Diputados nacionales de una amplia gama de fuerzas políticas opositoras presentaron proyectos de ley para reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre pasado y el Gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarlo ni girar partidas después de 25 años de aplicación ininterrumpida.
«La educación es una responsabilidad provincial», fue la lacónica respuesta del ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el reclamo de los ministros de Educación provinciales.
El giro de estas transferencias, sin embargo, ya estaban presupuestadas por un valor de casi 47 mi millones de pesos, lo que representaba una caída real del 16,6% según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Hasta ahora sólo se giraron $12 millones para todo el país y la decisión gubernamental es ya no girar ni un solo peso más.
Se trata de una decisión de enorme impacto que ya que genera una estocada en el financiamiento de la educación, especialmente la pública, justo en los días previos al inicio del ciclo lectivo.
Debido a la sensibilidad del tema, que introduce otro frente de conflictividad para el Gobierno a apenas dos meses de haber desembarcado en la Casa Rosada, la comunidad docente está en estado de alerta y el comienzo de las clases en muchos distritos está en duda.
En este contexto de extrema susceptibilidad y preocupación, se multiplicaron los proyectos de ley que buscan revertir la decisión de Milei y prorrogar el FONID por un plazo de entre dos y cinco años.
El plazo de aplicación está vencido desde el 1 de enero pasado, si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes.
El FONID es el resultado de la lucha de la comunidad docente hacia fines de la década del 90, que quedó grabada en la memoria a partir de un ícono como fue la Carpa Blanca montada frente al Congreso nacional.
El objetivo de ese fondo es corregir las brechas salariales entre jurisdicciones provinciales, y dentro del sueldo docente este componente representa entre un 10% y 20% del total.
El FONID se incorporó en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y desde entonces se produjeron sucesivas prórrogas mediante decretos o leyes de Presupuesto.
El diputado nacional de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger presentó un proyecto para prorrogar el fondo por cinco años con el apoyo, entre otros, del ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
«Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo, alertó el pampeano en los argumentos.
También Máximo Kirchner impulsa un proyecto de ley en defensa del FONID, con el apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El jefe de La Cámpora propuso que «el presupuesto de la Administración nacional incluirá anualmente en la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Capital Humano, o la repartición que en el futuro lo reemplace, la suma indicada en el párrafo precedente destinada a la financiación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con cargo a Rentas Generales».
En los fundamentos, el diputado kirchnerista sostuvo que la eliminación del FONID «no es castigar a los gobernadores, sino perjudicar a todos los argentinos».
«Las asimetrías salariales de los docentes de todo el país, sumadas a la crisis económica que atravesamos que ya era gravosa pero que fue profundizada con fiereza por parte del Gobierno Nacional», consideraron.
«Lejos está de solucionarse quitando recursos que venían a intentar resolver aquello», agregaron, y afirmaron que «los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los docentes de todo el país sigan existiendo».
El viernes pasado, la UCR se sumó a la ofensiva para reponer el FONID a través de un proyecto de ley presentado por el mendocino Julio Cobos, con un prórroga también de cinco años.
«El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos», aseguró el exvicepresidente en los fundamentos.
A su entender, «la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos».
Además sostuvo que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, «contiene las partidas necesarias para el FONID», aunque advirtió que «a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas».
La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer presentó un proyecto de ley para que el FONID mantenga su vigencia hasta tanto se sancione una nueva ley de coparticipación o bien se firme un pacto fiscal entre la Nación y los 24 distritos que incluya la continuidad de este fondo.
«Enfrentamos una situación crítica que demanda una respuesta inmediata», argumentó, y advirtió que la decisión del Gobierno de discontinuar las transferencias de este fondo a las provincias «plantea una amenaza significativa al piso salarial docente y genera inquietud en el ámbito educativo a nivel nacional».
Por el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer «en forma permanente la vigencia» del FONID.
A su vez, la iniciativa de la referente del Partido Obrero propone que «los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables» y se deberá retribuir «las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales».
Si Unión por la Patria, la UCR, HCF y la izquierda sintetizaran sus propuestas en un único texto, podrían reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar sobre tablas el proyecto en el recinto, aún con la resistencia de La Libertad Avanza y el PRO.
De esta manera, el oficialismo se encuentra ante el dilema de convocar a las comisiones para el tratamiento o bien intentar demorar lo más posible el trámite, a riesgo de que la oposición una fuerzas en el recinto para asestarle otro revés al Gobierno.
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