Caso “Aduana Paralela” de Concordia: piden condenar al principal responsable pero con una pena menor.

A 21 años de la causa por presunta corrupción en la Aduana de Concordia, concluyó el juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná. La Fiscalía y la querella del organismo recaudador pidieron penas de prisión efectiva para el Administrador del organismo, Eduardo Burgos. La mayoría de los acusados acordó reparaciones económicas destinadas a instituciones de bien público.

Judiciales14/11/2024TABANO SCTABANO SC
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En síntesis, los camiones que partían con cargas de mercaderías varias muy costosas tenían como objetivo llegar a Chile. En lugar de realizar el trayecto más corto e ingresar a Argentina por Gualeguaychú, se dirigían hacia Concordia, alargando 240 kilómetros el viaje, generando un costo extra innecesario. Allí se fraguaban los datos en las actas tras falsos controles de las cargas. En el territorio nacional se descargaba parte de la mercadería, que entraba en circulación sin el pago de impuestos de importación.

Se calculó que las diferencias entre el valor declarado y el real habría alcanzado los 3 millones de dólares, en mercadería muy variada, principalmente de los rubros electrónica, bazar, ferretería e informática.
Los dos acusados que llegaron a juicio son: Eduardo Burgos, quien era el administrador de la Aduana de Concordia, y Eduardo Mella, un subalterno del organismo.
El caso tuvo numerosas dilaciones por diversos motivos, ante la gran cantidad de imputados. Incluso apelación tras apelación el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En total fueron 23 imputados, entre personal aduanero y transportistas. De ellos, 15 llegaron a acuerdos de reparación económica, mientras que seis quedan prófugos (son transportistas chilenos que no pudieron ser ubicados). Llegaron a juicio los dos mencionados.

El debate transcurrió a lo largo de un año, desde noviembre del año pasado hasta esta semana en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Declararon decenas de testigos, casi todos con sus recuerdos afectados por el paso del tiempo, o al menos eso es lo que referían en las audiencias.
Este miércoles comenzó la etapa de los alegatos finales. El abogado querellante de la Aduana, Mario Giachello, pidió condenar a cuatro años de prisión a Burgos, mientras que solicitó la absolución de Mella.

El fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy solicitaron la pena de cinco años de prisión para Burgos, por tratarse de quien tenía el principal deber de control en el área donde ocurrían los hechos supuestamente delictivos. En tanto que para Mella pidieron tres años y dos meses de prisión, según pudo registrar el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

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El próximo viernes serán los alegatos del abogado defensor de los dos imputados, Daniel Cedro. Eduardo Cristina no está siendo enjuiciado porque arregló el pago de 18.000.000,00.- en un acuerdo económico tendiente a quedar desvinculado del juicio.

La acusación pública

Según la requisitoria fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre mediados de 2002 y agosto de 2003, y está descripta de esta manera:
“Comenzaban con la carga de mercaderías en zona franca uruguaya, donde el despachante de aduana uruguayo interviniente confeccionaba la documentación para el tránsito internacional con destino a Chile (DUA de salida del Uruguay) en el que se plasmaba una confusa y falsa descripción de valores, pesos, unidades de medidas, tipos de bultos y posiciones arancelarias, con el propósito de pasar el control aduanero argentino”.

“El siguiente paso era realizar, por ante ANA Argentina (Administración Nacional de Aduanas) destinaciones suspensivas de tránsito de importación directo en los términos de los arts. 296 y 297 inc. “A” del Código Aduanero, con agentes y auxiliares que mediante diversos actos (acta de inspección ocular ‘conforme’, pesaje, otorgamiento de nuevos precintos, no intervención de casos que la hubieran requerido, rectificación de valor) posibilitaban el accionar ilícito. Las destinaciones, consentidas y adulteradas, permitían el ingreso al territorio aduanero argentino de una cantidad mayor de mercaderías que las documentadas (mayor valor y peso)”.

“Esa diferencia de mercaderías se descargaba en territorio argentino. Se presentaba en la Aduana de salida de nuestro país Mendoza el mismo MIC/DTA (con acta de inspección y pesaje de la aduana de Concordia), cuando parte de las mercaderías amparadas habían sido descargadas en el trayecto por nuestro país. Dicho documento reflejaba falsedad en las cantidades, peso y valor”.

Fueron 42 las operaciones investigadas “de cargas de mercaderías en zona franco uruguaya, la ANA Argentina hacia destinaciones suspensivos de tránsito de importación directo, la diferencia de mercadería se descargaba en territorio argentino y salía por Mendoza el resto de la mercadería”

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