El Gobierno provincial confirmó la expulsión de un exempleado del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) que en 2017 fue condenado por el delito de abuso sexual en perjuicio de una nena de 8 años.
Judiciales06/09/2021
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El exagente expulsado y condenado es Juan Pablo Caballero, de 40 años, oriundo de Victoria. El 24 de octubre de 2017, Caballero fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple y exhibiciones obscenas en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció que el 20 de julio de ese año abusó de una nena. Le aplicaron una pena de tres años de prisión condicional (no fue preso).
La sentencia fue emitida por el juez de Garantías y Transición de Victoria, José Calleja. El acuerdo de abreviado fue presentado por el fiscal Eduardo Horacio Guaita; el defensor de Pobres y Menores, Marcelo Santiago Balbi; y el defensor del imputado, Oscar Firpo. De la sentencia estuvo en conocimiento la madre de la pequeña víctima, quien llevó a la Justicia el caso.
Tras la condena, el Iafas, a través de la resolución Nº 1.277, fechada el 20 de diciembre de 2018, aprobó y finalizó el sumario administrativo abierto un año antes y le aplicó la sanción de cesantía a Caballero, prevista en el artículo 71º inciso F) de la Ley 9.755, de Marco de Regulación del Empleo Público.
Dicho artículo establece la expulsión para los empleados públicos que cometan “delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente”.
No conforme con esa resolución, Caballero presentó un recurso de apelación jerárquica solicitando la nulidad del procedimiento sumarial. Sin embargo, la petición no prosperó: el 10 de mayo de este año la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, firmó el decreto Nº 1010, mediante el cual rechazó el recurso y confirmó la expulsión.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
El hallazgo se produjo a la altura de la Terminal Fluvial de Rosario. Tras recuperar el cuerpo, se confirmó que pertenecía a Ojeda, quien había sido vista por última vez en Isla Verde, un parador ubicado en jurisdicción de Entre Ríos.
Cuando las cosas son complejas se requiere de estudios o pericias que desmenucen con precisión los hechos. El abogado y contador Roque Guillermo Benedetto, publicó en EL ENTRE RIOS una pericia técnica, contable y hasta constitucional sobre lo que DIARIO JUNIO publicó y fue objeto de una acalorada réplica del intendente Azcué y luego de fuegos de artificio sobre el tema que necesitaba de un informe claro y circunstanciado sobre la cuestión. Ahora, no queda duda alguna. Claudio Gastaldi tenía razón, los contribuyentes de Concordia han sufrido aumentos desmesurados y presuntamente ilegales.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
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