El presidente Javier Milei oficializó este lunes la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deje de otorgar créditos a tasa subsidiada destinados a jubilados y trabajadores en relación de dependencia.
Según fundamentaron oficialmente, la medida implementada mediante el Decreto 1039/2024 tiene el objetivo de preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La norma deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían al organismo conceder financiamiento con recursos del FGS tanto a beneficiarios del sistema previsional como a empleados aportantes al SIPA.
El argumento del Gobierno nacional para eliminar los créditos se basa en que las tasas reales negativas aplicadas a esos créditos en un contexto de alta inflación —211,4 por ciento en 2023, según el Indec—, perjudicaban significativamente los activos del Fondo, cuyo propósito principal es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.
“No fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”, alegaron.
De esta manera, el Ejecutivo explicó que la inclusión financiera se debe fomentar a través del sector privado, que cuenta con la capacidad para ofrecer préstamos de manera competitiva. En este mismo sentido, la normativa aclara que el FGS se debe dedicar exclusivamente a inversiones que aseguren la preservación y rentabilidad de su capital.
“Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”, excusaron.
Hasta la publicación del decreto, ANSES podía invertir el dinero del FGS en “contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial” y en “cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria”:
La decisión de la gestión libertaria anula los créditos ANSES, destinados a trabajadores en relación de dependencia y titulares de jubilaciones y pensiones, a tasas mejores que las ofertadas por las entidades bancarias y con mayor cantidad de cuotas para su devolución.
El programa Créditos Anses surgió durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para brindar un herramienta de financiación accesible a los sectores más vulnerables y privilegiar el mercado interno. Y continuó en todas las gestiones que la sucedieron. Incluso, en la presidencia de Mauricio Macri, socio político de la Libertad Avanza, se aplicaron con distintas líneas.
El último relanzamiento de la iniciativa ocurrió en la campaña presidencial de Sergio Massa: permitía que trabajadores con salarios de hasta 1.980.000 pesos obtuvieran créditos de hasta 1 millón de pesos a Tasa Nominal Anual del 50 por ciento a pagar en 24, 36 o 48 cuotas; y en el caso de jubilados y pensionados pudieran percibir hasta 600.000 pesos a tasas del 29 por ciento, a devolver en 24, 36 o 48 cuotas.
La medida oficial, como detalla la decisión, también busca "aliviar la carga administrativa de la ANSES y concentrar sus esfuerzos en su función principal" mientras considera a la ampliación que tuvieron las funciones del organismo como "negativas".
Desde el Gobierno además destacaron que se trata de una reestructuración clave para optimizar los recursos públicos en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que rige hasta el 31 de diciembre de 2025.
El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, de Capital Humano, será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados.
Con la eliminación de los créditos a tasa preferencial por decisión del gobierno de la libertad, jubilados y beneficiarios pierden una herramienta para financiarse en tiempos de crisis -o de emergencia como plantea el propio Ejecutivo- y se ven empujados a recurrir al sistema financiero tradicional con menos posibilidades de obtener el préstamo y con muchas más limitaciones para devolverlo.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
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