Una por una, las supuestas maniobras de lavado dinero de Kueider que generaron nuevas detenciones del juzgado federal de San Isidro.

Así consta en una extensa resolución firmada por la magistrada, en la causa que tramita en los Tribunales de San Isidro, donde se investiga al ex legislador por Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La reconstrucción de esta operatoria fue lo que disparó, el jueves pasado, la detención de siete personas vinculadas a Kueider, entre los que había socios, prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras.

Kueider se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Asunción desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay más de USD 200.000 sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa. La joven, que sería su actual pareja, había sido designada por el ex senador en su despacho en la Ciudad de de Buenos Aires como asesora, con la categoría más alta, pese a que no solía vérsela por el Senado. Arroyo Salgado pidió, a finales de 2024, la extradición de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al país e indagarlos. Pero Paraguay no accedió, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En ese país enfrenta un proceso por contrabando.

 Uno de los detenidos el jueves fue el primo de Kueider, Javier Rubel, quien figuró como socio del ex legislador en Betail SA, una empresa fachada a través de la cual Kueider compró tres departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia. La vivienda en Concordia de Rubel, un maestro mayor de obras, fue allanada por Arroyo Salgado junto a otros seis operativos simultáneos en la Ciudad de Buenos y el Conurbano bonaerense.

Allanamiento el jueves en la vivienda de Javier Rubel, socio de Kueider, en Concordia.

Según la documentación oficial, Betail fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas 6 días después que Kueider asumiera como senador nacional. Su amigo Rodolfo Daniel González -empleado de la Biblioteca del Congreso - ingresó originalmente como presidente de la firma. Conocido como “Pajarito”, González fue otro de los detenidos el jueves, ya que la juez le revocó la exención de prisión que le había otorgado anteriormente, se indicó en un informe publicado en el portal de Infobae.

Para la Justicia, “ante su mayor exposición pública, (Kueider) requería de un instrumento societario para solapar la gestión de sus activos de origen ilícito obtenidos durante su función pública anterior. En efecto, el día 13 de diciembre Kueider recibe en su despacho a González y 3 días después éste comienza a presidir Betail”.

González fue asignado en comisión al despacho de Kueider, y días después, renunció como presidente de Betail. En la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2020, fue reemplazado en ese rol por Rubel, sin actividad comercial o empresarial conocida. Como director suplente, quedó el propio Kueider. “De sus balances y estados contables obtenidos en esta investigación, surge que (la empresa) nunca desarrolló actividad” y “no tuvo nunca estructura operativa” para desarrollar la actividad declarada: la venta al por mayor ganado bovino, se advierte en la resolución judicial.

Tal como reveló el portal de Infobae, como sede social de Betail figura el domicilio una casa familiar en venta, en la calle Ercilla 6288, en Liniers, deshabitada y en refacción.

La sede de Betail en Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a una familia y está en venta.
 

Los otros apresados a los que la Justicia federal identificó como integrantes de la “banda” de Kueider - por los que le cabría la figura de asociación ilícita - fueron la abogada Adriana Crucitta, socia de González en otra empresa y también empleada de la Biblioteca del Congreso, asignada al despacho de Kueider para cumplir funciones de “asesora”; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; la empleada de ese estudio contable, Débora Ferreyra; y Gabriela Patricia Saint Pierre, quienes habrían participado de las maniobras de simulación de titularidad y falseamiento de datos societarios y financieros. También quedó detenida la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario en Entre Ríos, Rita Machuca. Todos fueron llevados el viernes al Juzgado de la Arroyo Salgado para prestar declaración indagatoria.

Para el fiscal federal Domínguez, Kueider y los demás detenidos conformaron “una asociación ilícita para, mediante distintas maniobras, adquirir bienes inmuebles y vehículos, y colocar activos de origen ilícito en el sistema financiero local, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”. Hasta ahora, los delitos precedentes que se le imputan a Kueider son el cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público, se destacó en el portal de Infobae.

Según la acusación, las maniobras “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inciso 2 a y b del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.

Las maniobras de presunto lavado

La Justicia corroboró que, para adquirir tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, sobre la calle Santiago del Estero 511 en la ciudad de Paraná, Kueider usó a Betail SA para no figurar directamente como titular. Para ello, contó “con el activo asesoramiento y respaldo del contador Nogueras, su socio Bovetti y la colaboración de Ferreyra”, para “simular actividades agropecuarias que (la firma) jamás desarrolló, ya que su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”.

Kuider en persona visitó los departamentos antes de comprarlos, incluso cuando estaban en construcción, según los testimonios de empleados de la administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero que construyó el edificio. Adquirió dos unidades de dos y tres ambientes en el 6to piso, y un semipiso en el 13, en el que vivió unos meses con Guinsel Costa.

Las operaciones inmobiliarias se realizaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659 (USD 152.106 a la época de la cancelación de los pagos). Los boletos de compra-venta fueron firmados por Rubel como presidente de Betail y los pagos fueron en efectivo. Para el fiscal Domínguez, Kueider “habría gestado esa estrategia” de la compra a través de Betail porque “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”. De hecho, en el período investigado, solo tenía su sueldo de funcionario y, luego, de senador.

Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el primer mandato de Gustavo Bordet en Entre Ríos.
 

Para los investigadores, Kueider “fue la persona que adquirió los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupción funcional, contando con la estrecha colaboración de Rubel, González y Saint Pierre, en la configuración de la sociedad fantasma (Betail) que se instrumentó como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real”.

Ante un requerimiento de la ex AFIP por inconsistencias de Betail SA en diciembre de 2022, Rubel y Ferreyra, como representantes de la empresa, alegaron la existencia de dos supuestos préstamos de dinero “con la intención de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias” de la firma, lo que quedó reflejado en los balances que incluyeron datos falsos. Argumentaron que dichos préstamos habían sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes que, al no concretarse, finalmente se aplicó para la adquisición de las propiedades. Así, “documentaron, falsamente, ante el organismo recaudador un préstamo de $3 millones concedido en noviembre de 2019 por Estructuras Financieras Regionales SA a González, entonces presidente de Betail”. Asimismo, también aportaron documentación para simular otro préstamo de $3.780.000 otorgado por esa misma firma a Rubel, un año después, en abril de 2020. falsearon datos de Betail SA, resaltó en el portal de Infobae.

Pero cuando la jueza convocó a declaración testimonial al presidente de esa empresa - un agente de liquidación y compensación registrado ante la CNV que se dedica a la intermediación de productos financieros -, Estructuras Financieras negó haber intervenido en el otorgamiento de un crédito a Betail. “El logo es nuestro, pero ese estilo de documento no nos pertenece. No hacíamos este tipo de operaciones”, sostuvo el titular de la firma ante la Justicia.

El edificio donde Kueider compró tres departamentos en Paraná, a través de una sociedad fachada.
 

Sobre el rol de otra de las detenidas, Machuca, la Justicia consideró que “cumplió la tarea de figurar como usufructuaria” de uno de los departamentos adquiridos por Kueider a través de un contrato de comodato de octubre de 2023, en donde Betail SA le cedía el semipiso del Piso 13 del edificio Live. La tarea de la ex secretaria de Kueider era gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Sin embargo, de acuerdo a la declaración del encargado, Machuca nunca vivió allí. “Ese documento se elaboró al solo efecto de otorgarle a este miembro de la organización un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y así evitar exponer a su verdadero titular”, consideró Arroyo Salgado.

Al menos a partir de junio de 2024, Guinsel Costa se presentó como titular de los inmuebles ante la administración del edificio. Era quien abonaba las expensas a través de transferencias bancarias desde una cuenta a su nombre, que era fondeada por Kueider, González y la firma Peninsular Sudamericana SAS, del González y su socia, Crucitta. A través de esta firma, también se pagaron - según detectó la Justicia federal del análisis de los celulares secuestrados - estadías en el Hotel Mayorazgo, un establecimiento cinco estrellas, de Paraná.

La compra de departamentos en esa ciudad entrerriana no fue la única operación bajo sospecha. El 17 de agosto de 2021, Kueider adquirió una camioneta Chevrolet Trailblazer por USD 31.180. Pero no lo hizo a su nombre sino en el de González quien figuró como el titular de la operación, con la colaboración del contador Nogueras. Ese vehículo contaba con cédulas que autorizaban a manejarlo al propio Kueider, a su entonces esposa Liliana Di Lello y a Guinsel Costa. En julio de 2024, Kueider compró otro vehículo, un Peugeot 208, por USD 19.700.

La camioneta de Kueider, que compró a nombre de su socio y amigo, González, y fue interceptada con más de USD 200.000 en efectivo al cruzar a Paraguay.
 

Entre las maniobras, también se detalla la introducción en el sistema bancario de $8.586.827 y USD 26.011 en cuentas abiertas por Betail, a través de sociedades comerciales ligadas a la organización como Nopor Servie SA, Lectus SA , Vía SNP Logística SA , Felsir Biotecnología SRL, y Vijusa Industrial Argentina, para “ocultar su procedencia ilícita”.

Otro de los ardides que identificó la Justicia fue la cesión de un boleto de compraventa y rescisión de un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2020 por $30.000.000 y USD 200.000 de González a Betail, que resultó ser falso. A la fecha de celebración de la supuesta cesión, la deuda ascendía a USD 430.325 y, a los efectos de cancelar el mutuo, hicieron la cesión de boletos de compraventa de las unidades del edificio Live en Paraná, que “en rigor corresponden al patrimonio personal de Kueider”.

El origen de dinero

La investigación por enriquecimiento y lavado de dinero que lleva la jueza Arroyo Salgado contra Kueider es conexa con otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado de San Isidro, en la que también está siendo investigado el ex senador, conocida como “Securitas”, por el nombre de la empresa de seguridad privada. En este expediente, la propia empresa se autodenunció y contó que ex directivos - hoy todos procesados por Arroyo Salgado, con confirmación de la Cámara Federal de San Martín, - hicieron pagos ilegales entre principios de 2017 a abril de 2019 a funcionarios de la empresa de energía entrerriana ENERSA, para mantener u obtener los contratos de seguridad y vigilancia privada en organismos oficiales.

Para la jueza y el fiscal Domínguez, “hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada (en referencia a Kueider y su entorno) son de procedencia espuria”, y que “en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción”, habría “una directa vinculación con los pagos indebidos” realizados los ex directivos de Securitas.

Captura de un de los videos donde se ve a Kueider contando billetes en la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
 

En ese sentido, advirtieron que, al menos entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de abril de 2019, en su carácter de secretario general de la gobernación de la Provincia de Entre Ríos, Kueider “era, por mandato del gobernador Bordet, el representante de las acciones pertenecientes a dicha en ENERSA, y habría mantenido contactos con los imputados Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul”. Estos son empresarios entrerrianos que construyeron el edificio Live, en el cual poseen varias de sus unidades y son vecinos de Kueider, en el Piso 13.

Arroyo Salgado y Domínguez consideraron una prueba clave los videos que muestran cómo Kueider, siendo un funcionario con un alto cargo durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, cuenta gran cantidad de fajos de billetes en efectivo en su oficina en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, tal como reveló el portal de Infobae el viernes pasado.

Edgardo Kueider contando dinero en efectivo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos