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Un abogado penalista del foro local expresó su preocupación por el hecho de que la Defensoría atienda casos de personas que podrían costear un abogado defensor particular, lo que genera una carga adicional al sistema estatal y priva a quienes tienen recursos limitados de acceder a una defensa adecuada.
Concordia11/06/2024
Editor
El abogado penalista Dr. Pablo Palacios manifestó en diálogo con cronistas de Diario El Sol-Tele5 que "desde la Defensoría Penal se toman casos de personas que tienen recursos económicos y también personas de otros países". Al ser una defensa gratuita, esta demanda "recarga el sistema y disminuye la posibilidad de la mejor defensa de las personas que no tienen recursos económicos para acceder a la defensa penal".
Por otra parte, el letrado mencionó que esta situación "nos perjudica en el ejercicio de la profesión porque los abogados que ejercemos esta profesión, también se puede decir que, de alguna manera, nos disminuye o nos quita trabajo".
"Desde el ámbito de los abogados que ejercemos la profesión en lo penal advertimos esta circunstancia y estamos trabajando para que se pueda, de alguna manera, no digo prohibir, pero sí plantear alguna alternativa para que las personas que tienen recursos económicos que sean defendidas por un defensor privado y no sea el Estado quien tenga que afrontar los gastos de personas que cometieron delitos", señaló.
"Incluso esto funciona en el ámbito de lo civil para las personas que tienen recursos económicos que recurren al Estado", subrayó el abogado.
Posteriormente, Palacios mencionó que "en relación al Derecho Penal, al ejercicio de la defensa, Defensoría no se podría negar, pero sí podemos plantear algunas alternativas que tengan la obligación de consultar a un profesional liberal, o bien, que el Estado le termine cobrando". "Lo que se busca es también mejorar un poco el ámbito de la defensa", añadió.
"Como miembro del Instituto de Derecho Penal, estamos trabajamos para que se lleve adelante, pero todavía tenemos que ver cómo lo instrumentos para no vulnerar ciertas garantías constitucionales", aclaró el abogado Palacios por último.

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Lo confirmó el presidente de Femer, Fernando Vázquez Vuelta. Señaló que aún queda pendiente de pago más del 30% de agosto, pero destacó que la entidad tiene “la buena voluntad de seguir dando prestaciones”, a la espera de que la situación “se normalice a la brevedad”. “La intención es seguir trabajando, pero que los médicos cobren lo trabajado”, enfatizó.

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