Nadia es mamá de una persona con discapacidad, Mariel es kinesióloga y dedica su vida a tratar de aliviar los dolores de quienes padecen algún tipo de discapacidad. Las dos participaron este jueves a la noche de la movilización que se realizó frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en el marco del masivo reclamo que tuvo réplicas en diferentes ciudades del país por los recortes al área por parte de Nación.
30/05/2025
EDITOR1
Profesionales, familias y personas con discapacidad se congregaron en la céntrica Plaza 1º de Mayo para visibilizar la profunda crisis que afecta al sector, luego se dirigieron a la sede local de la Superintendencia de Seguros de Salud, ubicada en la intersección de Peatonal y Colón, y finalizaron la protesta en la Plaza Mansilla, frente a la Casa Gris,
La convocatoria local replicó la protesta que tuvo su epicentro en Buenos Aires, donde diversas organizaciones se manifestaron frente al Congreso de la Nación para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el sector de la discapacidad y exigir la sanción de una ley de emergencia.
En Paraná, la preocupación y el malestar fueron igualmente palpables. Quienes se hicieron presentes denunciaron una situación límite, producto de años de políticas insuficientes, y ahora agravada por los recientes ajustes económicos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Paraná se sumó al pedido de sanción de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad
Al igual que a nivel nacional, en Paraná se denunciaron los bajos honorarios que perciben los profesionales que brindan atención especializada y los preocupantes retrasos de varios meses en los pagos. Esta situación, calificada como un "abandono sistemático por parte del Estado", genera una profunda angustia e incertidumbre en la comunidad afectada, que exige respuestas concretas y una intervención inmediata para paliar la crisis.
Entre la multitud que se hizo presente en la Plaza Mansilla, se encontraba Nadia, mamá de una persona con discapacidad y miembro de la Asociación Civil Neurodiversidad de San Benito, quien expresó a APFDigital: “Los familiares hace años venimos luchando por los derechos de nuestros hijos, pero hoy sobre todo estamos acompañando a nuestros profesionales, que son un eslabón fundamental para la calidad de vida de ellos".
Sus palabras reflejan un sentimiento compartido: la defensa de los derechos de sus seres queridos pasa ineludiblemente por garantizar condiciones dignas para quienes los atienden.
La principal demanda que unía a los manifestantes era la urgente actualización de los nomencladores de discapacidad, congelados desde diciembre de 2024. En un contexto de inflación galopante, esta desactualización ha generado un desfasaje insostenible entre los costos de vida y los aranceles percibidos por los profesionales.
"Los nomencladores de discapacidad no se actualizan desde diciembre de 2024, cuando todos los costos de vida aumentan", lamentó Nadia, sintetizando la angustia económica que golpea al sector.
Además de la situación crítica por la que atraviesan los profesionales, Nadia dio cuenta del complicado escenario de los transportistas, que cumplen un rol clave: el de trasladar a los niños desde sus hogares a las escuelas o a los centros de día.
Precariedad laboral absoluta
La situación de los profesionales, pilar fundamental en la atención de las personas con discapacidad, es uno de los focos centrales del reclamo. Mariel Urrutia, kinesióloga del área respiratoria que trabaja a domicilio, dio cuenta de la cruda realidad que enfrenta el sector: "En estos momentos tenemos atrasos de cuatro o cinco meses para poder acceder a los honorarios", señaló a esta Agencia.
Su testimonio expone la precariedad laboral en la que se desenvuelven, a pesar de la alta especialización que su labor requiere: "Para atender a un paciente con discapacidad, como profesionales p necesitamos una gran formación, no es solo el título, sino que hacemos especializaciones, lo que implica tiempo y costo".
La falta de pagos en tiempo y forma obliga a los profesionales a tomar medidas desesperadas para no interrumpir la atención. “Ante los atrasos en los pagos le buscamos la vuelta para no interrumpir el servicio: si a una familia le autorizan cinco sesiones semanales, hacemos tres sesiones para al menos mantener el tratamiento".
En el caso de pacientes con patologías respiratorias, la situación es aún más crítica: "No los podemos dejar abandonados porque si no tienen sesiones, su estado de salud se deteriora, termina internado y para nosotros es una gran responsabilidad".
Finalmente, Mariel aseveró: “Tenemos la expectativa de que no nos van a soltar la mano y que vamos a tener una respuesta”. Sus palabras no eran una simple declaración optimista, sino más bien un anhelo profundo y una exigencia implícita a las autoridades del Gobierno nacional, que tiene en sus manos la decisión de garantizar soluciones a un sector que se siente al borde del abismo. (APFDigital)
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