La Justicia aceptó un planteo de la CTA. La Cámara del Trabajo dictó una nueva medida cautelar, como había hecho ayer en la causa de la CGT, contras las modificaciones al régimen de trabajo.
Política04/01/2024
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La Cámara del Trabajo dictó hoy jueves una nueva medida cautelar contras las reformas laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno de Javier Milei. El tribunal aceptó un planteo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) que se suma al fallo de ayer de la Confederación General del Trabajo (CGT).
“Disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 (B.O. 21/12/2023) en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”, sostiene la resolución que firman los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera, quienes son los magistrados de feria en la Cámara del Trabajo.
Así, el capítulo de reformas laborales del DNU suma su segundo fallo en contra, mientras el gobierno nacional busca que el expediente pase al fuero contencioso administrativo federal donde tramita un amparo colectivo contra el decreto. El Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, reclama que todas las causas contra el DNU pasen a ese expediente colectivo porque allí se analiza el DNU completo y no solo la parte laboral que estaría incluida en ese análisis.
El gobierno anunció ayer que apelará el fallo a favor de la CGT y con esta nueva decisión también queda habilitado para tomar la misma vía respecto de la causa de la CTA.
Los jueces señalaron entre sus argumentos para dictar la nueva medida cautelar “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.
La CTA, como la CGT, presentó un amparo a través de su titular y diputado nacional, Hugo Yasky, contra el DNU para que se declare su inconstitucionalidad y reclamó una medida cautelar que suspenda sus efectos mientras se analiza la causa. El primera instancia la cautelar fue rechazada y la CTA apeló.
La Cámara del Trabajo primero aceptó la competencia y rechazó enviar la causa al amparo colectivo que tramita en el fuero contencioso. “En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”, sostuvo la jueza García Vior en su voto al que adhirió Sudera y en el que agregó que “especial versación en materia de derecho social”.
Los magistrados entendieron que a diferencia del amparo colectivo en el caso que plantea la CTA “se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical”.
Luego entendieron que en el caso se deban los requisitos que la ley de medidas cautelares establece para dictar una: el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; la verosimilitud del derecho invocado; la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; la no afectación del interés público y que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
“En el presente y tal como emerge de los considerandos precedentes, todos los recaudos antes referidos deben entenderse prima facie reunidos, por lo que corresponde hacer lugar a la suspensión de los efectos del DNU 7/2023 en lo que hace a las regulaciones contenidas en su título IV TRABAJO (arts. 53 a 97) hasta tanto se dicte resolución definitiva”, sostuvieron los camaristas.
El tribunal también destacó el peligro en demorar una resolución. Hicieron referencia al paro convocado para el 24 de enero y a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación postergó hasta febrero, cuando regrese la actividad judicial, analizar el planteo que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó contra el DNU.
“Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el día 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU a las leyes 25.877, 23.551 y 14250 -reitero, de aplicación inmediata, conforme la cuestionada ley 26122- y los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”, opinaron.
Detrás de una supuesta intención de luchar contra la corrupción se esconde un motivo despreciable, amedrentar y disciplinar al peronismo y a sus dirigentes.
El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, consideró que es “tremendo el daño que se hace con las detenciones de los compañeros Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera”. También calificó como “descabellada” la prisión preventiva dispuesta “para quienes han mostrado una conducta sin ambigüedades frente a la justicia”.
La jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 de este miércoles para analizar las posiciones de la partes respecto del recurso de Habeas Corpus que presentaron las defensas de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, que fueron detenidos y alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná el martes por la tarde con prisión preventiva hasta que la sentencia que los condenó en la denominada Causa Compleja quede firme.
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, trató este martes el pedido de juicio político presentado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y resolvió su rechazo.
Asimismo, el Gobierno reiteró en Brasil que respalda a Israel frente al grupo terrorista Hamas, condenó la invasión de Rusia a Ucrania y rechazó la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a los denominados “super ricos”.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Leonardo Portela, en ejercicio de la Presidencia del Honorable Tribunal Electoral de la provincia, recibió este miércoles a representantes del partido político Compromiso por Concordia, que solicitó su reconocimiento provisorio del artículo 49 bis de la Ley 5.170, para jurisdicciones municipales.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
Marcelo Muller, alias “Nanico”, era vecino de Fabiana Sirino y quedó detenido tras el brutal hecho.
En una rápida investigación que permite suponer a "prima facie" que el autor del asalto era conocido del dueño del taxi al que asaltó, cayó este mediodía preso un delincuente con "frondoso" prontuario como les gusta decir a los investigadores policiales cuando logran atrapar a un ave de rapiña, que en este caso, tenía captura recomendada por otros hechos, incluidos en ese "prontuario" por delitos contra la propiedad. Es decir era un avezado delincuente que comete un error, robar el taxi para nada, pues lo dejó intacto, por lo cual podría estar implicado en un hurto de uso, aunque le agravarán los cargos, con asalto a mano armada, etc,etc. para sacarlo de circulación por un tiempo.
La joven de 20 años estuvo desaparecida durante 15 días. La encontraron muerta en una zona rural de Santa Fe.
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