YA NO HAY MAS JUSTICIA...para los pobres.

En diálogo con cronistas de El Sol-Tele5, el Dr. Sebastián Vergallio, quien se desempeñaba como coordinador, acompañado por el Dr. Carlos Conti como abogado de la dependencia, y Noelia Scheurmann, expresó que: “hoy cierra la oficina en Concordia y mañana 31 quedamos desvinculados porque desde que se inició la gestión de la Libertad Avanza, estos espacios recibieron una ofensiva mediática difamatoria, tal como otros organismos nacionales que trabajaban políticas para los sectores populares” con lo cual “esta estrategia fue utilizada por el Gobierno Nacional de forma sistemática para desfinanciar organismos y cerrar dependencias fundamentales para el acceso a derechos”, explicó el letrado luego de que “días atrás se confirmó la noticia del cierre del Centro de Acceso a la Justicia de Concordia”, lamentó y admitió que “puede que los lectores no conozcan mucho al respecto de esta oficina” dado que “se encuentra (hasta fin de mes) en el corazón del barrio popular Los Pájaros, en la zona noroeste de nuestra ciudad”, detalló el letrado.

“ESTO AFECTA DIRECTAMENTE A LOS MÁS POBRES”

Posteriormente Vergallio aclaró que: “al margen del despido de los tres profesionales que trabajamos en la dependencia, es importante tener en cuenta que nuestra ciudad está perdiendo un servicio al que acudían muchos vecinos de las zonas más vulnerables de nuestra ciudad a recibir acompañamiento en el acceso a derechos” no obstante “cabe destacar que el CAJ de Concordia interviene en situaciones muy variadas, muchas de ellas con un nivel de complejidad muy alto, en una gestión que pone por encima los números dejando a un lado la calidad de la gestión y la realidad de las problemáticas abordadas. 

El Centro de Acceso a la Justicia de Concordia ha superado con creces el resultado de sus gestiones habiendo participado en 700 intervenciones y articulaciones institucionales para la resolución de situaciones jurídicas y sociales muy variadas, como situaciones de desalojos en contra de la ley de barrios populares (ley de orden público que suelen pasar por alto nuestros magistrados), casos de violencia de género, asesoramiento en cuestiones de familia, y hasta cuestiones básicas como orientar y ayudar a personas sin conectividad para acceder a la aplicación de Mí Anses” con lo cual “este trabajo se vino haciendo en forma articulada con instituciones tales como COPNAF, ANSES, INVYTAM, PAD, SISU, Asistencia Social Municipal y diversos organismos del Poder Judicial” por lo tanto “la cancelación de política de Acceso a la Justicia en todo el país es una medida política de una insensibilidad inusitada, que afecta directamente a los más pobres”, espetó el letrado.