El Gobierno oficializó la disolución del ENOHSA, ente encargado del acceso al agua potable que fue presidido por el concordiense Enrique Tomás Cresto.

La medida fue oficializada esta madrugada a través de la publicación del decreto en el Boletín Oficial. En la misma, se informa que el organismo, creado en 1995 con el objetivo de “planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y de controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”, quedará oficialmente disuelto en 30 días.  

“Dispónese que a partir de los TREINTA (30) días de la publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL quedará disuelto el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, indica el documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, con esta disposición, el Ejecutivo pretende obtener una mayor centralización y coordinación en las políticas de infraestructura hídrica. En ese sentido, en el texto oficial, se destaca que la decisión se enmarca en la necesidad de ordenar y equilibrar las cuentas públicas. “Resulta prioritario optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”, explicaron.
Por su parte, a principios de octubre, Caputo había adelantado que, como parte del plan para reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, el Gobierno tenía previsto cerrar ENOHSA. En esa ocasión, el ministro de Economía se había referido al Ente como “ese antro de corrupción”. 

En tanto, tras el cierre del ENOHSA, sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la misma Secretaría de Obras Públicas. La medida se basa en la Ley N° 27.742, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para reorganizar organismos y reducir la estructura estatal.