El gobierno intervino el IOSPER y el interventor que vino a hacerse cargo es un abogado porteño.

Mariano Gallegos, el nuevo interventor del Iosper, es oriundo de Buenos Aires y de profesión abogado, egresado de la UBA. El 13 de febrero cumplirá 54 años. 

El funcionario se especializó en Derecho Penal y de Asociaciones Sindicales. Gallegos también adjunta capacitaciones en políticas tributarias para el Mercosur y en administración pública. 

En su experiencia laboral presenta su paso como asesor legal entre 1991 y 1994 en la Dirección General Impositiva (DGI). En ese organismo, hasta 1997, integró la unidad de auditoría dependiente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Tiempos de Rogelio Frigerio en el Ministerio de Economía a cargo de Roque Fernández, durante la segunda presidencia de Carlos Menem. 

Su carrera laboral siguió en la misma línea hasta el 2000, como auditor, pero de la AFIP con competencia en la Dirección General de Aduanas.

En 2005, ya en gobierno kirchnerista, se desempeñó como representante legal de la Obra Social del Ministerio de Economía; y entre 2009 y 2014 como vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba).  

Con la asunción de Mauricio Macri, durante los cuatro años, estuvo como coordinador del Plan Nacional de Abordaje Integral en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Desde 1997 forma parte del estudio jurídico  “Bonavia – Gallegos & Asociados”.

Irregularidades

Frigerio anunció oficialmente este miércoles en conferencia la intervención y presentó a Gallegos y a su segunda, Mariana Alegre, profesional de la salud enrolada en UPCN, un gremio de notable sintonía fina con la gestión.  

El Gobernador hizo referencia a la gestión del ex presidente de la obra social, Fernando Cañete. Habló de “reiteradas irregularidades” y que la intervención busca estabilizar financiera y funcionalmente al Iosper, que registra un déficit de 2000 millones de pesos mensuales y retrasos en prestaciones y pagos. Será por seis meses y se realizará una doble auditoría. 

Fue en ese momento donde denunció “contrataciones de personal sin autorizaciones” y “pagos irregulares a empresas prestadores”.  Explicó que la decisión también responde a la necesidad de “reorganizar y optimizar los recursos” del organismo y que se implementarán medidas para “mejorar la gestión y la transparencia” en el uso de los fondos.

De esta manera, Frigerio dio inicio a un proceso de cambio en el grupo de colaboradores que anunció la semana pasada.

Fuente: Página Política.