Francia anunció medidas para frenar las protestas de agricultores, pero el mayor sindicato las rechaza

El gobierno francés anunció este viernes medidas para frenar las protestas de productores agropecuarios que desde hace ocho días bloquean carreteras en todo el país, pero el principal gremio del sector las consideró insuficientes y llamó a mantener el movimiento.

El primer ministro, Gabriel Attal, prometió entre otras cosas la supresión del encarecimiento del diésel de uso agrícola y reafirmó su oposición a la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un intento por apaciguar los ánimos exacerbados.

"Francia se opone claramente, como lo ha hecho desde el primer día por voz del presidente de la República (Emmanuel Macron), a la firma del Tratado del Mercosur", dijo el funcionario, quien reiteró nuevamente que el Ejecutivo "seguirá oponiéndose" en un futuro al acuerdo, informó la cadena local BFMTV.

La UE y Mercosur comenzaron a negociar un tratado de libre comercio en el año 2000 y, si bien las conversaciones han pasado desde entonces varias fases, parecen prontas a estancarse.

Varias cuestiones medioambientales, denunciadas por París, amenazan con poner fin al proceso.

"Ustedes han querido enviar un mensaje. El mensaje ha sido recibido alto y claro", enfatizó el ministro durante una visita a un ganadero de Montastruc-de-Salies, en el sur de Francia.

Attal, nombrado este mes como jefe de gobierno por Macron, anunció igualmente un mayor control de las negociaciones entre los productores y los distribuidores, ayudas a sectores específicos como la agricultura orgánica y una disminución de trámites administrativos.

En el plano internacional, reiteró la oposición de Francia a "la firma" del tratado negociado entre la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), grandes productores agropecuarios.

"Hemos decidido poner la agricultura por encima de todo, hoy es un día para pasar a la acción", insistió Attal, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció que la "actual crisis de la agricultura europea" podía representar un "obstáculo" para este tratado, que necesita para poder ser firmado por la Comisión Europea la aprobación de los 27 miembros de la UE.

El mensaje sin embargo no convenció a la FNSEA, principal sindicato del sector, que llamó a "proseguir la movilización".

"Lo que se dijo esta noche no calma nuestra cólera. Tenemos que ir más lejos", declaró el presidente del gremio, Arnaud Rousseau, considerando que las medidas anunciadas eran "demasiado limitadas" y no respondían a todos los reclamos de los productores.

Pero algunos de ellos realizaron una evaluación menos negativa.

El criador Jerôme Bayle, que encabezó el primer bloqueo de la ola de protestas, en el sudoeste, se declaró satisfecho por varias medidas, como la simplificación burocrática, y anunció el levantamiento de los cortes en la autopista A64.

El sector agropecuario es culturalmente importante en la séptima economía mundial, pese a que su peso en el Producto Bruto Interno (PBI) retrocedió fuertemente desde el 18,1% en 1949, en el período de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, al 2,1% de 2022, según datos oficiales.

La ira de los agricultores se tradujo en los últimos días en un abanico de acciones que incluyeron el bloqueo de carreteras, vaciado de camiones con importaciones españolas y marroquíes, vertido de estiércol ante prefecturas y ataque con un fardo de paja a un restaurante McDonald's.

Las protestas obligaron este viernes a cerrar una autopista clave que conecta París con el norte de Europa y casi 400 kilómetros de carreteras en el sur de Francia, entre Lyon (este) y España, algo "nunca visto", según la empresa concesionaria Vinci Autoroutes.

Además del acuerdo con el Mercosur, la UE también está en el punto de mira del sector por su estrategia para luchar contra el cambio climático, que incluye medidas como un menor uso de pesticidas.

Las protestas agrícolas, que también se registraron en Polonia, Alemania y Rumanía, se producen a unos cuatro meses de las elecciones al Parlamento Europeo, institución clave para fijar las normas medioambientales del bloque.