-70802391-0), SIN AUDITORIA POSTERIOR”.
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