Semanas atrás hubo un importante despliegue policial en Concordia por una causa donde se investiga una tentativa de homicidio. El operativo fue de tal magnitud que se hicieron 11 allanamientos simultáneos y 9 personas terminaron detenidas tras hallar varios kilogramos de marihuana, dosis de cocaína listas para comercializar, como así también armas y municiones. Se destaca que de ese procedimiento participó el Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Una pareja detenida con casi 7 kilogramos de marihuana
En uno de los domicilios allanados se detuvo a una pareja compuesta por un hombre y una mujer, quienes tenían casi 7 kilogramos de marihuana escondidos en un freezer, distribuidos en diferentes bolsas y frascos con cogollos de marihuana.
Según informaron fuentes judiciales a Diario El Sol, la defensa de la mujer detenida (de apellido Berón) solicitó prisión domiciliaria por tener dos hijos, uno de ellos lactante. Con perspectiva de género, la Fiscalía a cargo del Dr. Mauricio Guerrero dio curso a esta solicitud basándose en la jurisprudencia y leyes que permiten la prisión domiciliaria para madres con hijos pequeños.
Sin embargo, para el hombre detenido (de apellido Armoa) el fiscal Guerrero pidió prisión preventiva efectiva por el término de 90 días, ya que su caso no encuadraba en las mismas consideraciones legales. Además la Fiscalía consideró que existe riesgo de fuga y además de riesgo de entorpecer la investigación amedrentando testigos.
Así las cosas, el juez de Garantías Dr. Mario Figueroa decidió otorgar prisión domiciliaria a ambos detenidos. Esta decisión provocó una apelación inmediata por parte de la Fiscalía en lo concerniente a Armoa. La sala penal, presidida por el juez Dr. Pablo Garrera Allende, dio lugar a la apelación de la Fiscalía y anuló la resolución de Figueroa el pasado miércoles 5 de junio.
Polémica por la decisión judicial
Lo que llamó la atención fue que, tras ser anulada su decisión inicial, el juez Figueroa volvió a resolver otorgar prisión domiciliaria a Armoa ese mismo miércoles. Esta rápida sucesión de decisiones generó controversia y la Fiscalía ha anunciado que volverá a apelar la decisión.
Reacciones y siguientes pasos
El caso ha generado preocupación en la comunidad judicial, en la sociedad, e incluso en la política (cuyos lineamientos están enfocados en combatir el narcotráfico) debido a las implicaciones de otorgar prisión domiciliaria en un caso donde se investigaba una tentativa de homicidio y se terminó encontrando casi siete kilogramos de marihuana, expresó con preocupación un alto funcionario.
La Fiscalía argumenta que la prisión preventiva domiciliaria no es adecuada para Armoa y continuará buscando la prisión preventiva efectiva.
La sombra de los peligros de la fuga
Resulta inevitable recordar el caso de Ricardo Manuel Videla, condenado a 6 años y 4 meses por una causa por narcomenudeo en Gualeguaychú y que este año iba camino a un juicio por jurados donde podía recibir una pena superior a los 8 años.
El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Arturo Exequiel Dumón, le otorgó al acusado Videla el beneficio de la prisión domiciliaria y, un día antes de que iniciara un juicio por jurados por una causa por robo calificado por uso de arma de fuego, el 21 de abril de 2024, este violó la domiciliaria y se fugó a Brasil.
Videla contaba con los medios para fugarse por dedicarse al mundo narco ya que comercializaba importantes cantidades de droga, lo que le permitió solventar los gastos de su fuga. Hasta el momento, Videla sigue prófugo y los gastos para su posible extradición (primero hay que encontrarlo) desde Brasil a Entre Ríos son extremadamente costosos y largos.
En el Juzgado de Garantías de Concordia está la decisión final de permitir o impedir la posibilidad de que en nuestra ciudad se repita “el caso Videla”.
Este sábado a las 15, el barrio La Colina se vestirá de fiesta para celebrar el primer aniversario del comedor comunitario Pancitas Felices, un espacio que desde hace un año brinda contención social, alimento caliente y afecto a decenas de vecinos —chicos y adultos— de la zona sur de Concordia.
Vecinos del barrio María Goretti volvieron a elevar un angustiante pedido a las autoridades, afectados por la creciente del río Uruguay. La inseguridad, el corte de energía eléctrica y el abandono estatal son los principales reclamos que atraviesan a esta comunidad en alerta.
A días del receso invernal, la actividad turística en Concordia parece sumida en una parálisis. Los empresarios del sector advierten una temporada con reservas mínimas, casi inexistentes, y no disimulan su frustración: el Estado no genera nuevos atractivos ni promociona los ya existentes. Las ideas escasean. El único recurso que parece manejarse con destreza es el de crear nuevos impuestos o retocar los viejos con maquillaje semántico.
Según el último informe del COE, hecho conocer hace minutos, hay 242 desplazados por la creciente cuando aún faltan 26 centímetros para llevar a cota de EVACUACION que está fijada en 12,50 mts. esto revelaría que hay gente que se ha asentado en la zona ribereña o que son muy previsores y tratar de poner distancia de la creciente,anticipadamente. El informe de CTM repite el de hoy, previendo que la cota no superará los 12,40 mts. para este miércoles.
El CGE dispuso no cerrar los colegios, pero si los padres deciden no enviar a un alumno, no habrá falta
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
El cardenal Luis Pascual Dri, conocido por ser el confesor de Jorge Bergoglio antes de ser proclamado como Papa Francisco, murió ayer a los 98 años, luego de una vida dedicada a la labor religiosa. Lo confirmó este martes el arzobispado de Buenos Aires, con un comunicado oficial.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
Cinco personas, entre ellas una niña, fallecieron este martes en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto por una probable intoxicación con monóxido de carbono, producto de un escape silencioso de gas. La causa está en investigación mientras la comunidad reclama más controles y prevención ante una problemática que se agrava cada invierno.
