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En diálogo con cronistas de Diario El Sol-Tele5, la Dra. María de los Ángeles “Cielo” Petit aclaró que este miércoles se realizó "una audiencia en una causa que fue iniciada a principios de este año por un pedido de investigación que se hace sobre una licitación pública de GNC, pero no recuerdo bien el año, pero donde nosotros hemos presentado la recusación nuevamente del fiscal (José) Arias, que ya se encuentra con sentencia firme de recusación en dos causas donde mi defendido, Enrique Tomás Cresto, fue acusado de diferentes delitos".
Sobre tales delitos, la letrada detalló: "Uno en el año 2019, que fue aquel caso de la cooperativa famosa, que fue un caso muy importante, donde se sentó jurisprudencia sobre el control que los jueces de Garantías deben realizar sobre los actos de los fiscales".
"En ese momento, (el fiscal José) Arias fue apartado de la causa por entender que había direccionado la investigación en contra de (Enrique) Cresto, y porque había aplicado un principio selectivo de investigación con respecto a ciertas personas", continuó.
Luego, "en el año 2024, ante otra causa que es iniciada de oficio por el fiscal Arias, como es la causa de los seguros". En esa oportunidad "también lo recusamos y también hubo sentencia firme del Tribunal de Juicio y Apelaciones que dispuso el apartamiento por los mismos motivos, por el hecho de que el fiscal Arias, cuando Cresto está en alguna causa, o bien inicia las causas de oficio o es incluido dentro del equipo investigador, hay un evidente direccionamiento de la causa buscando delitos inexistentes, y sobre todo, impidiendo que otras personas que puede estar inmiscuidas en el hecho sean citadas", argumentó la Dra. Petit.
“LOS INTENDENTES, ASÍ COMO LOS GOBERNADORES, SON REPRESENTANTES LEGALES”
Tras la audiencia celebrada este miércoles, "estamos esperando la resolución del juez (Edwin Ives Leonardo) Bastián", expresó la Dra. Petit.
"Entendemos que es una razón totalmente objetiva: un fiscal que fue dos veces recusado por direccionar la causa, por no investigar como corresponde, no puede estar en una causa donde nuevamente está en estado de sospecha el intendente", argumentó.
"En este caso, (Enrique Cresto) está como representante legal del municipio, no como el que realiza el delito en sí, es decir, que los intendentes así como los gobernadores, son representantes legales, por lo tanto, tienen que estar en las causas donde se investigan estos hechos", continuó la letrada.
"Indudablemente, nosotros entendemos que estas son causas políticas porque esto que se inició como una investigación sobre un hecho puntual del año 2023, creo, que el fiscal decidió ampliar la investigación hasta diciembre del 2014, es decir, todos los gobiernos peronistas del 2014 hasta diciembre del 2023", concluyó la Dra. María de los Ángeles Petit.
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