Desde sus orígenes, en 1995, la privatización de la Vía Navegable Troncal del Paraná, por donde circula el 90% de las exportaciones argentinas se basó en una estrecha relación entre el Estado concedente y la empresa privada concesionaria.
Desde esa fecha, la concesión estuvo en manos de Hidrovía SA, conformada por la dragadora belga Jan De Nul y la firma nacional Emepa.
Finalizada la concesión, en 2021, y hasta el día de hoy, el Estado, a través de la Administración General de Puertos (AGP) contrató de manera directa y sin licitación a Jan De Nul para el mantenimiento de la vía navegable, mientras que Emepa, tomó a su cargo la señalización por una "licitación corta" que se renueva automáticamente.
Lo cierto es que, durante estos casi 30 años, el vínculo entre el Estado y el concesionario dejó fuera a los privados, reales usuarios y destinatarios del sistema.
Quienes pagan el peaje, usan la autopista fluvial para sacar la producción argentina al mundo e ingresan los dólares a la economía nacional, siempre fueron convidados de piedra.
Sin una mínima posibilidad de decidir, los privados vieron como gobierno y concesionario renegociaron y extendieron el contrato y una y otra vez.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, tomó fuerza una propuesta que patea literalmente el tablero y empodera a los privados.
El proyecto consiste en reunir al conjunto de entidades y cámaras empresariales que representan la exportación argentina que utiliza la hidrovía para que sean ellos los que elijan a la empresa encargada del dragado y del balizamiento.
Los privados también tendrán a su cargo negociar las condiciones de profundidad y técnicas más adecuada para el transporte de la mercadería y por supuesto la tarifa que surja de estas condiciones técnicas.
Una vez elegida, y con el precio del peaje cerrado, deberán elevar la candidata al gobierno quien luego llamará a licitación pública nacional e internacional en base a los parámetros negociados entre los privados.
Si en la licitación, alguna otra empresa mejora el valor del peaje, podrá alzarse con el contrato, en su defecto, será concesionario el elegido por los usuarios.
En lugar de negociar con el funcionario de turno, quien quiera ser concesionario deberá verse las caras con el privado, que peleará con uñas y dientes la mejor tarifa por ser el interesado directo.
De esta forma, el Estado se reserva el control de las condiciones establecidas, técnicas y ambientales, para que el uso de la hidrovía sea sustentable y sostenible ambientalmente y al mismo tiempo se arranca de raíz cualquier negociación espuria y se asegura el peaje más económico en beneficio de la competitividad argentina.
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