Desde sus orígenes, en 1995, la privatización de la Vía Navegable Troncal del Paraná, por donde circula el 90% de las exportaciones argentinas se basó en una estrecha relación entre el Estado concedente y la empresa privada concesionaria.
Desde esa fecha, la concesión estuvo en manos de Hidrovía SA, conformada por la dragadora belga Jan De Nul y la firma nacional Emepa.
Finalizada la concesión, en 2021, y hasta el día de hoy, el Estado, a través de la Administración General de Puertos (AGP) contrató de manera directa y sin licitación a Jan De Nul para el mantenimiento de la vía navegable, mientras que Emepa, tomó a su cargo la señalización por una "licitación corta" que se renueva automáticamente.
Lo cierto es que, durante estos casi 30 años, el vínculo entre el Estado y el concesionario dejó fuera a los privados, reales usuarios y destinatarios del sistema.
Quienes pagan el peaje, usan la autopista fluvial para sacar la producción argentina al mundo e ingresan los dólares a la economía nacional, siempre fueron convidados de piedra.
Sin una mínima posibilidad de decidir, los privados vieron como gobierno y concesionario renegociaron y extendieron el contrato y una y otra vez.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, tomó fuerza una propuesta que patea literalmente el tablero y empodera a los privados.
El proyecto consiste en reunir al conjunto de entidades y cámaras empresariales que representan la exportación argentina que utiliza la hidrovía para que sean ellos los que elijan a la empresa encargada del dragado y del balizamiento.
Los privados también tendrán a su cargo negociar las condiciones de profundidad y técnicas más adecuada para el transporte de la mercadería y por supuesto la tarifa que surja de estas condiciones técnicas.
Una vez elegida, y con el precio del peaje cerrado, deberán elevar la candidata al gobierno quien luego llamará a licitación pública nacional e internacional en base a los parámetros negociados entre los privados.
Si en la licitación, alguna otra empresa mejora el valor del peaje, podrá alzarse con el contrato, en su defecto, será concesionario el elegido por los usuarios.
En lugar de negociar con el funcionario de turno, quien quiera ser concesionario deberá verse las caras con el privado, que peleará con uñas y dientes la mejor tarifa por ser el interesado directo.
De esta forma, el Estado se reserva el control de las condiciones establecidas, técnicas y ambientales, para que el uso de la hidrovía sea sustentable y sostenible ambientalmente y al mismo tiempo se arranca de raíz cualquier negociación espuria y se asegura el peaje más económico en beneficio de la competitividad argentina.
El Partido Conservador Popular (PCP), de la diputada Liliana Salinas ya no existe más. La Cámara Nacional Electoral confirmó la caducidad dispuesta por la Justicia Federal en Entre Ríos. No tiene el mínimo de afiliados y no hubo internas. Salinas lanzó recientemente un frente con otros libertarios, ajenos al partido LLA.
Rubén Pagliotto, recientemente elegido dentro de UCR Activa Entre Ríos como precandidato a diputado nacional en primer término, opinó sobre el posicionamiento de algunos legisladores nacionales –entre los que mencionó al radical Atilio Benedetti-, y fue terminante al sostener que “con la salud y la educación no se negocia. Son derechos humanos, no moneda de cambio”.
El diputado nacional del MID Eduardo Falcone reconoció que el espacio se está “separando” de La Libertad Avanza y marcó sus diferencias con respecto a la políticas implementadas. "Hay que pasar a una etapa de desarrollo y crecimiento”, afirmó.
Detrás del relanzamiento de la licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná, una figura gana protagonismo silencioso: Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, con vínculos históricos con el PRO, Mauricio Macri y sectores empresarios ligados al comercio fluvial y agroexportador. Su rol en la rediscusión de los pliegos y la avanzada privatizadora sobre los puertos provinciales lo posicionan como uno de los operadores clave en el nuevo mapa portuario del litoral argentino.
En comunicación con cronistas de El Sol-Tele5, una joven manifestó que: «mi nombre es Valeria, yo soy familiar de funcionarios de la policía de nuestra ciudad, y les quiero plantear una situación y por eso recurrimos a este medio buscando ayuda para que se difunda», expresó y argumentó que «la municipalidad de Concordia desde el mes de abril que no paga los adicionales de la P.E.R. Los contratos son a 90 días y ya van 120 días sin que cobrames un centavo, pero en la municipalidad se tiran la pelota», disparó.
Este miércoles a última hora de la tarde, médicos del hospital Delicia Concepción Masvernat, decidieron efectuar el traslado de Gianella Yrigoy Rigoni, al hospital San Roque de la ciudad de Paraná. El motivo es absolutamente preventivo porque, si bien la bebé se recupera favorablemente, luego de una tomografía que se le realizó el martes a Gianella, localizaron líquido encefalocraneano, y al no haber médico cirujano pediátrico en nuestra ciudad, decidieron internarla en la capital provincial por precaución, porque, ante cualquier urgencia, en el San Roque hay todo.
