El gobernador Frigerio y los ministros Grieve y Troncoso decretaron la intervención y el cese de funciones de casi todas las autoridades. Harán auditorías.
Provinciales12/12/2024
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El gobierno provincial designó a Mariano Gallegos y Marina Mariana Alegre como interventor y subinterventora, respectivamente, del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y dispuso el “cese inmediato en sus funciones” de todas las autoridades, excepto el Gerente General. Fue por un decreto fechado este martes 10 de diciembre al que accedió Ahora.
El decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros de Salud, Guillermo Grieve, y de Gobierno, Manuel Troncoso, establece la intervención a partir de un informe de la Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social que reseñó una serie de “irregularidades”.
Este martes por la noche se conoció la renuncia del ahora ex presidente del Directorio de la obra social, Fernando Cañete.
¿Quiénes son los interventores? Gallegos viene de Buenos Aires. Durante el gobierno de Cambiemos y la presidencia de Mauricio Macri fue funcionario como coordinador del Plan Nacional de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social que entonces comandaba Carolina Stanley.
Más adelante, en enero de 2024 fue designado director representante del Municipio en la empresa Costanera de Zárate Sociedad Anónima, de participación estatal mayoritaria, designado en enero de este año por el intendente de dicha localidad bonaerense lindante con Entre Ríos, Marcelo Matzkin (PRO).
La subinterventora Alegre, por su parte, es la actual directora General de Recursos Humanos y Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia. Integró, en los últimos años, la conducción del hospital Materno-Infantil San Roque de Paraná.
“Intervención imprescindible”
El expediente cuestiona contrataciones, erogaciones y acuerdos prestacionales no informados a la Comisión y la “reticencia” de las autoridades del Iosper a brindar información, cuyo acceso habrían “obstaculizado” a los miembros de la Comisión.
Los fiscalizadores mencionaron también el “envío fuera de tiempo de los informes financieros mensuales”, estimaron un déficit de 19.000 millones de pesos (un 14% del ingreso promedio mensual) y señalaron la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros a afiliados.
Además, advirtieron por los gastos en procesos judiciales por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones” y observaron informes del Tribunal de Cuentas con “irregularidades” de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.
“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”, considera el decreto de intervención.
La normativa ordena la elaboración de auditorías contables, financieras, administrativas, presupuestarias y legales en la obra social. (Ahora)
“Es una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”, expresó la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Además anticipó que tomarán “todas las acciones necesarias para garantizar que Iosper sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente”.
“Defendemos a nuestra obra social solidaria y rechazamos su intervención”, manifestó el gremio docente. Los pagos en negro y el deterioro del salario y su impacto en las cuentas del Iosper. Advertencia acerca de “la tijera para recortar derechos y ajustar” como posible medida de la mano de la expulsión del directorio.
La Cámara baja trató numerosas iniciativas, entre ellas la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2025 de las emergencias vial y en obra pública, la creación de un órgano para administrar los inmuebles del Estado, modificaciones al Código Fiscal y el Régimen de Donación de Alimentos.
Autoridades legislativas entregaron reconocimientos a exconvencionales constituyentes. Alberto Piedecasas disertó sobre la incorporación del Consejo de la Magistratura a la Carta Magna. El acto contó con la presencia del titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela; la vicepresidente, Laura Soage, y autoridades de los tres poderes del Estado.
Siguen los reclamos de los vecinos linderos al corsódromo de nuestra ciudad, por lo que ellos dicen “el cachengue de todas las noches”. Aseguraron que colmó la tolerancia y evaluaron presentar un Recurso de Amparo Federal para buscar una solución a sus súplicas.
El gremio de trabajadores mercantiles de Concordia destacó que hay alrededor de 1000 empresarios registrados en la ciudad. Sin embargo, señalaron que algunos emplean personal en negro y "si algún trabajador reclama legalmente, no trabaja nunca más en Concordia".
La querella, representada por la Dra. Brenda Vittori y el Dr. Pablo Moyano Ilundain, destacó la continuidad del juicio contra Ramón Zabala, quien, según los abogados, aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas, a quienes decía poder curar, para abusar sexualmente de ellas.
La secretaria General de la Presidencia le envió una carta documento al periodista en la que le solicitó que se retracte en vivo. Negó haberse comunicado con el senador de Entre Ríos detenido en Paraguay.
Ocurre que una patrulla de Prefectura avistó en la conocida y peligrosa playa "Los Tomates", cerca de La Bianca, a un bote cargado con bultos de color negro, tras dar la voz de alto, escuchan el golpe de quien se tira al agua y como siempre ocurre en estos casos en los cuales la fuerza prefiere no abrir fuego, el supuesto contrabandista, se perdió en la espesura del monte aledaño a la playa y ya no fue visible.
