Presentó un pedido de Acceso a la Información Pública. Entre los argumentos cita el reciente fallo que obligó a diputados y senadores a difundir información requerida por una organización civil. Tiene un plazo de 15 días para presentar los datos. El conflicto entre ambas instituciones viene de larga data: el Iosper cuestiona la cantidad de amparos que los abogados presenta n contra la obra social.
Provinciales14/11/2024
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El Colegio de la Abogacía presentó formalmente un pedido de Acceso a la Información Pública a la principal obra social de la provincia para conocer -en el marco de las políticas de transparencia activa en el manejo de fondos públicos- sus últimos balances económicos, presupuestos, sueldos de su directorio y pago a los principales proveedores.
La presentación responde a la crítica situación económica y de gestión que ha manifestado el Instituto de Obra Social de la Provincial de Entre Ríos (Iosper) en distintos medios de comunicación.
En la nota, se destaca que el derecho de acceso a la información pública está amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.
A su vez, que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (RFRFyBPG) diseñado en la Ley 27.428, modificatoria de la Ley Nº 25.917, contiene reglas generales de comportamiento fiscal y buenas prácticas de gobierno.
El pedido cita el antecedente del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligó a las cámaras legislativas a difundir información pública requerida por una organización civil. En tal sentido, el CAER solicita información en 15 puntos:
1-Últimos dos balances y memorias completas.
2-Últimas dos ejecuciones de metas físicas.
3-Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos.
4-Detalle de las licitaciones públicas y privadas efectuadas durante el año 2023 y lo que va del año 2024.
5-Acompañe copia de los recibos de haberes del presidente del IOSPER, Directores, Gerente Administrativo y Gerente Prestacional.
6-En relación al estado patrimonial del ejercicio informe Liquidez corriente, solvencia y endeudamiento comparando ello durante los últimos 5 años.
7-Informe la totalidad de los aportes pendientes de cobro.
8-Informe cual es la deuda proveniente de los deudores Morosos al día de la fecha y cual es la previsión Deudores Incobrables.
9-Informe cuáles son los cinco mayores proveedores por Servicios Asistenciales, por Compra, y/u otros, teniendo en cuenta para ello la facturación abonada.
10-Informe REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES/FISCALES (Sueldos y Jornales; Retenciones Leyes Sociales; Aportes Leyes Sociales; Cargas fiscales) abonadas durante el año 2023, 2024.
11-Informe cuáles son los pasivos corrientes actuales.
12-Informe los resultados financieros de la obra social durante el 2023 y cuál es el resultado en lo que va del 2024.
13-Informe lo abonado en concepto de viáticos durante el año 2023 y lo que va del 2024.
14-Informe lo gastado y/o abonado durante los años 2023/2024 en concepto de Publicidad y Propaganda, acompañando un detalle del monto, el proveedor, la motivación o campaña realizada, y la factura o recibo emitido por tal concepto.
15-Informe cuáles son los prestadores fuera de la provincia y en su caso indique montos abonados durante los años 2023/2024 y en que concepto.
El Colegio aclara que superado el plazo de 15 días que marca la ley, procederá en las presentaciones judiciales correspondientes.
A su vez, el CAER envió una copia del pedido al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, y a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora del Iosper.
El gobierno de Entre Ríos exoneró al médico Jorge Valdez, quien se desempeñó en 2015 como profesional de la salud en la Policía provincial. El hombre terminó con una condena penal y ahora con su apartamiento del estado.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que integra el Frente de Izquierda-Unidad, emitió un comunicado en el que justifica su repudio contra la intervención del gobierno entrerriano a la obra social estatal. “Frigerio no piensa en garantizar el derecho a la salud, sino en sostener la privatizaciones y precarizaciones de nuestro sistema”, señaló la agrupación. Además, el MST apuntó contra UPCN.
El gobernador Frigerio y los ministros Grieve y Troncoso decretaron la intervención y el cese de funciones de casi todas las autoridades. Harán auditorías.
“Es una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”, expresó la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Además anticipó que tomarán “todas las acciones necesarias para garantizar que Iosper sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente”.
“Defendemos a nuestra obra social solidaria y rechazamos su intervención”, manifestó el gremio docente. Los pagos en negro y el deterioro del salario y su impacto en las cuentas del Iosper. Advertencia acerca de “la tijera para recortar derechos y ajustar” como posible medida de la mano de la expulsión del directorio.
Con la significativa reducción de la brecha de precios con el país vecino, algunos productos ya se consiguen a menor valor de este lado de la frontera.
Este miércoles se celebró una nueva audiencia en el Palacio de Tribunales de Concordia, donde los abogados Petit y Llados presentaron nuevamente un pedido de recusación del fiscal Arias en la causa GNC en la que, según el Ministerio Público Fiscal, el ex intendente Enrique Cresto está involucrado.
Desde el Ente Carnaval, lejos de alentar las expectativas de los vecinos por el traslado en el futuro del corsódromo dados los altos niveles de ruido que deben soportar en cada evento, aventó esa esperanza vecinal argumentando que "hablar de mudar el carnaval es hablar de muchas consecuencias".
La medida fue dispuesta por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga al senador por presunto enriquecimiento ilícito en otro expediente que no está relacionado con los US$200 mil que intentó ingresar a Paraguay. Los inmuebles están en CABA, Concordia y Paraná.
Un vecino del barrio Tavella Norte expresó que ya no sabe a quién recurrir, ya que están instalando un enorme transformador eléctrico a pocos metros de la ventana de su dormitorio. Preocupado por su salud, el hombre, que está a punto de cumplir 70 años, teme los posibles efectos negativos que este gran artefacto podría causarle.
